Una ciudad de 10.000 hectáreas amenaza la selva de Yucatán

Enrique Hernández lo ha sido todo en esta vida y, ahora, a los 66 años, ve cómo la historia se complica y la paz con la que soñó en su retiro se le deshace en las manos. “Nos quieren quitar la tierra”, dice, incrédulo. Golpes de carne hecho cuerpo, acorazado y a la vez fino, Hernández ha sido chiclero, langostero, peluquero… Dejó la pesca de langosta porque un día, hace más de 40 años, se le hinchó media cara en la profundidad del mar Caribe. Casi muere ahogado. Dejó la chiclería porque otro día, unos años más tarde, se cayó de un zapote de nueve metros mientras cosechaba salvia en la selva. L...

Enrique Hernández lo ha sido todo en esta vida y, ahora, a los 66 años, ve cómo la historia se complica y la paz con la que soñó en su retiro se le deshace en las manos. “Nos quieren quitar la tierra”, dice, incrédulo. Golpes de carne hecho cuerpo, acorazado y a la vez fino, Hernández ha sido chiclero, langostero, peluquero… Dejó la pesca de langosta porque un día, hace más de 40 años, se le hinchó media cara en la profundidad del mar Caribe. Casi muere ahogado. Dejó la chiclería porque otro día, unos años más tarde, se cayó de un zapote de nueve metros mientras cosechaba salvia en la selva. La peluquería no la deja, un asunto sentimental: es de lo poco que le queda de su padre, uno de los peluqueros más célebres de la vieja Quintana Roo.

“Mi padre trajo la primera estación termoeléctrica a Leona Vicario”, cuenta el hombre, orgulloso. “¡Él trajo la luz!”, añade, “estaba muy bien conectado políticamente”. También consiguió entrar al ejido [terreno de explotación colectiva entre varios campesinos], algo quizá más importante, visto cómo ha aumentado el valor de la tierra en la península de Yucatán. Antes del cambio de siglo, el padre se integró al ejido Leona Vicario. En aquella época, el ejido eran más de 60.000 hectáreas de selva, a 50 kilómetros de una pequeña colonia costera, la Benito Juárez. El hijo heredó pocos años después. Hoy, la pequeña colonia se ha convertido en Cancún y el ejido, en el escenario de una batalla por diferentes visiones sobre el futuro y el desarrollo.

Hernández tenía esperanzas en la tierra, quería vivir feliz en su retiro, pero ahora la tierra se ha convertido en un problema. El hombre es parte de un grupo de ejidatarios de Leona Vicario que denuncia la última gran intentona de la industria inmobiliaria en Quintana Roo. Acusa que integrantes del mismo ejido, apoyados en empresarios foráneos, pretenden levantar una ciudad de 10.000 hectáreas en mitad de la selva, usando además terrenos ejidales adjudicados a él y otros compañeros. “Lo que quieren hacer es ilegal, no nos pueden despojar a nosotros”, dice Hernández.

El proyecto se llama Ciudad Aurum y ha protagonizado las asambleas del ejido desde enero. Hernández y sus compañeros explican que la ciudad es una idea de la nueva directiva del comisariado, órgano de gobierno del ejido. Su actual presidente, Juan García Asbún, logró el cargo en noviembre y ya para entonces, en reuniones informales, presentaba el proyecto a los demás. Al principio, dicen, contaba que iba a ser un desarrollo pequeño, de 600 hectáreas. Tierras de ellos. Pero con el paso de los meses, García Asbún y sus socios mostraron intenciones distintas, hasta llegar a las 10.000 hectáreas, llevándose por delante tierras de ejidatarios que no estaban de acuerdo. EL PAÍS contactó vía WhatsApp con García Asbún y, aunque al principio dijo que sí estaba dispuesta a conceder una entrevista, luego dejó de contestar.

Más allá de la cercanía con Cancún y la Riviera Maya, el atractivo de la zona radica en el paso cercano del Tren Maya, uno de los proyectos más importantes del Gobierno actual. Leona Vicario consiguió que el Ejecutivo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, accediera a instalar una estación junto al ejido, al que, por cierto, le compraron decenas de hectáreas de tierra para instalar las vías. Si el mero empuje del turismo y la industria inmobiliaria ha sido suficiente para cambiar las dinámicas sociales y económicas en Yucatán en el último cuarto de siglo, la aparición en el horizonte del Tren Maya ha acelerado el proceso a un grado que todavía es difícil de entender.

