Desplazamiento desde Venezuela, migración irregular y teoría de la disuasión

Ante el difícil escenario que se vive en Venezuela luego de las recientes elecciones, la respuesta de varios países ha sido reforzar sus fronteras y prepararse para “detener” eventuales flujos de migración irregular. Si bien los hechos recientes pueden haber acentuado estas medidas, son acciones que distintos países ya han venido impulsando y discutiendo desde hace un tiempo y no sólo como respuesta al desplazamiento de ciudadanos venezolanos.

En Perú, la Policía Nacional ha intensificado operativos en la frontera norte, especialmente en Tumbes y Piura, para frenar la migración irregular y la trata de personas; en Panamá, las autoridades han desplegado patrullas a lo largo de la costa del Darién y han comenzado a construir una cerca en la frontera; en Estados Unidos, la administración Biden había reanudado los vuelos de deportación a Venezuela y ha incrementado las repatriaciones a Cuba; en Chile, el precandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha propuesto la construcción de un muro en la frontera con Bolivia para frenar la inmigración ilegal; y, en República Dominicana, la suspensión de visas para haitianos y el cierre de fronteras han sido medidas controversiales, criticadas por su potencial para agravar las tensiones bilaterales y afectar negativamente a las comunidades haitianas que dependen del cruce fronterizo para su supervivencia.

Este tipo de medidas se basan en la “teoría de la disuasión”, que postula que las sanciones y barreras desincentivan la migración irregular debido a su naturaleza estricta. Esta concepción se basa en la creencia de que las personas toman decisiones calculando costos y beneficios. Sin embargo, muchos migrantes no tienen los elementos necesarios para realizar un análisis costo-beneficio, o simplemente están dispuestos a enfrentar los riesgos que implican estas medidas, especialmente cuando enfrentan graves peligros en sus países de origen. Además, la evidencia ha mostrado que las políticas sancionatorias no tienen un efecto disuasorio significativo cuando no existen alternativas legales viables para la migración.

Distintos estudios revelan que los factores que provocan la migración de salida, como crisis económicas, guerras o conflictos democráticos, son más determinantes que aquellos que llevan a decidir migrar a un determinado país de destino. Las políticas de control migratorio suelen fallar por varias razones, entre ellas, la naturaleza incontrolable de los factores que provocan la migración, la dificultad para detener la migración una vez establecida y las consecuencias no deseadas de las políticas de control, como el aumento del tráfico de migrantes. Ejemplo de esto son las medidas de control fronterizo implementadas en Estados Unidos en la década de los novena, que no desincentivaron la migración irregular y provocaron efectos negativos, como el aumento de la demanda de coyotes y las muertes de inmigrantes en las fronteras.

Estas estrategias redistribuyeron los ingresos clandestinos, ampliaron el mercado ilegal del tráfico de migrantes y prolongaron la estancia de los migrantes irregulares en el país.

La crisis migratoria en América Latina es un problema multifacético que requiere respuestas coordinadas y equilibradas. Las medidas unilaterales, como la construcción de muros o el cierre de fronteras, aunque pueden parecer efectivas, no abordan las causas subyacentes de la migración irregular, como la pobreza, la violencia y la inestabilidad política. Hoy más que nunca, es fundamental que los países de la región trabajen juntos para gestionar los flujos migratorios de manera más efectiva, establecer canales de migración regular y promover el desarrollo y la estabilidad en los países de origen. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo se podrán encontrar equilibrios que permitan políticas migratorias resilientes a las crisis humanitarias y que aborden de manera integral la seguridad y protección de los migrantes y de quienes viven en los países de acogida.

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