El juez procesa a siete militares por la matanza de mayo en Nuevo Laredo

Acusados de asesinato, seis de los siete viven presos en una cárcel militar desde junio. El séptimo, el cabo Julián N, sigue en libertad, en su cuartel, y solo tendrá que ir a firmar al juzgado periódicamente

Imagen de una cámara de seguridad donde se observa a un grupo de militares asesinar a cinco civiles en Nuevo Laredo (Tamaulipas).

El juez ha procesado a siete militares por la matanza de mayo en Nuevo Laredo, en la frontera del Estado de Tamaulipas con Texas. En una audiencia celebrada este miércoles por la tarde en Reynosa, el juzgador ha estimado los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) y ha dado dos meses a las partes para que se preparen, antes de iniciar la siguiente etapa del proceso, cuando se presentarán las pruebas. La Fiscalía acusa a los siete del asesinato a balazos de cuatro...

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El juez ha procesado a siete militares por la matanza de mayo en Nuevo Laredo, en la frontera del Estado de Tamaulipas con Texas. En una audiencia celebrada este miércoles por la tarde en Reynosa, el juzgador ha estimado los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) y ha dado dos meses a las partes para que se preparen, antes de iniciar la siguiente etapa del proceso, cuando se presentarán las pruebas. La Fiscalía acusa a los siete del asesinato a balazos de cuatro hombres y del intento de asesinato de un quinto, a quien golpearon, que murió por un traumatismo en el tórax.

La nota extraña de la audiencia la ha protagonizado uno de los siete militares acusados, el cabo Julián N, que seguirá su proceso en libertad, a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan. Los otros seis viven presos desde junio, detenidos entonces por la Fiscalía militar, por la supuesta comisión de delitos del fuero castrense. En resumen, ahora mismo hay 16 militares presos en una cárcel militar, todos acusados de delitos contra la justicia militar por este caso. Seis de los 16 enfrentan además acusaciones de asesinato e intento de asesinato en el fuero civil. Un séptimo, el cabo Julián N, está acusado de esto último, pero vive libre. El cabo tendrá que ir a firmar al juzgado cada semana.

Ocurrido el 18 de mayo, el caso se convirtió en un escándalo el mes siguiente, cuando EL PAÍS publicó un vídeo de lo ocurrido, refutando la versión oficial, que señalaba la muerte de los civiles, presuntos criminales, en un extraño intercambio de disparos. En el vídeo, se veía cómo los militares sacaban a los civiles de una camioneta negra, los desarmaban, los golpeaban y luego los hincaban junto al muro trasero de un centro comercial. Minutos más tarde, varios de militares les disparaban. Una cámara del centro comercial instalada en el muro recogió lo ocurrido.

Además del cabo Julián N, los acusados son el teniente José Luis N, los sargentos Benito N, Ángel N y Armando N, y los cabos Filiberto N y Carlos N. La Fiscalía señala al sargento Benito N del asesinato de dos de los cinco, por el hallazgo de trozos de casquillo de proyectiles disparados por su arma en sus cuerpos. La agencia investigadora apunta a los otros seis por el asesinato de otros dos, muertos igualmente a balazos. Además, acusa a los siete del intento de asesinato del quinto civil, que murió de un golpe en el tórax, provocado por el accidente que tuvo la camioneta en la que viajaban. En el vídeo del día de los hechos, se ve cómo la camioneta, que huye de los militares, se estrella contra el muro trasero del centro comercial. La acusación de intento de asesinato apunta a los golpes que los militares le habrían propinado justo después.

Este caso, igual que muchos otros antes, ha generado polémica en México, por las visiones encontradas que provoca el actuar militar. El país vive una crisis de inseguridad desde hace años, protagonizada en los medios por la capacidad armamentística creciente de los grupos criminales y la impunidad con la que pasean su poder. Para muchos, los militares actuaron como debían, pues enfrentan habitualmente grupos de criminales organizaos con una alta capacidad de fuego. De hecho, ese 18 de mayo, los civiles cargaban al menos un fusil calibre 50. Desde el punto de vista legal, sin embargo, su comportamiento el día de los hechos es constitutivo de delito, de acuerdo a la interpretación de la Fiscalía.

El vídeo que recoge lo ocurrido, una rareza en estos años de guerra contra el crimen, ilumina la parte final de una persecución de un convoy de tres vehículos militares a la camioneta negra, en la que circulan los civiles armados. En su huida, la camioneta choca contra el muro. Una tanqueta militar, conocida como sandcat, se acerca. Militares bajan de ella y apuntan a la camioneta. Otros elementos se acercan a pie. Sacan a los civiles, los golpean, los hincan junto al muro. A algunos los esposan.

Luego inicia una parte confusa. 200 metros al norte de allí, militares y civiles a bordo de otras camionetas iniciaron un tiroteo. Han pasado apenas unos minutos. El convoy castrense se ha partido. Algunos se han quedado junto a la camioneta negra chocada y otros se encargan de sus compinches. La balacera hace que los militares de la camioneta negra busquen refugio. En medio del caos, algunos de ellos disparan supuestamente contra los civiles, todavía hincados junto al muro. Cuatro de los cinco murieron allí y otro murió poco después en el hospital.

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