El Gobierno de Boric defiende que hizo pública la denuncia de acoso sexual contra el presidente para “avanzar y esclarecer” lo ocurrido
La portavoz de la Administración de izquierdas insiste en que la acusación “es falsa” y que el jefe de Estado padeció el hostigamiento y acoso vía correo electrónico de la denunciante 10 años atrás
El Gobierno chileno ha salido a explicar este martes por qué esperaron un mes para hacer pública la denuncia de acoso sexual y difusión de imágenes privadas realizada por una mujer contra el presidente Gabriel Boric por hechos supuestamente ocurridos 10 años atrás. La portavoz de la Administración de izquierdas, Camila Vallejo, sostuvo que se decidió comunicar el caso porque pasó un mes desde el último contacto con la Fiscalía a cargo de la investigación y transparentar la situación “era importante que para avanzar y esclarecer los hechos”. El Ministerio Público ha señalado esta tarde que el presidente “está como imputado” en la causa que se encuentra en calidad de desformalizada.
Vallejo ha defendido que la víctima es el presidente Boric, que padeció acoso cibernético de parte de la denunciante cuando éste realizaba su práctica profesional en Punta Arenas en 2013 y durante su primer año como diputado en 2014. La denuncia contra la máxima autoridad del país fue presentada por una mujer el pasado 6 de septiembre ante la Fiscalía Regional de Magallanes, en el extremo sur de Chile. Este lunes pasadas las 21.30 horas el abogado del mandatario, Jonatan Valenzuela Saldías, negó la acusación: “El presidente de la República rechaza y desmiente categóricamente la denuncia, así quedará demostrado en la instancia que correspondiente”, señaló en la misiva.
La portavoz de Gobierno detalló que el presidente se enteró de la denuncia el pasado 26 de septiembre y el comité político fue informado por el propio Boric el pasado 24 de octubre, antes de las elecciones municipales y de gobernadores. “Queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia”, apuntó Vallejo en un punto de prensa en La Moneda. “Gracias a que hemos hecho público esto, hoy día, después del punto de prensa del abogado representante, el fiscal a cargo ha tomado contacto con el abogado del presidente Gabriel Boric y esperamos que se pueda coordinar cuanto antes una reunión, porque lo que necesitamos como Gobierno y como país es que rápidamente se esclarezcan los hechos”, añadió.
El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, quien está a cargo de la investigación de la denuncia contra Boric, ha indicado a través de un video que la causa “se encuentra en calidad de desformalizada con diversas diligencias pendientes” e indicó que tiene carácter de reservada. Además, comentó que “desde el día uno se ha ofrecido a la víctima atención y asesoría en todas actividades de la causa”.
Entre julio de 2013 y julio de 2014, el abogado del presidente dice que éste fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad. “Se le enviaron 25 correos desde distintas direcciones de emails por parte de la misma persona, incluyendo en uno de ellos el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito”, dijo esta mañana Valenzuela. El abogado penalista aseguró que, 10 años después, “la remitente de los correos presentó una denuncia sin fundamento alguno” en contra de Boric: “Desde julio de 2014, no existió ninguna clase de comunicación entre mi cliente y la remitente de esos correos. Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella″.
El 22 de octubre el abogado defensor del mandatario se reunió personalmente con el fiscal regional de Magallanes y le entregó todos los correos existentes, los que son “meridianamente esclarecedores”, remarcó.
El medio nacional The Clinic ha revelado esta tarde que la denunciante ha cursado tres procesos judiciales durante este año. El último de ellos, ocurrido de 9 noviembre, fue un robo con intimidación a una estación de servicios en la ciudad de Villa Alemana, en la zona central, por el que recibió una pena de cárcel de tres años y un día, que luego fue sustituida por libertad vigilada intensiva. Los otros delitos fueron amenazas simples y desórdenes públicos. En 2021 fue imputada por lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar y, por orden del tribunal, debió asistir a sesiones dedicadas a la salud mental.
Tras conocerse la denuncia, la oposición ha acusado a La Moneda por la demora en dar a conocer públicamente la información que afecta al jefe de Estado. El Partido Republicano, de la extrema derecha, presentó el “más enérgico rechazo a la decisión del Gobierno de ocultar esta denuncia a la opinión pública durante más de dos meses y por engañar a la ciudadanía, claramente motivado por un interés político electoral, hasta el día siguiente de las elecciones municipales y de gobiernos regionales”. La Moneda decidió hacer pública la denuncia al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores.
La denuncia llega cuando el Gobierno de Boric tiene enquistado el caso de Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior de la Administración de izquierdas formalizado y en prisión preventiva por los delitos de violación y abuso sexual a una subalterna.