“Había escuchado que iban a crear este nuevo núcleo de población, asociado a Leona Vicario”, dice Aarón Siller, abogado de Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “El Tren Maya no considera este tipo de consecuencias, estos polos de desarrollo no están contemplados en el impacto ambiental. [El tren] es un megaproyecto que promueve la especulación y el despojo de tierras. Ha habido muchos conflictos. El proyecto ha provocado una especulación inmobiliaria impresionante. Está provocando la lotificación de la selva, de las tierras. Estamos en una anarquía territorial”, zanja.

Especuladores

Ideados para hacer justicia a la población tras la Revolución, los ejidos aparecieron en México como unidades de propiedad colectiva en el campo. Desde la década de 1930, el Gobierno repartió millones de hectáreas entre millones de campesinos. La tierra se organizó en ejidos. No había dueños, la comunidad lo era. Los hijos de los ejidatarios heredaban sus derechos al campo, al bosque, a los pastos, cuando los padres morían. Así funcionó durante décadas. Pero luego llegó la modernidad.

Durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el PRI todopoderoso modificó la Constitución y la Ley Agraria para permitir dos cambios fundamentales en el funcionamiento de los ejidos. Primero, posibilitó que los terrenos se dividieran y se adjudicaran a los ejidatarios. Segundo, avaló que la propiedad colectiva, ya troceada, se privatizase. En pocas regiones de México, estos cambios tuvieron tanto efecto como en los estados peninsulares del sureste, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

En el estudio Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán, la autora, la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera, da varias cifras que permitan entender la magnitud de la ola privatizadora. “Desde 1992, cuando se reforma la ley agraria, hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22.660 parcelas, con una superficie de 192.600 hectáreas de tierra, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada”, escribe. 192.600 hectáreas, poco menos que todo el Estado de México, tres ciudades como Madrid, una detrás de otra.

Hecha la ley, hecha la trampa. La posibilidad de trocear y vender ejidos motivó la aparición de una nueva especie, rapaz en la península de Yucatán, la de los especuladores, expertos cazadores de reductos legales, inventores de ilegalidades varias, palancas que usaban para llevarse la tierra al menor costo posible. Allá en la región les llaman la “mafia agraria”, ente cambiante y amorfo. Hernández y sus compañeros de Leona Vicario dicen que la mafia agraria está detrás de Ciudad Aurum.

La pregunta, claro, es cómo lo hicieron, cómo se metió la mafia agraria. Ejido de tipo forestal, la selva domina buena parte del territorio en Leona Vicario. Con los cambios legales de finales de la década de 1990, los ejidatarios empezaron a delimitar sus propiedades. Hubo varios “aparcelamientos”, como dicen ellos, parte de un léxico, el ejidal, rico y enrevesado. Los ejidatarios señalaban sus parcelas, todas enormes, de decenas de hectáreas. Al calor del desarrollo de Cancún, algunos empezaron a vender tierras. Otros, además de las tierras, vendían sus certificados ejidales.

Hernández y los demás cuentan que el último gran aparcelamiento en Leona Vicario fue en 2009, situación comprobable gracias a un plano que hicieron llegar a EL PAÍS. En el plano, dicen, se observa cómo la superficie donde hoy “los otros” quieren desarrollar Ciudad Aurum, se repartió entre decenas de ejidatarios. “El problema”, explica Santiago May, uno de los compañeros de Hernández, “es que muchos no queremos dar nuestra tierra para ese proyecto”.

Se sabe poco de Ciudad Aurum. Hernández y los demás han mandado algunos vídeos y fotografías estos días, de la presentación del proyecto en las asambleas celebradas en los primeros cuatro meses del año. En las imágenes aparece el presidente del comisariado, García Asbún, y un personaje del que echan pestes, convertido en ejidatario hace unos años, José Leonel Noya. “En la última asamblea, en abril, vendieron la idea de que a cada ejidatario que les apoyara le iban a dar 25 hectáreas dentro del proyecto”, cuenta May.

