El pulso entre DNV y el Gobierno de Ciudad de México por el informe de la Línea 12

El Gobierno de Ciudad de México y la consultora noruega DNV mantuvieron durante meses un pulso por el último dictamen sobre el derrumbe de la Línea 12, adelantado por EL PAÍS este lunes. El Ejecutivo local tenía reparos por una supuesta “serie de deficiencias e inconsistencias” que encontraban en el documento, que concluye que la tragedia tuvo cuatro causas concurrentes: fallas en el diseño, en la construcci...

El Gobierno de Ciudad de México y la consultora noruega DNV mantuvieron durante meses un pulso por el último dictamen sobre el derrumbe de la Línea 12, adelantado por EL PAÍS este lunes. El Ejecutivo local tenía reparos por una supuesta “serie de deficiencias e inconsistencias” que encontraban en el documento, que concluye que la tragedia tuvo cuatro causas concurrentes: fallas en el diseño, en la construcción, en la supervisión de la obra, y en las inspecciones y mantenimiento de la línea ferroviaria. La empresa defendió su trabajo y rechazó enfáticamente las acusaciones de la Administración capitalina en una serie de oficios que se mandaron entre los dos actores durante febrero y abril de este año, y a los que ha tenido acceso este periódico.

El peritaje atraviesa a las tres últimas Administraciones de la ciudad (las de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum), al asegurar que hubo factores determinantes en la tragedia que dejó 26 muertos y un centenar de heridos desde la inauguración de la línea hasta su operación. A pesar de que no se fijaron fechas específicas de entrega y de que hubo varias prórrogas, estaba previsto que el tercer informe, el análisis causa-raíz, se diera a conocer desde el año pasado y fueron precisamente los conflictos sobre la metodología y las conclusiones presentadas los que retrasaron la publicación. Esta es la reconstrucción cronológica del ida y vueltas por el reporte final.

15 de febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el cliente formal de DNV, envió un oficio a la empresa en que acusaban una calidad por debajo de lo esperado. Entre los puntos que reclamaba está que no se haya tomado como referencia el llamado “tramo espejo”, un sector de la línea prácticamente igual al que se cayó, algo que para las autoridades era “de vital importancia” debido a las similitudes que tenía con el tramo colapsado. Reprocharon también la falta de hipótesis alternativas, “una práctica común” en el análisis de estos siniestros, y que no indagaran en profundidad sobre la importancia que tuvieron las fallas de diseño detectadas. “Aún y cuándo les fue entregada toda la información técnica y documentos solicitados”, dice el oficio del Gobierno, “no fue tomada en cuenta para la elaboración del análisis”.

Otro de los puntos que reclamaban es que utilizaran imágenes tomadas de Google Street View para determinar que el daño de la estructura colapsada era “visible en fotografías adquiridas desde el nivel de la calle”, cuando no fueron tomadas para realizar este tipo de análisis. Además incluye una objeción sobre la metodología con la que se realizó el documento, y dice que “no se observa la aplicación completa” de la técnica —una marca registrada de DNV y reconocida internacionalmente—, como han hecho en otros accidentes analizados. El oficio concluye con una solicitud a DNV para que realice nuevamente el análisis, pero esta vez aplique “la metodología completa” y “no omita la información” que le fue facilitada.

25 de febrero

DNV le respondió al Gobierno capitalino que el contrato especificaba que la sección a evaluar era la que se desplomó, y no el “tramo espejo”, además de que sus especialistas lo descartaron por no ser “relevante”. La compañía defendió además que la información sobre el tramo espejo fue entregada fuera del “curso natural de la investigación” —según detalla, en enero— y que no aportaba elementos que pudieran cambiar los resultados de su informe. Sobre las hipótesis alternativas, la empresa aseguró que analizaron las causas de lo que determinaron como el modelo de peligro más probable.

