La sombra de la impunidad se cierne sobre la matanza de Camargo

La matanza de Camargo languidece en los juzgados, a la espera de que el proceso entre en su etapa intermedia, fase en que abogados y fiscales presentan las pruebas que luego desvelarán en el juicio. Este lunes, las partes volverán a reunirse en la sala de audiencias, en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, para tratar de avanzar, deseo de las familias de las víctimas. Sus abogados critican las artimañas de muchos de los defensores de los acusados, que han ralentizado el p...

La matanza de Camargo languidece en los juzgados, a la espera de que el proceso entre en su etapa intermedia, fase en que abogados y fiscales presentan las pruebas que luego desvelarán en el juicio. Este lunes, las partes volverán a reunirse en la sala de audiencias, en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, para tratar de avanzar, deseo de las familias de las víctimas. Sus abogados critican las artimañas de muchos de los defensores de los acusados, que han ralentizado el proceso durante más de un año. La sombra de la impunidad, un lastre del sistema de justicia en México, se cierne sobre uno de los casos más vergonzosos de la historia moderna del país.

Han pasado ya dos años. El 22 de enero en 2021, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Tamaulipas asesinaron presuntamente a 19 personas, 17 de ellas migrantes, en una zona rural de Camargo, municipio de la frontera de Tamaulipas con Texas. La mayoría de migrantes viajaba desde Guatemala, aunque entre ellos había también un ciudadano de El Salvador. Los otros dos eran mexicanos, supuestamente los polleros —traficantes de personas— que conducían al grupo en la última etapa de su viaje hasta Estados Unidos.

En este tiempo, las autoridades han detenido a 12 agentes estatales por los hechos, la mayoría adscritos al Grupo de Operaciones Especiales de la corporación (GOPES). Además, hay otros cinco funcionarios procesados por cuestiones tangenciales, relacionadas con el tráfico de los migrantes. De los cinco, tres son policías del municipio de Escobedo, en Nuevo León, algo al sur de Camargo, y dos del Instituto Nacional de Migración (INM), que enfrentan acusaciones por delitos administrativos.

La detención de los 12 agentes que presuntamente perpetraron la matanza ocurrió pocos días después de los hechos. El 2 de febrero de 2021, el fiscal del Estado, Irving Barrios, anunció la captura de los policías, acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad en sus informes. La noticia sorprendió entonces y sepultó, con su peso, gran cantidad de preguntas, muchas encaminadas a entender el papel de los agentes en la matanza o la altura que había alcanzado la conspiración para perpetrarla y guardar silencio.

La rapidez de la Fiscalía en las primeras semanas contrasta con la lentitud posterior. A estas alturas se ignora, por ejemplo, si hay más policías implicados directamente en la matanza. Los investigadores tampoco han avanzado en el análisis de la cadena de mando que imperaba aquel día. De los 12 policías presos, los dos de mayor rango son los que comandaban el operativo, uno a cargo de los GOPES, y otra representando a la dirección de operaciones de la dependencia. Nada más.

Los abogados de las familias de las víctimas reclaman a la Fiscalía que investigue precisamente los eslabones altos de la cadena. Yesenia Valdez, parte del equipo jurídico que asesora a las familias de las víctimas desde México, dice: “Para nosotros es muy importante que no quede la cosa en los 12 policías, que la investigación continúe y se dirija hacia la responsabilidad de la cadena de mando, pero también de otras autoridades que posiblemente hayan intervenido directa o indirectamente en los hechos. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Si solamente estuvieran involucrados estos 12, sería difícil de responder. No eran unos delincuentes, no había nada personal”.

360.000 pesos

La pregunta más evidente, como dice Valdez, apunta al motivo, por qué los mataron y por qué se ensañaron con ellos. Según la Fiscalía, los policías no solo asesinaron a los migrantes. Además de matarlos, prendieron fuego a sus cadáveres y trataron de limpiar la escena del crimen, recogiendo decenas de casquillos de las balas que habían disparado con sus armas. La cuestión es por qué, explicación que aún no llega y que tiene en vilo a las familias, necesitadas de darle un cierre al asunto, que atienden las audiencias por videollamada.

En una de las últimas sesiones a finales del año pasado, explica la abogada, los defensores de algunos de los policías señalaron la posibilidad de acogerse a un “procedimiento abreviado”. En el argot procesal, el procedimiento abreviado es un esquema por el que los acusados reconocen los hechos a cambio de una reducción en las penas y una indemnización a las víctimas. “Las familias de los migrantes estuvieron de acuerdo, aunque disminuyera la pena. Preferían que hubiera justicia pronta a dos años más de incertidumbre”, explica Valdez.

Este esquema aparecía además como una forma ideal de profundizar en el conocimiento de las motivaciones de los acusados. Pero todo se torció poco después. Primero, la Fiscalía planteó una cantidad en concepto de indemnización que Valdez califica de “vacilada”: 360.000 pesos por muerto, algo más de 20.000 dólares. Y luego, los abogados de los acusados se echaron para atrás, dejando vía libre, salvo sorpresa, a que el proceso avance definitivamente en la semana entrante.

Al margen del caso que se sigue ante el poder judicial de Tamaulipas, otro distinto discurre ante la justicia federal, uno de los aspectos más desconcertantes del caso y, también, más indignantes. Durante las primeras semanas de pesquisas, en 2021, los investigadores descubrieron que una de las dos camionetas en que viajaban los migrantes, calcinadas igual que ellos en Camargo, había sido decomisada meses antes en una redada del Instituto Nacional de Migración (INM).

La sola presencia de una camioneta incautada semanas antes en la escena de un crimen como el de Camargo apuntaba al instituto y la cruzada anticorrupción del Gobierno. “Esto quiere decir que la camioneta ya había estado involucrada en otros hechos en donde estaban siendo traficados otros migrantes. El INM detuvo la camioneta, la decomisó. Se supone que debió haber avisado a la Fiscalía para poner a su disposición a los polleros y la camioneta”, critica Valdez. Pero eso no pasó.

Ante la noticia, la delegación de la Fiscalía General de la República en Nuevo León, lugar donde había sido decomisada la camioneta meses antes de la masacre, abrió una investigación. “¡Pero se centra en por qué se devolvió la camioneta, por qué el INM devolvió la camioneta!”, exclama la abogada. “Eso está bien, pero no se investiga el nexo con Camargo, cómo llega la camioneta a los polleros de Camargo. Y claro, todo queda en algo menor, delitos contra la administración de justicia, proceso que los acusados llevan en libertad”, zanja.

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