Seis niños hospitalizados al día: una ola de intoxicaciones masivas aterra a las escuelas de Chiapas

En una sala austera de la Fiscalía de Bochil se amontonan niños asustados. Prestan declaración en un proceso lento y repetitivo sobre lo ocurrido el 7 de octubre, cuando un centenar de menores fueron intoxicados al interior de una escuela. Mientras ellos comparecen en este pequeño pueblo de los Altos de Chiapas, el caso se repite 450 kilómetros al sur. En Tapachula, en la frontera con Guatemala, sacan en volandas del colegio a alumnas inconscien...

En una sala austera de la Fiscalía de Bochil se amontonan niños asustados. Prestan declaración en un proceso lento y repetitivo sobre lo ocurrido el 7 de octubre, cuando un centenar de menores fueron intoxicados al interior de una escuela. Mientras ellos comparecen en este pequeño pueblo de los Altos de Chiapas, el caso se repite 450 kilómetros al sur. En Tapachula, en la frontera con Guatemala, sacan en volandas del colegio a alumnas inconscientes. Son los últimos casos de una ola de intoxicaciones masivas para la que las autoridades no ofrecen explicación. Desde el 23 de septiembre, 116 menores de edad han tenido que ser hospitalizados por ingerir sustancias tóxicas dentro de los centros escolares. La Fiscalía de Chiapas ni siquiera sabe todavía qué sustancia afectó a los estudiantes. Estos casos ilustran la fuerte entrada de drogas en las escuelas y apuntan a la reorganización del narcotráfico en el que era hasta hace algunos años uno de los Estados más seguros del país.

Fuera hace el bochorno previo a las tormentas, pero Lupita está enrrollada en una cobija. Recibe desconfiada en el sofá de su casa: tiene 11 años, la mirada atenta y un cuadro de ansiedad. Es su primer año en la secundaria y lleva apenas un mes en la escuela Juana de Asbaje. Desde el viernes ya no sale a la calle. Ha estado ingresada en dos hospitales diferentes y ha empezado a ver a una psicóloga. Dice que sigue recordando a sus compañeros desmayados en la cancha del colegio y que por eso tiene miedo. Muestra una foto de unos dulces que comió el viernes, que costaban tres pesos, y dice que “quizá eso llevaba la droga”. O que también puede ser el agua que rellenó de un tinaco común. “Me dijeron que ahí fueron a tirar la droga. Al ladito de la cancha. Yo fui a rellenar ahí mi agua y directo me lo tomé”, dice en su relato de niña.

La falta de respuestas de la Fiscalía, de la presidencia municipal y de la dirección de la escuela ha enrarecido todavía más un caso ya muy extraño. Los testimonios recopilados por EL PAÍS apuntan como primera hipótesis a que un grupo de cuatro o cinco niños habrían entrado droga a la secundaria. Padres y alumnos cuentan que eran continuos los rumores de que se repartía droga en el colegio. En mayo, seis niñas se desmayaron tras comer un brownie, que les habían dado los estudiantes del último curso, y que contenía marihuana.

Durante esa mañana de octubre los profesores localizaron el teléfono móvil de una alumna. Los estudiantes tienen prohibido entrar con celulares, maquillaje o incluso con las uñas pintadas, por lo que se corrió la voz de que la dirección iba a hacer una revisión de mochilas. Eso pudo revolucionarlo todo. Algunos menores refieren que vieron cómo otros alumnos tiraban droga —polvo en bolsitas transparentes— fuera de los salones y que se deshacían en el baño de pastillas que guardaban en compresas para la regla.

Todo terminó de estallar —y se vuelve más confuso— a la hora del recreo. A las 17.20, los profesores se reunieron en una junta y los niños salieron de sus clases, al patio o a la cooperativa a comprar refrescos y comida. En ese margen de tiempo, algo se distribuyó en las botellas de agua. Lo que la secretaría de Salud ha llamado “ingesta de agua contaminada con sustancia desconocida” desató el caos.

En Tapachula se registraron otros tres casos, dos de ellos ocurrieron en la misma escuela, la Secundaria Federal 1: el 23 de septiembre con 21 menores afectados, el 6 de octubre con cinco y el 11 de octubre con 18 alumnos. Como causas probables de estos casos, los responsables de Salud identifican “ingesta de alimentos contaminados por sustancias desconocidas”, el agua, y “la inhalación de sustancias desconocidas”.

