Escuelas de Tiempo Completo: el Gobierno niega que una juez haya suspendido su programa educativo

La polémica suscitada hace semanas, cuando se conoció que se eliminaba el programa de Escuelas a Tiempo Completo, persiste. Dos sentencias del juzgado de distrito número 7 de Ciudad de México paralizaron, primero cautelarmente y después de forma definitiva, las reglas de operación educativas dictadas por el Ejecutivo en las que se había prescindido de las dos características propias del programa, la jornada escolar ampliada y...

La polémica suscitada hace semanas, cuando se conoció que se eliminaba el programa de Escuelas a Tiempo Completo, persiste. Dos sentencias del juzgado de distrito número 7 de Ciudad de México paralizaron, primero cautelarmente y después de forma definitiva, las reglas de operación educativas dictadas por el Ejecutivo en las que se había prescindido de las dos características propias del programa, la jornada escolar ampliada y la manutención en el colegio. Quedaba así frenado el programa de La Escuela es Nuestra. Pero este martes, el Gobierno ha dicho en la mañanera que para “este año se integra la posibilidad del uso del apoyo para el establecimiento de un horario extendido y servicio de alimentación de manera directa a madres y padres de familia”. A preguntas de este periódico por la suspensión judicial del programa, un portavoz ha dicho: “La Escuela es Nuestra no tiene ninguna suspensión”. No se ha podido recabar más información por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta ahora.

Las autoridades educativas han actuado como si no se hubiera pronunciado ningún juez. Han informado de que en 2022 se beneficiarán 45.000 escuelas, que sumadas a las de años anteriores suman 113.000 en total y casi nueve millones de alumnos para 2023.

La concesión de recursos para convertir un centro en una Escuela a Tiempo Completo, con horario ampliado y comida en el colegio, responde a cuatro criterios: la presencia en la zona de comunidades indígenas y afromexicanas, el grado de marginación, la situación de pobreza y la carencia de servicios básicos e índice delictivo. Es decir, un apoyo para los niños más pobres que trata de mantenerlos en el colegio más tiempo y bien alimentados. Por eso sorprendió tanto el anuncio de la SEP, a primeros de marzo, de que finalizaba ese programa. La polémica fue tal que el presidente se encargó del asunto y ordenó corregir eso. Ahora se anuncia que los recursos destinados se elevarán entre un 20% y un 23%.

Pero ya se sabía que había presupuesto para ello. La jueza Laura Gutiérrez de Velasco ordenó la paralización de los lineamientos de La Escuela es Nuestra, ante el amparo de la organización Mexicanos Primero, porque desaparecía la posibilidad de alimentarse en la escuela y de ampliar la jornada, una medida que también beneficiaba a los maestros, porque podían sumar un dinero extra a su escaso sueldo. También las miles o millones de madres solteras encontraban un respiro para continuar con sus empleos sabiendo que sus hijos estaban bien atendidos en la escuela.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha repetido esta mañana que la Escuela a Tiempo Completo “no funcionaba adecuadamente, porque los recursos no llegaban de manera directa, al grado de que, el año pasado, con las escuelas cerradas, pedían el presupuesto y se supone que era para pagar a maestros que estaban más tiempo (en el colegio) impartiendo clases o para darle de comer a las niñas y niños, y las escuelas estaban cerradas”. Se infiere que la crítica es para los distintos Estados, que eran los encargados de efectuar los pagos de forma delegada.

Lo que no ha explicado el Gobierno es cómo impedirán que esos desajustes no se produzcan con el pago directo a los padres. ¿Se evita la corrupción de ese modo? ¿Quién garantiza, o de qué forma, que esas ayudas a las familias no se destinen a otros gastos domésticos en lugar de los escolares? ¿Quién o cómo se vigilará esto?

En todo caso, nadie aclara qué ocurre cuando hay una suspensión judicial, como es el caso. En Mexicanos Primero, la organización educativa que presentó el amparo y por dos veces ganó en tribunales, no entienden la actitud del Gobierno: “Hay una sentencia pública del juzgado de distrito número 7. Supongo que quieren minimizar lo ocurrido, pero la sentencia existe y es pública. Además, se demanda a la SEP por tanto, lo señalado en la sentencia aplica a nivel federal, sus abogados deben saberlo”.

En la primera sentencia, del pasado 31 de marzo, la jueza entendía que eliminar la jornada extendida y la alimentación en el centro vulnera “el derecho que asiste a los menores de recibir educación, cuidado y atención mientras sus padres, tutores o personas responsables de ellos no tienen empleo, buscan un empleo” o su trabajo no les permite el “acceso a los servicios de cuidado y atención infantil”. Y mencionaba que el propósito del programa es que “los menores reciban alimentación adecuada para su desarrollo y que esta permita su aprovechamiento académico”. Este lunes la suspensión cautelar resultó definitiva.

López Obrador reiteró esta mañana: “Les vamos a entregar a las madres los apoyos y que ellas decidan qué hacer, directo, y así lo hemos hecho. Pero los opositores nuestros, que eran los que impulsaban esto, sí, se inconformaron”, ha dicho. “Resulta que no estaban la mayoría de las escuelas en las comunidades, los pueblos más pobres, sino donde había más influencia del Gobierno y de las organizaciones sindicales”, ha criticado el mandatario. “Ahora se va a dar más recursos a las sociedades de madres y padres de familia, y ellos van a decidir si quieren pagarles a los maestros y que ellos estén pendientes de que vayan los maestros más tiempo, y lo mismo en el caso de los alimentos”, ha zanjado.

Pero nadie, ni la secretaria de la SEP, Delfina Gómez, ni el presidente del Gobierno se ha pronunciado sobre la suspensión del programa La Escuela es Nuestra, debida a las modificaciones que habían efectuado sobre Escuelas a Tiempo Completo, a pesar de que los periodistas han preguntado expresamente por ello.

“A Delfina Gómez se le ha llamado a dar explicaciones al Legislativo hasta en cuatro ocasiones y lo ha ido aplazando con disculpas. Basta ya, hay que ponerse a trabajar, no se puede ganar tiempo con el derecho de los niños y niñas, porque ese derecho que tienen está siendo interrumpido”, ha dicho Laura Ramírez, directora de Activación de Agentes Educativos de Mexicanos Primero.

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