Al menos 226 reclusos han muerto de covid en las cárceles mexicanas durante la pandemia

Dentro de los muros de las cárceles mexicanas se vive la otra pandemia. Desde que comenzó, al menos 226 personas privadas de libertad han fallecido por covid-19 y hay 2.321 contagiados, según los datos que publicó este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Las entidades que registran una mayor incidencia son Ciudad de México, con 1.280 diagnosticados y 55 muertos, y Puebla, con 245 casos y 33 fallecidos. La organización de derechos humanos Asilegal recoge además el contagio de 400 funcionarios de centros penitenciarios y la muerte de 60 de ellos.

En otros países de la ...

Dentro de los muros de las cárceles mexicanas se vive la otra pandemia. Desde que comenzó, al menos 226 personas privadas de libertad han fallecido por covid-19 y hay 2.321 contagiados, según los datos que publicó este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Las entidades que registran una mayor incidencia son Ciudad de México, con 1.280 diagnosticados y 55 muertos, y Puebla, con 245 casos y 33 fallecidos. La organización de derechos humanos Asilegal recoge además el contagio de 400 funcionarios de centros penitenciarios y la muerte de 60 de ellos.

En otros países de la región, como Brasil, se han contabilizado 101 reclusos muertos —aunque los expertos alertan del subregistro—, y en Colombia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario notificó 24 defunciones hasta el 5 de agosto. Ambos lejos del caso mexicano, lo que ha hecho saltar las alarmas de las organizaciones sociales, como CEA Justicia, que califican las cifras de “abrumadoras”.

La CNDH asegura a EL PAÍS que los centros “están haciendo un gran esfuerzo” y están cumpliendo las “medidas mínimas de prevención”: “Tienen tapetes sanitizantes, sanitizan con humo, checan la temperatura, en algunas entidades como Ciudad de México han logrado dar cubrebocas al 100% de la población reclusa y si no tratan de mantener la distancia de seguridad”. Aún así, la solución para frenar los contagios, concluyen, es “despresurizar las prisiones”.

Los centros penitenciarios mexicanos albergan, según el último corte de la Comisión, 208.300 reclusos en 296 centros. De estos, 115 están sobrepoblados. Además, el 30% del total de la población penitenciaria no tiene suministro de agua potable, el 30,6% no tiene acceso a medicamentos y al 22,4% no se le brindan servicios médicos, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, elaborada por el INEGI en 2016. Un cóctel explosivo en medio de una pandemia. Ángela Guerrero, coordinadora de CEA-Justicia, apunta a que en este contexto de hacinamiento y falta de condiciones dignas se demuestra que las medidas mínimas “no son suficientes”.

En entidades como Baja California la letalidad del coronavirus en la población reclusa alcanza el 87%, de 39 presos contagiados, 34 de ellos han muerto; o el 40% en Guerrero. La CNDH sí reconoce que, con los datos actuales, en México una persona tiene más riesgo de morir de covid-19 si está dentro de una cárcel. México supera los 650.000 casos de covid-19 en el país y roza las 70.000 muertes. José Luis Gutiérrez, director de Asilegal, apunta también a un subregistro de datos en las prisiones —que la Comisión rechaza—: “O se está ocultando información o la población privada de libertad no está siendo protegida”.

Los datos de la CNDH son la única ventana para saber qué está ocurriendo dentro de las prisiones. Las organizaciones reportan una falta total de acceso. “¿Qué destinos les dan a los casos positivos? ¿Cómo se controlan los rebrotes? No sabemos lo que está pasando”, dice Gutiérrez.

Según la Comisión, que ha vuelto a realizar visitas in situ después de varios meses de seguimiento telefónico, la principal deficiencia es la aplicación de test PCR a los presos. Excepto en Ciudad de México, Chihuahua y Jalisco, el resto de Estados no ha hecho pruebas. “Si detectan a alguien con sintomatología, lo separan, le dan un tratamiento como para una enfermedad respiratoria, ven si hay mejora y si se cura, ya está”, refiere la CNDH, que apunta a la falta de coordinación con las secretarías de Salud de los Estados.

Para atajar la situación, tanto las organizaciones como la Comisión insisten en hacer cumplir las recomendaciones internacionales y acelerar las libertades de aquellos reclusos que puedan acceder a un beneficio provisional y estén en condiciones de riesgo, por edad y salud. Uno de los casos más sonados ha sido el del exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, que después de cumplir 19 años en la cárcel por narcotráfico y asociación delictiva, obtuvo en junio la prisión domiciliaria temporal hasta que su vida no esté en riesgo por la covid-19. Villanueva, que tiene 72 años, anunció hace una semana que se había contagiado de coronavirus y había sido trasladado a un hospital.

Pero como el caso del exgobernador todavía hay decenas de miles de expedientes a la espera. La coordinadora de CEA-Justicia advierte que antes de la pandemia había ya en los juzgados más de 45.000 casos de preliberaciones pendientes atrasados. “Durante la emergencia, los juzgados cerraron de manera preventiva y sacar adelante estos casos no se consideró una actividad esencial. Hay un invisibilización absoluta de la población privada de libertad y dentro de los centros hay muchas personas vulnerables”, señala Guerrero. Según datos de la Comisión, en junio había casi 22.000 personas con discapacidad, 6.665 adultos mayores y 7.145 indígenas en las cárceles mexicanas.