El Senado consuma el recorte millonario a los fideicomisos del Poder Judicial

El Senado aprobó la noche de este martes con 67 votos a favor y 48 en contra la reforma de ley que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Tras 5 horas de sesión y con los votos de la fracción mayoritaria de Morena y aliados, se consumó la devolución de los 15.000 millones de pesos que guardan estos instrumentos de vuelta a las arcas de Tesorería de la Federación. ...

El Senado aprobó la noche de este martes con 67 votos a favor y 48 en contra la reforma de ley que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Tras 5 horas de sesión y con los votos de la fracción mayoritaria de Morena y aliados, se consumó la devolución de los 15.000 millones de pesos que guardan estos instrumentos de vuelta a las arcas de Tesorería de la Federación. Este martes se cumplieron nueve días de protestas y movilizaciones de trabajadores sindicalizados al considerar que se verán afectados sus derechos laborales. El Gobierno por su parte, ha defendido durante estos días la reforma subrayando que el recorte no impactará en las condiciones laborales de los 55.000 trabajadores de Justicia, además de especificar que muchos de los fondos estaban de facto duplicados por otras partidas presupuestarias. Durante la discusión en lo particular no se aceptaron ninguna de las propuestas de modificación presentadas. Mientras, los sindicatos como la oposición ya han anunciado una cascada de amparos colectivos y una acción de inconstitucionalidad para frenar los efectos de la reforma.

La confrontación entre el Poder Judicial y el gobierno Federal se ha elevado en la última semana por el tema. Un día antes de esta aprobación, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña aceptaba la invitación de los senadores Alejandro Rojas de Morena, Julen Rementería del PAN y Manuel Añorve del PRI para dialogar sobre la desaparición de los fondos. La vía de diálogo se vió sin embargo, coartada ante el rechazo de la bancada mayoritaria de Morena a través de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva.

“No es austeridad, es venganza”, se leyó en los carteles que senadores de oposición mostraron durante la discusión del proyecto, la misma consigna que utilizaron diputados en el Palacio de San Lázaro el martes de la semana pasada cuando se aprobó el dictamen. La oposición denuncia que la reforma es una castigo al poder judicial tras una serie de sentencias no favorables al Gobierno. En la misma línea, recuerdan que el recorte no se dio durante los años de Arturo Zaldívar al frente de la institución, con quien el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una buena sintonía.

El debate inició con dos mociones suspensivas o solicitudes para frenar la discusión del proyecto aprobado cuatro horas antes en las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado. Xóchitl Gálvez, senadora y candidata presidencial de la alianza opositora Frente Amplio por México, presentó la primera moción suspensiva a nombre del grupo parlamentario del PAN. En su intervención llamó a la mayoría y aliados a ponerse en los zapatos de los 55.000 empleados. “A todos los mexicanos nos conviene tener un Poder Judicial sólido, un Poder Judicial autónomo. Qué lamentable que cuando una ministra presidenta de la Corte, que no se doblegó a los intereses del Ejecutivo, reciba los ataques que recibe”, señaló.

Por la mañana mientras se discutía el proyecto en comisiones, acompañada de sus homólogos del PAN, PRI y PRD, Gálvez salió de las instalaciones del Senado con una promesa: “estamos decididos a defender el día de hoy a los trabajadores del Poder Judicial. Vamos a dar la pelea junto con ustedes porque son sus derechos y los derechos de los trabajadores no se tocan. En caso de que se aprobara con los votos del partido en el poder y sus aliados, vamos a dar la pelea jurídica en la propia Corte como lo hemos hecho con muchos temas”, dijo a las decenas de manifestantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que exigían presenciar el debate. Cinco horas después el pleno del Senado discutía el proyecto.

Los legisladores de la mayoría de Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES, defendieron la reforma que extingue 13 de los 14 fideicomisos. Al menos seis de los fondos están vinculados directamente con derechos de los trabajadores, fundamentalmente los asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios. El razonamiento detrás de la reforma es que la mayoría de esas prestaciones ya son financiadas por el presupuesto y que, precisamente, esa duplicidad es la que provoca que se guarden en esos fondos que no son ejercidos.

El voto en contra de Sánchez Cordero

La senadora de Morena y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, rompió sin embargo el discurso morenista. “Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales”. Así inició su intervención la exsecretaria de Gobernación. Provocó aplausos de la oposición, el silencio de sus correligionarios y algunas rechiflas que se perdieron en el salón de sesiones.

Aclaró que no protege intereses, ni privilegios de interés particular como parte del Poder Judicial. “Soy portadora del mensaje de 1.721 jueces, juezas, magistradas y magistrados, así como de 1.211 defensores públicos, asesores jurídicos que atienden a la población de menos ingresos y de menos recursos. Traigo ante ustedes una defensa de todo ese capital humano, altamente especializado al que afectaremos gravemente si desaparecemos todos los fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación”, fue la advertencia de Sánchez Cordero.

La oposición denuncia que esta reforma es una venganza del Gobierno y Morena contra ministros y magistrados porque sus fallos no han favorecido temas prioritarios para el presidente López Obrador, como el llamado “Plan B” de reforma electoral que la Suprema Corte echó a bajo por ser inconstitucional.

El senador panista, Damián Zepeda, cuestionó que los 15.000 millones de pesos de los fideicomisos no es “el gran programa de combate o de austeridad del país”. Y los comparó con los 100.000 millones de pesos que se le darán a los tres fideicomisos que quedarán en manos del Ejército y la Marina en 2024, para seguir financiando las obras prioritarias del gobierno federal como el Tren Maya.

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