Diana Morant (ministra de Ciencia): "La Agencia Espacial Española será una realidad en 2023"

Diana Morant (Gandía, 1980) llegó a su nuevo cargo en julio de 2021 para sustituir a Pedro Duque al frente de Ciencia e Innovación, avalada por su carrera política en el Ayuntamiento de Gandía (Valencia), donde estuvo cuatro años en la oposición y seis como alcaldesa. Ingeniera de Telecomunicaciones, la titular de Ciencia se muestra convencida de que los fondos europeos representan una oportunidad histórica para impulsar la I+D+i en España, para elevar la participación de las empresas en el sistema de ciencia y para "dejar de lado los efectos negativos de una década de infrafinanciación por los recortes aprobados por el Ejecutivo del Partido Popular desde 2011".

Morant cree que el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (Perte), ligado al sector aeroespacial y que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, puede ser uno de los principales revulsivos. “Va a movilizar 4.533 millones de euros hasta 2025, de los que 2.193 millones serán públicos y 2.340 serán privados”, y 14.000 empleos en 10 años.

PREGUNTA: El Ministerio de Ciencia va a liderar el Perte aeroespacial. ¿Cómo lo valora y cuál cree que va a ser el impacto en el tejido productivo?

RESPUESTA: El Perte aeroespacial viene a incidir en un sector muy importante de España que tiene dos pilares: el aeronáutico y el espacial. Es un sector estratégico, ya que supone el 1,2% del PIB, más del 5% del PIB industrial; es un sector netamente exportador y el más intensivo en I+D+i. Este Perte, que abarca la aeronáutica y lo aeroespacial, lo coordina el Ministerio de Ciencia y moviliza una cantidad sin precedentes en I+D+i. Supone, por ejemplo, que en el ámbito aeronáutico España podrá diseñar, fabricar y comercializar una aeronave de manera completa. Ya tenemos esa capacidad. Nuestra ambición también es que se desarrolle el avión de hidrógeno, de manera que podamos alcanzar el hito de que la aeronáutica tenga emisiones cero. Y a la vez, el desarrollo de aeronaves autotripuladas.

En cuanto al área aeroespacial, nos falta poco para cerrar toda la cadena de valor. Ahora mismo podemos desarrollar las cargas útiles de los satélites, podemos fabricarlos, pero no los podemos lanzar al espacio. Con este Perte vamos a poder incorporar lanzadores en nuestro país. Uno de los proyectos más emblemáticos de este programa es una constelación que vamos a lanzar junto a Portugal. Se trata del primer plan que moviliza fondos de dos países diferentes. Vamos a lanzar ocho satélites cada uno que nos ayudarán en las políticas de observación para la lucha contra el cambio climático, la sequía o los cambios orográficos.

En paralelo, vamos a movilizar 700 millones de euros en dos años para ganar autonomía estratégica en energía a través del hidrógeno verde, el almacenamiento o la eólica marina. Esa cifra cuadruplica lo que invirtió el Gobierno del PP.

P: En el sector aeroespacial participan empresas estratégicas como Indra, con participación pública del 19%. ¿Este proyecto incluye la posibilidad de elevarla más allá [la Sepi tiene autorizado llegar al 28%] o de entrar en ITP Aero?

R: El Perte promoverá la inversión pública en sociedades mercantiles. Alemania es un buen ejemplo en ese tipo de políticas. El País Vasco lo es en España; en donde el 75% de los recursos para I+D+i los aporta el sector privado. La nueva Ley de la Ciencia va a generar un nivel de colaboración y aprendizaje que permitirá trabajar de forma colaborativa entre el sector público y el privado. Es el caso de ITP, que va a verse fortalecida por la acción del Gobierno de España, o de Airbus, cuya huella de I+D en España ha subido del 4% al 6% por los 50 millones en ayudas recibidas en 2021 del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Con la puesta en marcha de este Perte y el compromiso de inversión avanzado por la empresa, conseguirán llegar al 10% en 2025. Esto les va a dar más capacidad en su objetivo de desarrollar en la cola del avión la unidad de potencia con la tecnología del hidrógeno. Desde el CDTI vamos a sacar el próximo verano una convocatoria de 160 millones de euros para el desarrollo de esta tecnología.

