Descontinuado

Descontinuar. Esa es la palabra precisa que el ministerio de Hacienda eligió para describir lo que instruye el Oficio Circular N° 16, firmado por el ministro de la cartera Jorge Quiroz el 21 de abril de 2026. En términos comunicacionales, es un concepto para describir algo que será sacado del catálogo, es decir, algo que ya no estará disponible para los potenciales clientes. Lo que se descontinúa sale del catálogo, deja de ofrecerse, no porque haya dejado de ser necesario, sino porque ya no es viable mantenerlo en la línea de producción. Hay que reconocer la sofisticación del término para instalar con suavidad el anuncio. Conceptos alternativos como recorte o eliminación suenan más toscos; descontinuar, en cambio, desplaza la agencia con elegancia suficiente para que nadie resulte responsable de nada; simplemente, algo deja de existir porque su ciclo terminó, como si la protección social fuera equivalente a una línea de electrodomésticos que ya no se fabrica. El problema es que, llevado al ámbito de las políticas sociales, lo que se descontinúa no desaparece; solo cambia de lugar o se invisibiliza.

La comunicación oficial intentó minimizar el impacto del Oficio N° 16; para algunos se trataría de un borrador, una recomendación, un documento de trabajo. El problema es que el oficio invoca la Constitución, citando expresamente su artículo 67 y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, e instruye a todos los ministerios a formular el presupuesto 2027 y la programación financiera 2028-2031 bajo las restricciones que indica. Sus anexos clasifican la oferta programática del Estado en tres categorías: sin observaciones, ajuste presupuestario de al menos 15%, y descontinuar. En total, 142 programas recomendados para descontinuar y ajustes en otros 260, con un ahorro proyectado que ronda la promesa de campaña del ajuste fiscal por 6.000 millones de dólares. En este sentido, no se trata de una polémica semántica, es el fiel reflejo de una hoja de ruta conocida y anticipada.

La geografía del recorte no es aleatoria. En Educación, el Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB, que alimenta diariamente a más de dos millones de niños, aparece en la columna “descontinuar”. También el PACE, que lleva a la universidad a estudiantes de liceos vulnerables que de otro modo nunca llegarían. También el Programa Nacional de Lectura, la Reinserción Escolar, el Sistema de Inducción y Mentoría Docente, el Plan Nacional de Escritura. En Salud, los 24 programas recomendados para descontinuar incluyen la Prevención del Suicidio, la Salud Mental en Atención Primaria, los Cuidados Paliativos Universales, la Hospitalización Domiciliaria y la atención odontológica integral. En otras carteras, desaparece el Programa de Derechos Humanos de la subsecretaría respectiva, el Plan Calles Sin Violencia y el Programa contra el Crimen Organizado.

Aquí es donde el caso argentino ofrece una advertencia que Chile haría muy mal en ignorar. Hace algunos meses, el Gobierno de Javier Milei celebró una caída significativa de la pobreza medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina; una reducción abrupta que fue presentada como un éxito de gestión. Pero investigaciones posteriores mostraron que lo que había caído no era necesariamente la pobreza material, sino la infraestructura institucional que la medía, eran menos comedores financiados, menos registros activos, menos dispositivos territoriales. Menos Estado mirando, en definitiva. El dato cayó porque cayó la capacidad de ver.

Este mecanismo, que la literatura sobre políticas públicas denomina invisibilización institucional, es precisamente lo que el Oficio N° 16 activa en Chile. Un programa social no es solo una prestación, es simultáneamente un dispositivo de producción de conocimiento sobre la realidad que atiende. El Servicio de Protección Especializada a la Niñez no solo protege niños, registra cuántos están en riesgo, dónde y por qué. El programa de Prevención del Suicidio no solo interviene en crisis, produce la evidencia sobre la que descansa cualquier política futura de salud mental. Desfinanciarlos no resuelve el problema que abordan. Lo convierte en un problema sin datos, y un problema sin datos, en la lógica del ajuste, es un problema que no existe. La profecía se cumple porque se diseña para cumplirse; es decir, menos recursos producen menos casos atendidos, menos casos producen menos evidencia, y menos evidencia alimenta la tesis de que el problema estaba sobredimensionado. No es una distorsión del mecanismo. Es su funcionamiento preciso. Que un ministro declare que la mejor política social es el pleno empleo, no es una frase desafortunada; es la descripción más honesta de una visión del Estado que lo libera de sus obligaciones con quienes el mercado laboral no puede, ni podrá, absorber.

La pregunta sobre si Chile debe o no ajustar su gasto público es una discusión legítima que merece darse con toda su complejidad. Pero la pregunta que el Oficio N° 16 instala, es otra y más profunda. ¿Hasta qué punto puede un Estado retirar su capacidad de verse a sí mismo antes de que el dato oficial deje de reflejar la vida real de quienes lo habitan? En el lenguaje del catálogo, un producto descontinuado simplemente deja de figurar en los pedidos futuros; en el lenguaje del Estado, lo que se descontinúa no es un producto; son las condiciones bajo las cuales ciertos ciudadanos existen como problema público, como sujetos de derecho, como asunto del que alguien es responsable. Cuando esas condiciones desaparecen, la vulnerabilidad no desaparece con ellas; solo deja de ser visible para el único actor con capacidad y obligación de hacerse cargo. En Chile hoy no se está descontinuando gasto ineficiente; se está descontinuando la posibilidad de que el Estado sepa a quién le debe una respuesta.