DNV también explicó que las imágenes de Google solo fueron utilizadas para identificar “la progresión de los daños” acumulados en la estructura. En relación a la aplicación incompleta de su propia metodología, la consultora recalcó que no fue aplicada de la misma forma que en otros siniestros debido a que cada caso es diferente por el tipo de “proceso, instalación y personas involucradas”. Sobre los reclamos que se hicieron a lo largo de la investigación, la empresa respondió que tomaron las observaciones que creían aplicables y justificaron las que rechazaban “porque no eran aplicables o porque de incorporarlas se introducirían sesgos”. La consultora concluyó que el informe “cumple con el criterio de expertos internacionales” y que contó con revisores de Europa y Estados Unidos.

Marzo, abril y la ruptura definitiva

El Gobierno volvió a escribir a DNV el 10 de marzo para reclamar que no estaba satisfecho con el informe final y citó un extracto del contrato firmado entre los dos actores en el que dice que, en caso de que las autoridades encuentren irregularidades en el servicio, la relación laboral no acaba hasta que sean resueltas. La Administración de Sheinbaum le acusó de haber cometido errores graves que le llevaron a conclusiones “casi tautológicas”. Unos días después, el 18 de marzo, la compañía noruega respondió con las mismas aclaraciones que había dado en febrero y finalizó el documento señalando que daba por aceptado el tercer reporte.

Para entonces, las diferencias entre la empresa y las autoridades ya se habían ventilado. “Me informa la secretaria de Protección Civil que tiene muchísimas observaciones al último reporte”, dijo Sheinbaum en una rueda de prensa del pasado 4 de marzo. “Así como el primer y el segundo reporte tenía una solidez técnica muy importante, en el tercer reporte se han encontrado problemas”, agregó la mandataria, aunque señaló que aún “estaban a tiempo” de resolver el desacuerdo. Al menos desde entonces, la jefa de Gobierno ya había señalado un supuesto conflicto de interés por un abogado que representaba a la compañía y que había participado en un litigio contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2012. “Se está revisando el conflicto de interés que esto puede generar”, dijo.

Protección Civil insistió en un oficio el 29 de marzo en los cuestionamientos y argumentos que había presentado a DNV a mediados de febrero y en la primera quincena de marzo. Desde la perspectiva de las autoridades, el contrato les daba el derecho de verificar los resultados del informe y que las diligencias se realizaran de forma adecuada. La empresa tampoco cambió su posición. Dos días más tarde, la consultora persistió en la idea de que las dudas del Gobierno ya se habían analizado y respondido antes, incluso con reuniones presenciales para discutir cada punto. Y volvió a enviar el documento aclaratorio que ya había mandado.

Al considerar que ya había cumplido con sus obligaciones, DNV envió el 31 de marzo anexa una factura por poco menos de 10,9 millones de pesos, según ha corroborado EL PAÍS, para cobrar por la tercera entrega del informe. El Gobierno de Sheinbaum recibió el oficio en la primera semana de abril, pero respondió casi tres semanas más tarde que las aclaraciones de DNV habían versado sobre temas de traducción y estilo de redacción e insistió en que se resolvieran sus quejas sobre la metodología.

A unas horas del primer aniversario de la tragedia, la consultora emitió un comunicado para dejar claro que ya había entregado el tercer reporte y que había cubierto sus obligaciones contractuales a tiempo. “DNV confirma que el informe se produjo sin que estuviera involucrado ningún experto que pudiera tener un conflicto de interés”, aseguró. En el remate del breve boletín, la empresa concluye: “DNV respalda la metodología empleada, los hallazgos y las conclusiones del análisis causa raíz”.

“Es un informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”, respondió la mandataria el pasado miércoles. Sheinbaum anunció la demanda civil y la intención de rescindir el contrato con DNV. “Nosotros no vamos a permitir, en ningún momento, la vulneración de las víctimas y la verdad del proceso, que se ha estado desarrollando con toda pulcritud, hasta el segundo reporte de la empresa”, comentó. La ruptura definitiva entre ambas partes se produjo justo un año después de que DNV iniciara sus investigaciones en la zona cero de la Línea 12.

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