P: ¿El proyecto también resuelve la asignatura pendiente de contar con una agencia española del espacio?

R: Somos el único país europeo que no tiene una agencia espacial. Tener una entidad para coordinarse con la Agencia Espacial Europea (ESA) y con otros países será beneficioso. La creación de la Agencia es uno de los hitos recogidos en la Estrategia de Seguridad Nacional y la percha es la Ley de la Ciencia, que, si se cumplen los plazos, estará aprobada en junio. A partir de ese momento podríamos empezar los trámites y prevemos que la Agencia Espacial Española (AEE) sea una realidad en un año, en 2023.

P: ¿Dónde estará ubicado este organismo de nueva creación?

R: Todavía no está decidido. No obstante, el Consejo de Ministros aprobó recientemente un instrumento a través del cual todas las entidades de nueva creación deben contar con una ambición de desconcentración o descentralización geográfica.odavía no está decidido. No obstante, el Consejo de Ministros aprobó recientemente un instrumento a través del cual todas las entidades de nueva creación deben contar con una ambición de desconcentración o descentralización geográfica.

P: Sevilla se postula. ¿Queda descartada Madrid como sede?

R: Nadie descarta Madrid, pero la Administración General del Estado debe generar oportunidades en todos los territorios para que puedan optar para acoger las sedes de organismos que se convierten en traccionadores de la actividad económica.

P: Otro de los ejes del Perte aeroespacial es la creación de un cielo único europeo. ¿Cuáles son los principales objetivos?

R: El Perte contiene herramientas de otros Ministerios. En concreto la propuesta de la creación de un cielo único europeo corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y consiste en avanzar en las medidas para estar en el cielo único europeo, que es el estándar que ha puesto Europa para el control del tráfico aéreo. Hasta ahora, el control se hace desde tierra y ahora también se hará desde el cielo.

P: Otro de los pilares de la estrategia del ministerio es la nueva Ley de la Ciencia. ¿Cuándo prevé que entre en vigor y cuáles cree que son los elementos transformadores?

R: La Ley de la Ciencia es un compromiso que tenemos con Europa de cara a los fondos Next Generation. Para poder utilizar los 140.000 millones de euros que recibiremos, el Gobierno se ha comprometido a hacer reformas que fortalezcan esa inversión. Y una de ellas es la Ley de la Ciencia. Uno de los grandes objetivos es mejorar la calidad científica y ofrecer estabilidad a los investigadores, con una carrera profesional previsible, que no tenga que estar pendiente de convocatorias. En esa norma ha desaparecido el contrato de obra y servicio y ha sido sustituido por el indefinido para evitar la ruptura de los contratos de investigación. Era tan prioritario que lo hemos sacado finalmente de la ley y se aprobará en las próximas semanas, ya que irá integrado dentro de los cambios aprobados en la reforma laboral.

 Otra prioridad es la recuperación del empleo perdido en la última década. En los dos últimos Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez se han aprobado tasas de reposición expansivas y en el último ejercicio se activó la tasa de reposición más grande en 15 años. De 2011 a 2019 se destruyeron 5.000 plazas de investigadores, como fruto de los recortes del gasto público, ya que no se reponía ninguna jubilación. Con las actuales tasas, si se jubilan diez investigadores, se reponen doce, de manera que vamos recuperando lentamente aquello que se fue destruyendo desde 2011.

P: España se ha comprometido ante Bruselas para alcanzar una inversión público-privada en I+D+i equivalente al 3% del PIB en 2030, en línea con los objetivos del resto de países europeos. ¿Cree que es una meta realista por la fuerte brecha existente con el actual nivel del gasto y por la escasa implicación del sector privado?

R: Hemos blindado una financiación estable y creciente para la Ciencia, de manera que el nivel de inversión en I+D+i en 2030 sea del 3% del PIB. Al sector público le corresponde el 1,25% y a la iniciativa privada el 1,75%. Son objetivos realistas porque España no se puede permitir perder más trenes. La receta de la salida de la crisis de 2008 nos llevó a una década de ajustes. La austeridad y los recortes provocaron una recuperación muy lenta de la recesión y el modelo productivo no cambió.