El regulador energético mexicano maniobra en contra de las centrales privadas

La polémica reforma eléctrica del Gobierno mexicano todavía no está aprobada, pero ya hay señales de que se está preparando el terreno. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha negado en los últimos meses decenas de permisos solicitados por generadores privados. Una central de Iberdrola ha quedado paralizada y la institución ha iniciado un procedimiento en contra de Eólica del Sur, uno de los mayores parques renovables del país. Los expertos y los empresarios ven en estos obstáculos a la operación de plantas particulares evidencia de que el organismo, supuestamente autónomo, está alineado co...

La polémica reforma eléctrica del Gobierno mexicano todavía no está aprobada, pero ya hay señales de que se está preparando el terreno. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha negado en los últimos meses decenas de permisos solicitados por generadores privados. Una central de Iberdrola ha quedado paralizada y la institución ha iniciado un procedimiento en contra de Eólica del Sur, uno de los mayores parques renovables del país. Los expertos y los empresarios ven en estos obstáculos a la operación de plantas particulares evidencia de que el organismo, supuestamente autónomo, está alineado con el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de limitar la participación privada en el sector para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Iberdrola, la empresa española que concentra el 20% de la generación total en México, ha sido una de las perjudicadas por las recientes decisiones de la CRE. La multinacional llevaba meses queriendo modificar los permisos de algunas de sus plantas. La idea era “migrar” los contratos que tiene bajo el esquema de autoabasto —la venta de electricidad a determinados clientes privados— a otro que le permitiera vender su producción en el mercado eléctrico mayorista.

Sin embargo, en noviembre la CRE rechazó la solicitud de Iberdrola de modificar cuatro permisos. Este rechazo ha dejado a algunas de sus plantas en la cuerda floja. La central de ciclo combinado de Dulces Nombres, cerca de Monterrey, tenía un contrato de interconexión a la red que venció el 31 de enero. El 5 de enero la filial de la multinacional en ese Estado había presentado un amparo en un juzgado de Nuevo León que fue desechado por falta de competencia. Aunque la información disponible no detalla si se trata de Dulces Nombres, el amparo reclamaba una resolución sobre una “negativa de modificación”.

Según el permiso otorgado en 2002, la planta vende electricidad a 44 empresas, entre ellas, Kimberly Clark, la cementera Cemex, la acerera Ternium, Minera Autlán o Cervecería Cuauhtémoc, hoy propiedad de Heineken. La decisión de la CRE coloca a los clientes que tenían un contrato con Iberdrola en la necesidad de firmar uno nuevo con la CFE, que con estas maniobras resulta favorecida como productor de electricidad. Este es precisamente uno de los principales objetivos que persigue la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador y cuya discusión comenzará en el Poder Legislativo en las próximas semanas. La reforma quiere topar la participación privada a un 46% y darle a la CFE el 54% de la generación. Esta repartición, de aprobarse, reducirá en una cuarta parte la producción privada actual, del 62%.

El freno a la operación de Dulces Nombres preocupa al sector privado. Amado Villarreal, director general del Clúster energético de Nuevo León, advierte de un posible aumento de costos, no previsto por las empresas. “Las usuarias ya no pueden ser suministradas con esa energía. Pasan en automático al Suministro Básico de CFE bajo condiciones de precios que fácilmente oscilan entre un 15% y un 30% más”, explica. “Las empresas ya tenían un modelo de negocio basado en un suministro de energía con determinados costos”. Villarreal asegura que el bloqueo afecta el suministro de más de 400 centros de producción o comercios. Ni el regulador ni Iberdrola han respondido a las solicitudes de entrevista de este periódico.

Días antes de que venciera el permiso de la multinacional, López Obrador apoyó la decisión de la CRE, pese a tratarse de un organismo con autonomía técnica. “No va a haber ningún apagón, ahí está la CFE que les va a vender al mismo precio la energía eléctrica”, declaró, antes de acusar a Iberdrola de “apoderarse” de la venta de electricidad a empresas en Nuevo León a expensas de la CFE.

