El Senado de Chile aprueba una acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa y lo destituye de su cargo
El abogado, a quien se le vincula con Luis Hermosilla, protagonista del bullado ‘caso Audios’, no podrá ejercer cargos públicos durante cinco años
El Senado de Chile aprobó este lunes la acusación constitucional en contra del ahora exjuez Antonio Ulloa Márquez por “notable abandono de deberes” y otras irregularidades reveladas durante la investigación por el escándalo del caso Audios. La mayoría de los senadores votó a favor de los tres capítulos del libelo acusatorio, por lo que el jurista quedó removido de su cargo como magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años y se pone fin a su carrera de 36 años en el poder judicial.
Al abogado, de 61 años, se le responsabilizó de haber traspasado información de acuerdos y de las cortes al influyente penalista Luis Hermosilla, protagonista del caso Audios que se destapó en noviembre de 2023; de intervenir en nombramientos y ascensos judiciales, y de no haberse inhabilitado en causas en que tenía cercanía con los intervinientes.
Ulloa estaba suspendido de sus funciones como magistrado, pero se mantenía en su cargo debido a que, el 30 de septiembre, la Corte Suprema no reunió el quorum necesario para su destitución. Esto dio paso a que los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini impulsaran una acusación constitucional en contra del jurista.
Hasta este fin de semana persistía la incertidumbre debido a la posibilidad de no conseguirse el quorum requerido como sucedió en la Corte Suprema. Pero la acusación constitucional fue respaldada mayoritariamente, tanto por el oficialismo como la oposición. El primer capítulo del libelo, referente a la “falta al deber de la reserva”, fue apoyado por 44 de los 47 senadores presentes en la sección. El segundo, que acusaba a Ulloa de ser parcializado en algunas causas, obtuvo 27 votos a favor, ocho en contra y ocho abstenciones. Y el último, relacionado con la intervención de nombramientos, fue respaldado por 30 parlamentarios, frente a siete que estuvieron en contra y ocho abstenciones.
Poco antes de ser visto en el Senado el futuro de Ulloa ya era debatido por candidatos presidenciales. El domingo, Jeannette Jara, carta de la izquierda y la Democracia Cristina (DC), pidió votar a favor de la acusación constitucional. “El combate a la corrupción exige coherencia, transparencia y compromiso. Este lunes el Senado tiene la oportunidad de demostrar que en nuestro país no hay espacio para la impunidad, sin importar el cargo ni el color político”, escribió en su cuenta en X (antes Twitter). Y el sábado, la abanderada de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, también había indicado en esta red social que “todo Chile estará mirando lo que pase el lunes en el Senado, respecto al ministro Ulloa” y pedía al fiscal nacional, Ángel Valencia, considerar “la urgente designación de un fiscal especial para investigar a fondo la nueva posible red de corrupción en la justicia”. En tanto, el parlamentario y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, había votado en la Cámara de Diputados, a finales de octubre, a favor de la destitución del juez.
“Una vendetta política”
Tras conocer la decisión, Ulloa dijo que la proceso fue “totalmente injusto” y que se tramitó “en pleno periodo electoral”. Su actitud era distinta al entrar a la sesión del Senado, cuando aseguró a periodistas en el Congreso que estaba tranquilo porque tenía la convicción de que no estaba faltando a sus deberes y que ya había sido sancionado por el máximo tribunal, aludiendo a medidas disciplinarias que se le aplicaron como la suspensión de su cargo por dos meses y la rebaja de su sueldo. “Tengo la convicción de que esta acusación constitucional es una vendetta política en la cual participan lógicamente los acusadores”, dijo. Y acusó de estar detrás de ello a los diputados Manouchehri y Cicardini.
“No puedo decir que no he incurrido en imprudencias, pero no formo parte de ninguna red de corrupción”, dijo el exjuez. Ulloa es cercano a la exmagistrada de la sala constitucional Ángela Vivanco, destituida en octubre de 2024 por sus vínculos con Hermosilla y estar involucrada en una arista del caso Audios.
El miércoles, la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, fue detenido junto a otros dos abogados, Mario Vargas y Eduardo Lagos, mientras la Fiscalía indaga si incurrieron en tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho y lavados de activos, un ángulo que se abrió luego de las resoluciones a favor del Consorcio Bielorruso Belaz-Movitec (CBM), representado por Vargas y Lagos, mientras Vivanco era magistrada en 2024.