El presunto entramado millonario de Inés Gómez Mont y su esposo: corrupción y farándula

Cuentan las portadas del papel cuché mexicano que la que fuera una de las estrellas de los programas con más éxito de la televisión nacional prefiere divorciarse antes que poner un pie en la cárcel. Inés Gómez Mont ha pasado de ocupar las primeras planas de las revistas por un posado veraniego a figurar en el ojo del huracán por un caso de corrupción millonaria. Ella y su marido, el reconocido abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentran ...

Cuentan las portadas del papel cuché mexicano que la que fuera una de las estrellas de los programas con más éxito de la televisión nacional prefiere divorciarse antes que poner un pie en la cárcel. Inés Gómez Mont ha pasado de ocupar las primeras planas de las revistas por un posado veraniego a figurar en el ojo del huracán por un caso de corrupción millonaria. Ella y su marido, el reconocido abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentran en busca y captura después de que la Fiscalía General de la República emitiera una orden para detenerlos a ellos y casi una decena más que presuntamente se beneficiaron de contratos ilegales por parte de la Secretaría de Gobernación (Interior). Una red de lavado de dinero y malversación de fondos públicos que las autoridades estiman en 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de dólares.

Las autoridades no la buscaban a ella. Pero los estrechos lazos entre el poder y la farándula mexicana acabaron conectando los puntos que dieron con el despacho que mantiene Puga con su hermano Alejandro —Álvarez Puga & Asociados—. Un bufete que según la Fiscalía participó en una estructura financiera de empresas fantasma a las que les fueron adjudicados en 2016 por parte de la Secretaría de Gobernación al menos dos jugosos contratos por unos servicios de seguridad a prisiones que no solo nunca se llegaron a realizar, sino que el dinero se desvió a otro puñado de firmas fachada y de esos movimientos de dinero se beneficiaron presuntamente los famosos y casi una decena más.

El caso ha escalado a funcionarios federales del anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018), en la mira de la Fiscalía liderada por Alejandro Gertz Manero como parte de la cruzada del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción en anteriores sexenios. Así, las autoridades han solicitado una orden de detención para 10 implicados, entre los que se encuentran Gómez Mont, su esposo y su cuñado, pero también los responsables del organismo de prisiones mexicano, como Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales.

Las auditorías realizadas a la Secretaría de Gobernación, liderada en 2016 por el hombre fuerte de Peña Nieto en el Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, revelaron que la institución entregó dos contratos para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al sistema de videovigilancia llamado C4. Estos contratos fueron adjudicados a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética, considerada por Hacienda como una “empresa que factura operaciones simuladas”. La Fiscalía detectó que los contratos eran idénticos y que la compañía, que ganó casi 3.000 millones de pesos, no tiene activos, infraestructura, ni personal trabajando, y que su dirección lleva a una modesta vivienda particular en Morelia, Michoacán, la cual no concuerda con su supuesto perfil de empresa millonaria, según publicó Animal Político, que tuvo acceso al documento de la Fiscalía.

¿Cuál es la conexión de esta empresa fachada con Gómez Mont y su esposo? Una vez ganados los dos contratos, la empresa fachada Seguridad Privada Inteligencia Cibernética distribuyó el dinero entre otras cuatro empresas, también calificadas como “factureras” por las autoridades, según reveló el diario. Y estas, a su vez, triangularon el dinero público a otras tres factureras. Las autoridades fiscales detectaron que este grupo de empresas fantasma hicieron miles de operaciones de lavado de dinero y emitieron cientos de facturas falsas. Así es como las autoridades llegaron al despacho y las firmas de Puga y Gómez Mont, pues la Fiscalía sospecha que detrás de ellas se encuentra el matrimonio, quienes presuntamente pudieron cobrar una comisión para lavar el dinero público.

La trama delictiva a la que se vincula la conocida pareja fue destapada por un antiguo empleado del bufete. Él fue el que puso, mediante una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, el nombre de Gómez Mont y de Puga al frente de las empresas fantasma. “Han diseñado toda una estructura financiera para lavar dinero a través de compañías denominadas fantasmas o fachadas que operan principalmente en la Ciudad de México, el estado de México, Chiapas, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, Guerrero y en naciones como Estados Unidos, Panamá y Colombia”, señalaba el denunciante, que figura como testigo anónimo en la carpeta de investigación, parte de la cual se ha hecho pública en las últimas semanas. “Yo mismo como abogado apoyé en múltiples ocasiones la constitución de empresas, hasta que me di cuenta de que con sus acciones malintencionadas ponían en riesgo no solo mi credibilidad y desarrollo profesional, sino también mi integridad física”, agregó.

El 29 de septiembre, después de dos semanas de absoluto silencio, Inés Gómez Mont decidió hablar. Su imagen de actriz y presentadora dicharachera de las grandes cadenas, Televisa y Tv Azteca, había sufrido un duro golpe. Pocos la recuerdan estos días como la joven que en 2008 irrumpió en una conferencia de prensa de la Super Bowl para pedirle matrimonio a Tom Brady y catapultó su nombre a la fama de los programas del corazón. Y algunos menos recuerdan que es también la sobrina de Fernando Gómez Mont, que fue secretario de Gobernación durante el Gobierno de Felipe Calderón (de 2006 a 2012).

“Para ser clara, jamás he robado un peso”, advertía Gómez Mont en una publicación de Instagram. “Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni he tenido 3.000 millones de pesos en mi vida”, “sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o un terrorista”, agregaba la actriz, que insistía en ese mismo texto que no la iban a callar: “Demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”. Su paradero sigue siendo un misterio.

De su marido, Álvarez Puga no se ha sabido nada en los últimos días. Gómez Mont y él se casaron en 2015 y tuvieron dos hijos, que se sumaron a los otros cuatro que tenía ella de su anterior matrimonio y uno de él. De las pocas incursiones de Puga en el mundo del corazón se le señala como un filántropo, según la revista Caras, que apoyó el programa de Peña Nieto llamado Cruzada Nacional contra el Hambre y a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos.

El misil de la Fiscalía contra el matrimonio ha colocado a los dos en las primeras planas tanto de las noticias políticas como de la prensa rosa. Así como antes lo hiciera Peña Nieto con su exesposa, la actriz de telenovelas, Angélica Rivera, y la famosa Casa Blanca, una lujosa mansión adquirida al contratista por excelencia de su Gobierno. Puga y Gómez Mont, a la fuga, representan estos días de nuevo la comunión de los poderes mexicanos: la corrupción política y la farándula.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país