Zoom al bolsillo fiscal del Gobierno de Gabriel Boric para 2025

El gasto fiscal de Chile aumentará en un 2,7% en 2025 para destinar mayores recursos a la seguridad pública, social y económica, según el proyecto de ley del Gobierno de Gabriel Boric ingresado el lunes en el Congreso. El alza del erario supera levemente al crecimiento del 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado por la Administración de izquierdas para el próximo año, pero ha generado preocupación entre algunos economistas debido a un crecimiento de la deuda pública mayor a la recomendación del 1,6% o menos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entre 2025 y 2028.

Ya desde la Cámara de Diputados se avizora que este será una de las aristas más relevantes en la discusión. O, al menos, así ha afirmado el parlamentario independiente y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Carlos Bianchi, quien asegura que Chile no puede seguir endeudándose: “Uno de los puntos que seguramente generará mayor debate será que crezca más el gasto público con respecto a lo que puede crecerse económicamente”.

La deuda neta del país se acerca a la línea roja del 45% del PIB. Sólo en 2023 se ubicó en un 34,4%, lo que representa un alza cercana al 30% en tres años. Aunque es uno de los países con los menores niveles en América Latina, el crecimiento del endeudamiento ha comenzado a generar preocupación, sobre todo en medio de las mayores presiones de gastos por emergencias y en un entorno de menor recaudación fiscal. El CFA, un organismo independiente que tiene como fin contribuir con el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno, ha alertado que ya no hay espacio para un incremento del gasto público.

El proyecto para 2025 contempla un gasto público de 82,5 billones de pesos (91,8 millones de dólares). El Ministerio de Hacienda ha explicado que este monto es posible debido a los mayores recursos procedentes de dos nuevas fuentes de financiamiento permanente: el royalty minero y la recién aprobada ley de cumplimiento tributario. Sólo con esta última normativa, que busca combatir la evasión fiscal y la informalidad en la economía, se espera una recaudación de 1.200 millones adicionales en 2025, lo que equivale a un 0,4% del PIB.

Mario Marcel, ministro de Hacienda, asegura que el presupuesto se ha formulado con pleno cumplimiento de las metas de política fiscal y sostenido que la economía tendrá un mejor panorama en 2025. “Para el próximo año vamos a estar con una situación financiera más holgada que la que hemos tenido”. Ante los cuestionamientos, el ministro ha recordado que la política fiscal en Chile se fija de acuerdo con el balance estructural y sobre esa base se determina la expansión del gasto fiscal. Y, además en una entrevista con radio ADN, ha dicho que se reducirá el déficit fiscal estructural a 1,1% del PIB, lo que permitirá que se estabilice la deuda pública.

Matías Acevedo, exjefe de la Dirección de Presupuesto (Dipres) durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y actual investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad CIES de la Universidad del Desarrollo, ha sido una de las voces más críticas respecto a la nueva propuesta de presupuesto: “Los ingresos fiscales permanentes se sobreestimaron en 1.800 millones de dólares el 2024 (cercano al 0,5 punto del PIB). Y este será el ajuste que deberá realizar el Gobierno para cumplir con la meta de balance fiscal de este año. Considerando ese nivel de error, no se puede comparar con el proyecto de ley presentado para 2025, ya que la ley aprobada en 2024 quedó obsoleta y no refleja el verdadero impulso fiscal que se dará al 2025 (que será a lo menos un 3.8% no 2.7% como señala el Ejecutivo”.

Los economistas no sólo consideran que el aumento del gasto público será difícil si el PIB se mantiene por debajo del 3% en Chile, sino que el engordamiento de la deuda limitará a los próximos gobiernos. De ahí que Acevedo afirma que se requiere que las fuerzas políticas y técnicas consoliden un pacto transversal para impulsar el crecimiento.

Los detalles del proyecto de presupuesto de 2025 se conocerán esta semana, cuando se inicie su tramitación en el Congreso, donde cuenta con un plazo de 60 días para su despacho a ley. El economista Guillermo Larraín, quien fue superintendente de Valores y Seguros en las Administraciones de los socialistas Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006- 2010, 2014-2018), considera que el presupuesto está en la línea de la estabilización fiscal en Chile, aunque no a la velocidad que se quisiera: “Eso es una señal importante de destacar. Ahora, el Gobierno deberá explicar durante los siguientes días por qué no logró llegar a la cifra recomendada (por el CFA). Se debe pensar en varios acontecimientos, entre ellos que el gasto en intereses ha subido en los últimos años. Hay varios gobiernos responsables de haber acumulado deuda. El escenario se hace más complejo porque estamos en un contexto de demandas de seguridad pública, sociales y económicas”.

En 2008, la deuda chilena se localizó en su nivel más bajo. Se podría decir que el país figuraba como acreedores netos del resto del mundo. Justo ese año se produjo la crisis de las hipotecas subprime, que derivó en un colapso de los mercados tan drástico que obligó a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y otros bancos centrales en el mundo a inyectar cientos de miles de millones y a bajar los tipos de interés. En Chile se desató una demanda por incrementos en los gastos públicos, la que siguió en los siguientes años.

A pesar de que distintos gobiernos han intentado realizar reformas tributarias para financiar esta deuda, no ha sido posible. “Se ha ido acumulando la deuda. Con un contexto de tasa de interés más alta, que fue lo que pasó durante el año pasado y hasta ahora, entonces la carga financiera de esa deuda sigue creciendo también. Eso nos tiene que llamar a todos a la reflexión”, explica Larraín.