Ante todo, la reforma energética

La reforma energética es el epítome del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, pero también el andamiaje que sostiene su discurso cotidiano de contraataque contra los que considera sus adversarios. El día en que México supera los 200.000 muertos oficiales por coronavirus tras una gestión de la crisis sanitaria rodeada de críticas, el presidente ha optado por intensificar su defensa de la nue...

La reforma energética es el epítome del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, pero también el andamiaje que sostiene su discurso cotidiano de contraataque contra los que considera sus adversarios. El día en que México supera los 200.000 muertos oficiales por coronavirus tras una gestión de la crisis sanitaria rodeada de críticas, el presidente ha optado por intensificar su defensa de la nueva ley eléctrica, que está paralizada por los tribunales y en la práctica aún no ha entrado en vigor. Porque ahí, en ese alegato, cabe todo lo que pretende representar. La prioridad de lo público, en este caso la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a la iniciativa privada; la reivindicación de los valores nacionales ante la presencia de empresas extranjeras; los ataques a los medios de comunicación y a la judicatura; la ruptura con el pasado y, en definitiva, un intento de frenar el desgaste de la acción de gobierno tratando de parecer oposición.

El mensaje es diáfano y al mismo tiempo rentable para el mandatario, cuya estrategia polarizadora le trae réditos según las encuestas cuando faltan poco más de meses para las elecciones federales y locales de junio. Es decir, todos están en contra del Gobierno, pero no nos van a hacer rectificar. “Todos en contra de nosotros. Pero no nos vamos a mover porque nos convertiríamos en cómplices de la corrupción”, ha afirmado López Obrador. En esta línea, se ha mostrado una vez más, este viernes, decidido a culminar su reforma energética. Para ello se ha enfrentado ya a sectores productivos, no solo a los inversores extranjeros, e incluso ha entrado en un cuerpo a cuerpo con el sector judicial que ha frenado la nueva ley, cuestionando su independencia y acusándole de responder a los intereses de grandes corporaciones.

“No vamos a dar ni un paso atrás”, ha enfatizado el presidente, que ha comparecido acompañado, entre otros cargos, de Manuel Bartlett, director general de la CFE. Detrás de esa posición hay un intento de demostrar que si dan brazo a torcer se convertirían en “encubridores y cómplices de la corrupción”. El mandatario no ha dejado de formular acusaciones contra empresarios y la prensa, sin presentar evidencias, a cuenta de la reforma eléctrica, un cambio legal que entierra el modelo de su antecesor, Enrique Peña Nieto, y da la prioridad del suministro a una empresa del Estado, pese al enorme impacto económico y ambiental que eso supone, según los expertos.

Esa idea de corrupción coincide, sin casi excepciones, con una arremetida contra la empresa privada por recibir subvenciones públicas. Y el principal argumento para defender la ley eléctrica es la bajada sustancial de las tarifas de la luz, lo que al mismo tiempo es una promesa electoral que seguramente le traerá beneficios. Analistas con décadas de experiencia en el sector como David Shields, sin embargo, han señalado que probablemente México vaya a tener una electricidad más cara. Ese incremento no afectará directamente a los pequeños consumidores, porque esa energía se seguirá subsidiando. Pero tendrá repercusión en la producción industrial y el aumento de los costos sí tendrá efectos en todo el mercado y en los precios de las mercancías.

El formato de las conferencias de prensa matutinas permite a López Obrador, día tras día, tomar la iniciativa y marcar la agenda. Este viernes ha sido, como ha sucedido en múltiples ocasiones en las últimas semanas, la reforma eléctrica. Con este argumento, ha profundizado sus ataques a los medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, que el presidente no ha dejado de vincular sin ofrecer prueba alguna a negocios de empresas como Iberdrola, que ya a finales de 2020 descartó nuevas inversiones en México. Y gracias a un discurso lleno de insinuaciones desvía la atención de las críticas a una gestión más que discutida de la pandemia de coronavirus y el reparto de las vacunas, mientras el peligro que suponen las nuevas variantes y la amenaza de un rebrote después de Semana Santa siguen vigentes.

Ayer mismo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell renunció a los argumentos y convirtió su comparecencia en una arremetida contra los periódicos, las televisiones y las radios, a las que acusó de “apropiarse” del dolor de las víctimas. Y a eso se suma que anoche el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio, político de Morena que recibió el respaldo irrestricto del presidente y del aparato del partido pese a afrontar dos denuncias por violación y otras acusaciones de acoso sexual. La autoridad electoral, contra la que el Ejecutivo y su presidente ya ha empezado una campaña, retiró su lista a la gubernatura del Estado de Guerrero por no haber presentado un informe sobre sus gastos de precampaña. La decisión es reversible y será impugnada ante el Tribunal Electoral, pero mientras tanto ha supuesto un revés para López Obrador y el Gobierno.

Con estas premisas, el Gobierno recurre a la reforma eléctrica y a la idea de soberanía como parapeto para defender sus decisiones, aun cuando estas son de carácter técnico y no tienen que ver aparentemente con el proyecto ideológico de la Cuarta Transformación. “Todo es político”, suele afirmar el presidente. Y, en efecto, busca que todo sea político según su propio criterio.

Y así el Gobierno ha seguido con sus ataques a los jueces y a las empresas del sector eléctrico. Contra los jueces porque “votaron en contra de un acuerdo para garantizar la estabilidad de la red”, en palabras de Manuel Bartlett. Y a las empresas energéticas porque le pagan menores tarifas de transmisión como parte del modelo de autoabasto, un mecanismo que arrancó hace tres décadas y que permite a las empresas comprar electricidad a centrales privadas sin pasar por la CFE.

Las empresas, en la mira

Iberdrola, un blanco frecuente de este Gobierno, recibe un 26% de estos supuestos “subsidios”, de acuerdo a Miguel Reyes, director de CFE Energía. En el cóctel, también ha aparecido en esta ocasión Kimberly Clark, cuyo Consejo de Administración preside el padre de Claudio X. González, opositor declarado del actual Gobierno, que fue señalado en repetidas ocasiones por el propio presidente desde la tribuna de las mañaneras. Esta empresa compra electricidad a través del modelo de autoabasto, informa Jon Martín Cullell.

Para apoyar sus ataques, el Gobierno ha lanzado una lluvia de cifras, de cálculo incierto. Bimbo paga 1 peso por kilowatt hora (Kwh) y Oxxo, 1,2 pesos, mientras que un hogar de clase media con luz subsidiada, abona 2,3 pesos, según ha dado a conocer la CFE este viernes. Cuatro días antes, el presidente había presentado otras cifras: Bimbo pagaba 1,7 pesos por kilowatt hora (Kwh) y un Oxxo, 1,8. El mensaje, sean cuales sean las cifras, es el de siempre: “Su objetivo [de estas empresas] es suplantar a la CFE”, ha declarado Manuel Bartlett, responsable de la empresa paraestatal.

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