El complejo escenario de Ángela Vivanco, la jueza de la Corte Suprema chilena cuyo teléfono está en poder de la Fiscalía

Por orden de la Fiscalía Regional de Los Lagos, un equipo de carabineros ha incautado este miércoles el teléfono móvil y el ordenador de la jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de una investigación penal en contra de la magistrada por posibles irregularidades en “la tramitación y conocimientos de causas” en un caso que enfrentó a la firma de capitales bielorrusos Consorcio Belaz Movitec Spa con la cuprífera estatal chilena Codelco. La entrega de los aparatos tecnológicos ha sido voluntaria en la casa de la abogada. La operación llega dos días después de que el máximo tribunal abriera un cuaderno de remoción en contra de la ministra –un expediente que pavimenta el camino para su salida del Poder Judicial– y la suspensión de sus funciones. La extrema decisión surgió luego de que se conocieran unos chats que sostuvo con el influyente penalista Luis Hermosilla, principal imputado en el caso Audios.

Las conversaciones que salpicaron a Vivanco revelan que le pidió ayuda al abogado Hermosilla para ser nominada en la Suprema; cómo intentaba, ya como ministra, vetar designaciones de magistrados y apoyar el ascenso de otros y, además, compartir información de causas de interés, según los WhatsApp que sostuvo entre 2018 y 2023 publicados por Ciper Chile. Debido a “la gravedad de los hechos”, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, además de las sanciones inmediatas, le dio a Vivanco un plazo de 20 días para que entregue un informe en el que detalle, punto por punto, las irregularidades que se ventilan en gran parte de sus chats con Hermosilla.

Entre los requerimientos de Blanco, decididos en un pleno extraordinario del máximo tribunal, le piden explicaciones a la magistrada por su “interferencia” en procesos de nominaciones, como el del Fiscal Nacional en 2022 y el de un conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón. Se añade su intervención en vetar y apoyar el nominaciones de jueces de cargos altos “en coordinación con Luis Hermosilla”; su “intromisión” en causas que estaban en tramitación en salas de la Corte Suprema coordinada con el abogado; la “entrega de información en causas relacionadas con miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas” (que se tramitan en la sala donde trabaja Vivanco) antes de que la sentencia fuera firmada y notificada oficialmente, además de “efectuar recomendaciones procesales a Luis Hermosilla” y de concertarse “para obtener el nombramiento de miembros de la Suprema afines a sus intereses”.

La defensa de la ministra, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, solicitó a la Fiscalía que les entreguen las copias íntegras de los chats que se le atribuyen con Hermosilla “para poder contrastarlos, verificarlos, hacer un control cruzado si efectivamente están íntegros, completos, no editados, si existen, cuál es su contexto”.

El juez Blanco solicitó al Ministerio Público poder acceder a los chats de Vivanco con Hermosilla. La defensa de la magistrada, sin embargo, activó este miércoles dos vías para bloquear la petición. En una misiva enviada a la Corte Suprema, según medios locales, le pidieron que declinara la petición formalizada este martes en la Fiscalía porque “infringe el ordenamiento jurídico y desconoce la naturaleza jurídica del procedimiento de remoción”. Además, reza el documento, no existe “fuente legal alguna” que autorice al pleno de la Suprema para hacer la solicitud “y acceder por su intermedio a conversaciones privadas”. Bajo el argumento de la protección a la vida privada, la defensa planteó que la Fiscalía Nacional, como órgano encargado de la custodia de la base de datos para poder “tratar los chats Hermosilla”, requiere para su entrega a terceros “una fuente legal que lo autorice o el consentimiento de sus titulares, ambas materias que no existen en autos”.

Al fiscal nacional Ángel Valencia, por su parte, le enviaron una carta con el mismo contenido que la anterior, pero añadiendo que se oponga a la solicitud “de entrega unilateral de información que se ha indicado”.

Vivanco fue nombrada jueza de la Suprema en 2018 por el expresidente de la derecha tradicional Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), y ratificada por una mayoría del Senado. Cuatro meses antes de su aterrizaje en el alto tribunal, la abogada contactó a Hermosilla para pedirle apoyo, ya que el penalista era un importante asesor jurídico del Ministerio del Interior que encabezaba Andrés Chadwick, primo de Piñera y su principal consejero político.

Vivanco se encuentra suspendida de su puesto y a partir del tiene tiene un plazo de 20 días para contestar a los cargos. En la Corte Suprema es parte de la sala constitucional, una de las más influyentes del Poder Judicial por las materias que resuelve a través de recursos de protección de casos de medioambiente, derecho a la salud y a la seguridad y temas de libertades públicas.

Según los chats filtrados por Ciper, en febrero de 2021 Hermosilla le preguntó a la jueza si existía la posibilidad de que integrara una sala distint a suya, la de materia penal, en el marco de una causa relacionada a un recurso contra la Policía de Investigaciones, PDI. También hay conversaciones en las que Vivanco habría tratado de influir, junto al penalista para impulsar candidaturas a la Suprema y bloquear otras.