La decisión de no modificar el permiso de Iberdrola sigue la pauta que se ha observado en meses previos. En diciembre, la CRE rechazó permisos de generación a dos parques fotovoltaicos, en octubre no autorizó a otras cinco empresas privadas, y en agosto rechazó la solicitud de la empresa Saturno Solar para generar electricidad en un parque solar del Estado de Hidalgo. En este último caso bajo el argumento de que la entrada en operación del parque podría afectar “la confiabilidad” del sistema eléctrico nacional.

Las asociaciones del sector renovable, Amdee y Asolmex, estiman que las acciones de la CRE han dejado en suspenso inversiones multimillonarias. Calculan que los retrasos en las autorizaciones y el rechazo de modificar permisos afectan a proyectos eólicos y solares que entrarían en operación en los siguientes tres años y que cuentan con 3.800 MW de capacidad instalada e inversiones del orden de 4.200 millones de dólares. “Muchas empresas están redireccionando inversiones y se están yendo a otros países que sí garantizan la certeza”, apunta Nelson Delgado, vocero de las asociaciones.

El quebranto de las inversiones millonarias ya instaladas no ha hecho recular a la CRE. Por el contrario, la Comisión ha comenzado un procedimiento para revocar el permiso de uno de los proyectos eólicos más grandes del país, en el corazón del Istmo de Tehuantepec: el parque Eólica del Sur. Este complejo fue inaugurado en mayo de 2019 con la presencia de la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle. El permiso de autoabastecimiento que ampara esta inversión de más de 13.000 millones de pesos fue otorgado en enero de 2015 para generar 396 MW y cuenta entre sus clientes a las filiales de Grupo Femsa como las tiendas Oxxo.

Ante el proceso administrativo que ha iniciado la CRE para revocar el permiso de Eólica del Sur, tanto los clientes directos como los empleados y arrendatarios de los terrenos en Oaxaca han presentado demandas de amparo indirecto y recursos de queja para frenar este intento. Sin embargo, estos recursos legales han sido desechados por los magistrados estatales al no existir aún una resolución de suspensión en firme por parte del órgano regulador energético.

La pugna por la reforma eléctrica

Las relaciones entre el Gobierno y la CRE han pasado por dos fases. En febrero de 2019, pocos meses después de comenzar su mandato, el presidente arremetió contra el regulador por considerarlo oneroso y contrario a su agenda y acusó abiertamente a su titular Guillermo García Alcocer de un conflicto de interés. “Quiero manifestar mi preocupación de que se estén utilizando las instituciones de Gobierno con fines políticos”, respondió García Alcocer. El funcionario terminó por renunciar y, posteriormente, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años.

La tensión entre el Ejecutivo y el órgano regulador energético cesó tras la renovación de sus integrantes. Cinco de los seis comisionados han sido propuestos por este Gobierno y estos han nombrado a un nuevo secretario técnico. El cambio al interior del organismo hace temer al sector privado un tratamiento en favor de la CFE, en línea con las prioridades de López Obrador. “Hay una política claramente definida. No de derecho porque todavía no está aprobada la reforma constitucional, pero sí de hecho. Están actuando a favor de las empresas paraestatales”, dice Amado Villarreal.

Los retrasos o las negativas a solicitudes de permiso se dan en pleno debate sobre la reforma eléctrica de López Obrador. La iniciativa busca cancelar los contratos vigentes firmados por centrales privadas. El Gobierno considera ilegales parte de los contratos de autoabastecimiento, como los de Iberdrola. Los más de 230 permisos vigentes en 2021 han creado, dice la paraestatal, un “mercado paralelo de energía injusto”. Según sus cálculos, este ha tenido un impacto en las finanzas de la CFE de más de 22.000 millones de pesos en los últimos tres años.

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