Tanto May como Hernández cuentan que el gran problema de la tierra en el ejido tiene que ver con la cantidad de ejidatarios que, aunque lo sigan siendo, ya vendieron todos sus terrenos. Después del aparcelamiento de 2009, los 389 ejidatarios de Leona Vicario ya habían elegido sus 100 hectáreas correspondientes, a reserva de 54 hectáreas más que podrían elegir en un futuro. Algunos las vendieron todas, pero siguen teniendo voz y voto en la asamblea. Los dos hombres señalan que ese es el punto débil del ejido. “Los manipulan, les dicen que les van a dar tierras, que les van a pagar, para que voten a favor de Aurum”, señalan.

Desarollo versus desarrollo

Pese a lo que pueda parecer, la batalla de Leona Vicario no es entre un grupo de pobres ejidatarios desinteresados y la terrible y voraz mafia agraria. Hay intereses en ambos lados. La disputa trasciende la noción maniquea de tradición versus desarrollo. Son, al final, dos formas de desarrollo. Ambos lados manejan recursos porque disponen de enormes cantidades de tierra y, por tanto, de dinero. Hernández, May y sus compañeros tienen en mente desarrollar un proyecto ecoturístico, la ruta de las lagunas, cuyo impacto, aseguran, será menor.

Lo que no está claro es cómo se supone que uno u otro lado llevarían a cabo sus proyectos. En entrevista con este diario, la antropóloga Torres-Mazuera señala que “es ilegal parcelar partes de los ejidos con cubierta forestal”, caso de Leona Vicario. Pese a ello, la selva cede poco a poco. En una visita la semana pasada, la presencia de hoteles, glampings o pequeños desarrollos inmobiliarios era constante. “Desde 2018, la Procuraduría Agraria se ha puesto muy estricta con el tema de cambio de destino”, explica la académica. Torres-Mazuera se refiere a un ardid legal, habitual en la zona desde la década del 2000, que permite a los ejidos cambiar la modalidad de tenencia para allanar el camino a las inmobiliarias.

El abogado Aarón Siller cuenta además que la legislación local y estatal debería contener el desarrollo en la zona, al menos en el caso de Ciudad Aurum. Leona Vicario pertenece al joven municipio de Puerto Morelos, que se desgajó de Cancún hace unos años. Por su juventud, Puerto carece todavía de plan de ordenamiento ecológico y Leona Vicario debe regirse por el de Cancún. “El ordenamiento ecológico local de Cancún establece limites y unbrales de aprovechamiento. Y sin duda alguna, esa cantidad de hectáreas, con la población estimada, no lo permite el ordenamiento”, explica. “Lo que creo que busca Puerto Morelos es crear su propio ordenamiento local, para autoasignarse grandes densidades de población, que no deberían ser, porque ponen en riesgo no solo ese lugar, sino también a Cancún. Mucha del agua qiue viene ahi es recargada en esa zona”, añade.

En plena selva, Santiago May señala una estaca clavada en el piso. “Hasta aquí llega mi terreno y el de mi esposa”, explica. El hombre cuenta que arribó al ejido en la década de 1990. “Yo compré entonces mi certificado. En esa época estaban muy baratos, un millón de pesos”, dice. “Ahorita valen 15, 20 millones”. Alrededor de un millón de dólares. May se casó con la hija de un ejidatario y, a su muerte, la mujer heredó. Entre los dos juntaron algo más de 200 hectáreas, terreno forestal, selva, cenotes y monos.

“Yo quiero hacer aquí un parque ecoturístico. Mi hija está por recibirse ya de abogada, pero ella se ha dedicado más a esto, a guía. Le gusta”, explica el hombre. “Y me dijo, ‘pa’, ayúdame y yo lo gestiono”, cuenta. Cuando escuchó por primera vez en la asamblea, que el comisariado pretendía construir Ciudad Aurum justo encima de sus hectáreas, dijo, ‘bueno, al menos déjenme 10 hectáreas para mi proyecto”. Luego podría recuperar el resto de su terreno en otra parte del ejido. Pero le dijeron que si las quería, que las pagara: cuatro millones de pesos cada una. “Es un robo lo que nos quieren hacer, no son derechos”, critica.

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