Emilio Lozoya seguirá en prisión también por el ‘caso Altos Hornos’
El juez desestima los 5 millones de dólares que el exdirector de Pemex ofreció para intentar echar para atrás su encarcelamiento preventivo, dictado también en el ‘caso Odebrecht’
Segundo golpe judicial a Emilio Lozoya. Al encarcelamiento preventivo de la semana pasada por los sobornos millonarios de Odebrecht, se suma ahora le misma decisión del juez para la segunda causa el exdirector de Pemex tiene abierta con la Justicia. La compra de una planta de fertilizantes a sobreprecio por parte de la petrolera estatal en enero de 2014 a la siderúrgica Altos Hornos, conocido como el ...
Segundo golpe judicial a Emilio Lozoya. Al encarcelamiento preventivo de la semana pasada por los sobornos millonarios de Odebrecht, se suma ahora le misma decisión del juez para la segunda causa el exdirector de Pemex tiene abierta con la Justicia. La compra de una planta de fertilizantes a sobreprecio por parte de la petrolera estatal en enero de 2014 a la siderúrgica Altos Hornos, conocido como el caso Agronitrogenados. El juez ha desestimado este miércoles cualquier opción de la defensa, que llegó a presentar cinco millones de dólares para levantar la medida cautelar de la semana pasada, y ha vuelto a ordenar su encarcelamiento también en esta segunda causa.
Los dos procesos discurren en paralelo y ante el mismo juez, Artemio Zúñiga Mendoza, que a petición de la Fiscalía decidió el miércoles pasado conceder la prisión preventiva ante el riesgo de fuga por la trama de corrupcipon de la constructora brasileña Odebrecht. El fondo la audiencia de este miércoles se centró, de hecho, en si procedía también a ordenar su encarcelamiento por el segundo de los casos. Imputado por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en el marco de los dos procesos, durante más un año y medio el exdirector de Pemex había evitado la cárcel gracias a una principio de acuerdo con la Fiscalía, que los había convertido de facto en un testigo colaborador protegido.
En agosto del año pasado, Lozoya lanzó una tormenta de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. Las más detalladas se concretaron en el expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, el exsecretario de Estado Luis Videgaray, acusados de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de dólares repartidos por parte de la constructora brasileña y otros 3,4 millones por parte de Altos Hornos. Tras múltiples prórrogas y dilaciones en la fase de investigación sin apenas resultados, el juez decidió endurecer las condiciones.
En su intento para aplacar la medida, el monto presentado por sus abogados se repartía en 3,4 millones por Agronitrogenados y 1,6 por Odebrecht. La reparación del daño a Pemex ha sido uno de las argumentos centrales de la Fiscalía para el giro en su estrategia después de la contemporización. Durante la última audiencia, y ante la ofensiva que acabó con su cliente entre rejas, la defensa llegó a ofrecer incluso las escrituras de dos inmuebles a nombre de Lozoya, por valor de más siete millones de dólares, como garantía para la reparación del daño cuantificado solamente en el causa de Odebrecht. En aquella ocasión, tanto el juez como la defensa rechazaron el ofrecimiento dado que el motivo de la audiencia era exclusivamente decidir si Lozoya seguía libre, con los únicos requisitos de la entrega del pasaporte y portar un brazalete para localizarle, o pasar a la prisión preventiva.
Las indemnizaciones del caso Agronitrogenados están en en el foco tras el polémico acuerdo Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, par salir de la cárcel. Ancira fue detenido en España y extraditado en 2019 acusado de haber pagado los sobornos por 3,5 millones de dólares a Lozoya para la facilitar la venta de la planta. Tras unos meses en prisión, fue liberado tras un acuerdo por el que se comprometía a vender su parte de la empresa y pagar 216 millones de dólares a Pemex para reparar el daño del desfalco del que se le acusa. En septiembre, Pemex denunció que Ancira no estaba cumpliendo con el calendario de pagos, añadiendo más elementos de una polémica por las críticas contra la impunidad.
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