El asesinato de una conocida activista abre un nuevo episodio en la espiral de violencia en Morelos

El infierno se expande en Morelos y poco puede decirse que no se haya dicho ya. Eventos terribles se suceden en el Estado balneario, región preferida de los turistas de la capital. El asesinato de la abogada Ana Luisa Garduño hace unos días en Temixco, municipio pegado a Cuernavaca, confirma una deriva preocupante. El de Garduño, de 51 años, es el séptimo asesinato de un activista en la región desde la llegada al poder de Cuauhtémoc Blanco, en diciembre de 2018.

Hasta su asesinato, la mujer trataba de hacer justicia por el homicidio de su propia hija, casi diez años atrás. Garduño nunca...

El infierno se expande en Morelos y poco puede decirse que no se haya dicho ya. Eventos terribles se suceden en el Estado balneario, región preferida de los turistas de la capital. El asesinato de la abogada Ana Luisa Garduño hace unos días en Temixco, municipio pegado a Cuernavaca, confirma una deriva preocupante. El de Garduño, de 51 años, es el séptimo asesinato de un activista en la región desde la llegada al poder de Cuauhtémoc Blanco, en diciembre de 2018.

Hasta su asesinato, la mujer trataba de hacer justicia por el homicidio de su propia hija, casi diez años atrás. Garduño nunca quitó el dedo del renglón. Reclamó a la Fiscalía que investigara, estudió Derecho, se acercó a otras familiares de víctimas, evitó la habitual mancuerna de impunidad y olvido. Incluso creó una asociación para asesorar a personas que hubieran pasado por situaciones como la suya.

Lizbeth Cerón, compañera de activismo, recuerda que estuvieron juntas en búsquedas de personas desaparecidas en diferentes puntos del Estado, Cuautla, Cuernavaca… La hermana de Cerón, Jéssica, había desaparecido en agosto de 2012, meses antes de que asesinaran a la hija de Garduño. “Mi mamá y ella a diario se hablaban. De hecho Ana Luisa decía que mi mamá era su parejita. Había una amistad muy cercana”, evoca.

La falta de apoyo estos años por parte del Gobierno estatal agrava el caso de la defensora. Como ha explicado estos días Israel Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la oficina de atención a víctimas de Morelos había evitado pagarle la remuneración que le correspondía, pese al informe favorable del ombudsman, que atendió la denuncia de Garduño y de otras 70 víctimas en situación parecida.

Para Hernández, el asesinato de la abogada “genera un efecto censura, de no alzar la voz contra violaciones que se están dando en el Estado, en múltiples aspectos”. Hernández añade: “Fíjate que llevamos 3.000 asesinatos en lo que va de Administración, incluyendo feminicidios. En la Comisión todo el tiempo estamos monitoreando notas sobre este asunto para ver detenciones en flagrancia y no hay. Es bien importante esto, porque en el mejor de los casos se explica por omisiones y en el peor, por complicidad de las autoridades”.

En entrevista con EL PAÍS, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, explica que la dependencia maneja tres líneas de investigación hasta el momento. “Primero, la posibilidad de que fuera un robo con violencia, un asalto. Estamos corroborando un dato de que ella quizá tenía una cantidad de efectivo importante y quizá alguien pudo haberlo visto. Aunque aún tenemos que corroborarlo. La segunda, es que esto venga de las personas que en 2012 privaron de la vida a su hija, para tratar de callarla. Y la tercera, que su feminicidio derive de su trabajo como activista”.

Una guerra fantasma

Las circunstancias del asesinato, los posibles motivos, distraen de lo relevante: la repetición constante e incontenible, la inoperancia gubernamental. Tragedia de todo un país, Morelos la encarna estos días como también Michoacán, Zacatecas, Baja California o Quintana Roo. La violencia arrecia y las explicaciones abundan, igual que las interpretaciones. ¿Fue un mero robo? ¿Una venganza por el caso de su hija? ¿Un castigo por su activismo? Lo único cierto es que fue, situación que no admite excusa alguna.

Como en el resto de regiones del país, en Morelos impera la impunidad. Asesinatos, ejecuciones, masacres, desapariciones… Cualquier delito queda habitualmente sin castigo. Las autoridades preventivas y procuradoras de justicia carecen de una visión a largo plazo, a veces por la enorme carga de trabajo que soportan, pero también por la falta de medios, desidia, peleas internas o pura negligencia. Lo anterior se mezcla en Morelos con una batalla política fantasmal, visible a ratos en forma de narcomantas o denuncias cruzadas entre el gobernador y funcionarios de la Administración anterior.

La última visión del espectro data de este mismo lunes. Fue junto a la casa de la diputada local Luz Dary Quevedo de Movimiento Ciudadano, en el municipio de Tetecala. El domicilio de la legisladora amaneció con el cadáver de un hombre en la puerta, acompañado de un mensaje escrito en una cartulina. “Aquí tienes tu regalo, Luz Dary. Por no respetar los acuerdos”. La diputada no ha declarado nada al respecto y en la Fiscalía esperaban su denuncia este mismo lunes.

Quevedo fue noticia a finales del año pasado, tras la detención de Esther Yadira Huitrón, alias La Jefa, presunta cabecilla del grupo criminal Guerreros Unidos en la región. La diputada aparecía en fotos con La Jefa, igual que otros legisladores y presidentes municipales del Estado, otra visión del espectro de la guerra en Morelos. Las fotos con La Jefa fueron solo un aperitivo. El plato fuerte llegó este enero, cuando medios regionales divulgaron otra imagen, esta del gobernador Blanco, con tres presuntos líderes criminales regionales.

Las explicaciones del exfutbolista, variantes de “no me fijo con quién me tomo fotos”, provocaron una cascada de mensajes cruzados en carteles colgados por todo el estado, las famosas narcomantas. Unas señalaban la cercanía del gobernador con el crimen organizado y sugerían algún tipo de implicación en el asesinato del activista Samir Flores, ejecutado a mediados de 2019. Otras apuntaban por el crimen de Flores al senador opositor Ángel García y su grupo de influencia local, del que participaría la diputada Quevedo, según varias personas conocedoras de la política local, con las que este diario ha mantenido varias conversaciones en el último mes.

Más asesinatos trufan la batalla, caso del alcalde del municipio de Xoxocotla, Benjamín López, hace dos semanas. Sicarios lo balearon en su casa y de momento no hay detenidos. Hay rumores, explicaciones, interpretaciones, pero nada que indique que la violencia alcanza un tope, el fin de la curva ascendente. En Xoxocotla, de hecho, la rabia ha dejado paso al miedo. Los compañeros del alcalde López se preguntan quién será el siguiente.

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