En un país de tragedias, esta se ha librado de ser una de ellas. “Por suerte no se ha muerto ningún niño, porque si no esto sería un caos completo”, dice Juan Antonio Hernández, padre de Alan, uno de los menores de la escuela de Bochil. Los afectados en estas semanas tienen entre 11 y 14 años, y la mayoría, 90, son mujeres. Diez niños siguen hospitalizados y uno acaba de salir del coma. Además, una veintena tuvo que ser reingresada hasta cuatro días después de la intoxicación. Las autoridades no han emitido ningún diagnóstico oficial para ellos, pero las familias refieren dificultad para respirar, taquicardias, delirios, parálisis de músculos y extremidades, vómitos y pérdida del conocimiento.

Ante este panorama, la postura de la Fiscalía ha consistido en negar qué se trate de droga. “No ha sido por consumo de drogas”, dijo el miércoles en una rueda de prensa el fiscal estatal, Olaf Gómez, tras anunciar que todas las pruebas toxicológicas que habían realizado habían salido negativas a cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, cannabis y opiáceos. Tanto en el caso de Bochil (61 pruebas) como en el último con 18 menores. No se realizaron pruebas para los dos primeros casos en Tapachula. “Vamos a fijar la línea de investigación a seguir: no hemos descartado ni una sola”, señaló el fiscal acompañado de todas las autoridades del Estado. La secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez, anunció como única medida que se va a reimplementar el llamado Operativo Mochila, que consiste en la revisión de las bolsas de los alumnos antes de entrar a los colegios.

Para Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el regreso de estas medidas es una muestra de cómo “el Estado tiende a actuar de manera criminalizante para parecer que hace algo”. “En lugar de atender la causas o de abonar a la educación del conocimiento de las drogas y sus efectos, hay una cuestión represiva y revictimizante, con riesgos de impactos psicosociales hacia los jóvenes. Se empieza a crear una fábrica de culpables”, explica Faro. Para él este tipo de casos “es una evidencia de la destrucción del tejido social en Chiapas, estamos siendo testigos de que está impactando a los jóvenes, a los niños, por la acción criminal vinculada con el Estado”.

En la oración del día, en la iglesia principal de Bochil, de 35.000 habitantes, se reza por los niños intoxicados y sus familias, en la presidencia municipal se reúne una mesa de Seguridad y en las calles, se disparan las teorías. “Lo de los niños es un mensaje de los grandes carteles”, apunta Francisco, que afirma que desde hace un tiempo la droga está distribuyéndose fácilmente por el pueblo, “las motos y las camionetas van para arriba y para abajo sin parar”. Bochil está enmarcado dentro de un corredor en los Altos de Chiapas que abarca desde Tapalula o Rayón hasta San Andrés Duraznal, una zona en la que se ha registrado la presencia de grupos criminales. Ante un peligro que ven inminente, y permitido desde las autoridades municipales, un grupo de padres de familia está proponiendo la vuelta de la Guardia Civil, una unidad de seguridad compuesta por civiles sin formación, “para proteger al pueblo”.

Esta ola de intoxicaciones se encuadra en un marco más grande de violencia: hace solo unos meses que un grupo armado tomó durante horas el centro de San Cristóbal de las Casas, el oasis del Estado; este año se han disparado las denuncias por narcomenudeo, que son cuatro veces más que en 2016; la crisis de desplazados atenaza al Estado en su frontera y en Chentaloh, y los enfrentamientos con los grupos organizados han obligado esta misma semana a la Secretaría de Defensa a mandar a centenares de soldados.

En ese contexto, y sin respuesta de las autoridades a la última intoxicación, han regresado este jueves los niños al resto de escuelas de Bochil. La policía resguarda la entrada y la salida de los estudiantes, a los que les han obligado a portar un gafete identificativo y vestir el uniforme. La directora de la Escuela Secundaria Técnica 38, que acoge a más de 700 alumnos, reconoce que todo es preventivo porque siguen sin saber a lo que se están enfrentando: “Hasta que no sepamos lo qué pasó en la Juana de Asbaje no podemos evitar que vuelva a ocurrir también en otras escuelas”.

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