Ciclo electoral: momento para la competencia

En torno a la reforma del sistema de pensiones aprobada en enero, se produjo un debate sobre el valor de los acuerdos o pactos en política. Quienes acusaron de traidores o entreguistas a los senadores y ministros que articularon el acuerdo de pensiones, parecen no entender (o no compartir) que la esencia de la democracia y la política es articular diferencias y encontrar puntos de encuentro dentro del perímetro de lo posible para resolver las necesidades de los ciudadanos.

Sin embargo, así como hay tiempos para los acuerdos, también los hay para que las ideas compitan para desafiar ese perímetro de lo posible. Momentos, como el ciclo de campañas que estamos prontos a iniciar, en los que los aspirantes a dirigir el destino del país o a representarlo en el parlamento, señalen cuáles son los retos prioritarios (pocos pero sustantivos) y propongan, para enfrentarlos, políticas públicas innovadoras y ambiciosas que, basadas en la evidencia y en la ciencia, representen sus ideas. Este es un momento fundamental de la democracia, pues lo que no se expone, delibera y debate, luego difícilmente será parte de la agenda del gobierno y del congreso o tendrá la legitimidad para ser implementado.

Desde la política -con encuestas, focus group y análisis de expertos electorales en mano- se dirá una vez más que sólo habrá espacio para plantear en campaña pocas medidas eficaces para enfrentar las urgencias ciudadanas como seguridad, empleo o salud, pero no para reformas institucionales o regulatorias de largo plazo para enmendar las fallas tectónicas presentes en la institucionalidad pública, económica y educacional, por nombrar algunas. Para ellas, ya vendrá el momento cuando exista un gobierno con mayoría parlamentaria. Como si la incapacidad de más de una década para dar respuesta a las urgencias ciudadanas, nada tuviera que ver con esas fallas institucionales.. Como si la viabilidad política para corregirlas, no pasara por liderazgos que sistemática y permanentemente las conecten con la ciudadanía, especialmente en tiempos de campaña.

A esta altura la evidencia acumulada es abrumadora sobre las limitaciones que imponen estas fallas institucionales:

En el ámbito de la educación, ¿es solo falta de voluntad de las autoridades el que no se escalen modelos educacionales que están haciendo la diferencia en las salas de clases en distintos rincones del país y del mundo? ¿O son los sesgos contra la colaboración del mundo privado —con o sin lucro—enquistados en el marco regulatorio existente lo que lo dificulta?

En el ámbito de la inversión, ¿Es solo falta de liderazgo político el que Chile no entregue en forma oportuna y competitiva más yacimientos, terrenos fiscales, espacios marinos y permisos para acelerar el desarrollo sostenible de litio, data centers, observatorios astronómicos y acuicultura a la velocidad que el mundo demanda? ¿O son las restricciones o incertidumbres normativas las que impiden que ello ocurra?;

Asimismo, ¿son sólo las personas que integran el Consejo de Ministros o la tercera sala de la Corte Suprema las responsables de eternizar la tramitación de proyectos de inversión? ¿O bien son las fallas estructurales del procedimiento de evaluación ambiental las que permiten que se eternicen sin resolución las controversias?

En el ámbito de la modernización de la institucionalidad pública, ¿Es sólo falta de liderazgo la razón por la que no se cierran programas públicos mal evaluados o no se desvinculan funcionarios públicos que persistentemente tienen un mal desempeño o cuyas funciones se encuentran duplicadas o dejaron de ser necesarias? ¿O será que la casi inexistente evaluación de programas por parte de un órgano técnico autónomo, junto con las rigideces en el estatuto administrativo o los erróneos incentivos formales e informales de los funcionarios públicos, tienen algo que ver?

Y en el ámbito político de la institucionalidad pública, ¿son acaso las personas elegidas para representarnos en el parlamento las que tienen una tendencia particular hacia los conflictos, la polarización y el populismo? ¿O es el diseño del sistema político-electoral el que desincentiva los acuerdos basados en la evidencia?

En este escenario cabe preguntarse, entonces, qué rol le cabe a la sociedad civil, a la academia y a las organizaciones empresariales para romper esta dañina inercia. Nos compete mantener activos en el debate público desafíos de largo plazo como los mencionados, plantear propuestas innovadoras y ambiciosas para enfrentarlos, mostrar la evidencia en que se sustentan y las ideas que las respaldan. Para luego propiciar una deliberación en torno a ellas, contrastándolas con otras, y así contribuir a que se conecten con la ciudadanía y la política. Habrá propuestas que atraerán más convergencia que tendrán la oportunidad de incorporarse a la agenda política, otras generarán más controversia y deberán seguir compitiendo en el debate público.

Lo que es claro es que el país no resiste otro ciclo electoral donde se le presente a la ciudadanía un reformismo carente de ambición e innovación, profuso de voluntarismo, efectismo y cortoplacismo que omite los retos institucionales de largo plazo. No vaya a ser que el espacio vuelva a ser ocupado por proyectos refundacionales, rupturistas o populistas de alto riesgo. Si bien Chile pudo resistir esa tentación una vez, los vientos rupturistas, de lado y lado, están soplando fuerte en el mundo.