Racionalizar el debate sobre la ganadería

El debate político sobre el sector ganadero se ha calentado a niveles astronómicos. La polémica se centra en la cuestión de si España trata la agricultura y sobre todo la ganadería de manera sostenible o no. Nuevamente, parece que cometemos el mismo error de siempre: olvidamos hacer lo fundamental, que es fijarnos en los hechos, definir conceptos, analizar la situación actual objetivamente e investigar cómo hacer las cosas mejor.

Primero, debemos aceptar que un modelo sostenible a largo plazo se sustenta en pilares estratégicos: economía, el factor social, la salud y el medioambiente. Resulta fundamental trabajar integralmente de forma transversal para provocar cambios estructurales. Comunicamos polarizados y en titulares. Abundan fake news en un debate incendiario respecto a una cuestión casi nunca analizada en profundidad, y a menudo desvirtuada en origen.

Cuando debatimos sobre el estado del sector agrario también es así. Gestionar una granja de manera extensiva o intensiva, por ejemplo, no está claramente definido. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoce que no hay una clasificación oficial para los términos, salvo en el caso de los porcinos, lo cual da lugar a malentendidos y generando más confusión.

En España contamos con un sector agroalimentario que es fundamental para la economía, y que generó un 3,4% del PIB (Eurostat e INE) en 2020, con su mejor resultado respecto a los últimos 15 años en pandemia. La industria cárnica representa el 23% del volumen de negocio agroalimentario del estado y sitúa a España en el top 4 de la UE.

Aunque el sector crece en peso y tamaño, sabemos que hay temas que preocupan. Primero, sabemos que comemos demasiada carne. Según datos del Ministerio, consumimos el doble de la cantidad aconsejada por la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). Siguiendo sus recomendaciones no deberíamos pasar de unos 500 gramos semanales. A las preocupaciones sobre salud se suman las desproporciones en la cadena de aprovisionamiento.

El Ministerio elabora un índice sobre la evolución anual de los precios que perciben el agricultor y el ganadero por la venta de los productos agrarios. A finales de 2019, este índice, que mide la media de los 12 meses precedentes, se encontraba en su nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica en 2015, y sigue así. En 2020 el precio de venta al público de ternera fue cuatro veces su precio de cotización en el campo, mientras que las patatas se vendieron siete veces más caras que el precio de origen. Agricultores y ganaderos se quejan de esta situación con razón y reclaman un precio justo para sus productos. Además, si queremos evitar que el precio siga siendo el principal argumento para aumentar la producción a mayor escala, como vemos con algunas (macro)granjas inmensas, necesitamos cambios contundentes para salir de la polarización de dos modelos opuestos. En este sentido, hablamos sobre cuánto, pero no sobre cómo se produce.

Soluciones

Por ejemplo, debemos definir diferentes grados de intensidad para poder facilitar la gestión de las granjas. Hay que definir la regulación sobre la cantidad de animales, la frecuencia de las inspecciones, los estándares de higiene, la calidad de la alimentación y el trato de los animales en general. Si sabemos cómo gestiona un ganadero o agricultor su negocio y recursos, el impacto que provoca (huella ecológica) y qué calidad de producto realiza será mucho más fácil sancionar o premiar sus esfuerzos. También ofrecerá más transparencia para los consumidores, pudiendo elegir entre un producto más o menos sostenible. Europa debería tomarse el etiquetado de calidad como una ISO imprescindible para el consumidor y para garantizar la trazabilidad del producto.

En teoría, el pacto de Política Agraria Común (PAC) de la UE controla el mercado subvencionando al productor. Los propios datos de la Comisión Europea (2019) aclaran una queja continua sobre su función: el 75% de las ayudas fueron consumidas por solo un 15% de las granjas. Además, se critica la destinación de los fondos porque los pagos directos superan la inversión en el desarrollo rural de manera desproporcionada (un 77% frente a un 23%, respectivamente). El marco europeo parece generar una paradoja: las instituciones que proponen trabajar de manera más sostenible incentivan a pocas grandes empresas y complican así la supervivencia de las pequeñas granjas.

Necesitamos cambios en el sistema de regulación en Europa y en España. Consensuar reglas y definiciones, establecer una estructura transparente para la propia producción y el consumidor final. La ética se encuentra en el sentido de responsabilidad de los intermediarios, la industria y los supermercados, ofreciendo márgenes justos al agricultor y ganadero.

El Pacto Verde Europeo, iniciado en 2020, proporciona la hoja de ruta de la Comisión Europea para lograr que la economía de la UE sea sostenible. En él se indica que los Planes Estratégicos Nacionales de la PAC deben reflejar plenamente la ambición de este Pacto Verde. Una de las iniciativas clave es lograr un sistema alimentario saludable, justo y medioambientalmente sostenible desde la estrategia De la granja a la mesa. En ella se abordan los desafíos a los que se enfrentan los sistemas alimentarios sostenibles. Contiene un Plan de Acción con 27 medidas a adoptar hasta 2024.

España tiene que invertir en la innovación y premiar las buenas ideas, incentivar empresas a buscar mejoras constructivas. La universidad es un pilar fundamental, como plataforma de encuentro de las diferentes partes implicadas, un sitio para proponer soluciones también. Debemos y podemos hacer las cosas mejor, pero lo tenemos que hacer juntos.

Bram-Kees Trouwborst es director del Máster en Food and Beverage Sustainable Entrepreneurship de la Universitat Abat Oliba CEU