El itinerario judicial que viene en el caso de Eduardo Macaya, tras su condena por abuso sexual

Después de que el viernes 19 de julio el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago, condenó a Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y ahora expresidente de la UDI Javier Macaya, partido de la derecha tradicional chilena, a seis años de cárcel efectiva como autor de cuatro delitos de abusos sexual reiterado en contra de dos menores de edad, la defensa del empresario agrícola, Sergio Salas, presentará un recurso de nulidad ante los tribunales superiores, cuyo plazo para interponerlo vence el lunes 29.

Macaya Zentilli, de 72 años, fue condenado por la unanimidad de los jueces de San Fernando. Al momento de escuchar su sentencia se encontraba con arresto domiciliario, pero tras el fallo se ordenó su ingreso a la cárcel de Rancagua, donde estuvo entre la tarde del viernes 19 y el lunes 22. Sin embargo, una apelación de su defensa ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la Región de O´Higgins, logró que se le revocara la medida de prisión, hasta que exista una sentencia ejecutoriada, y se agoten todos los recursos judiciales –como la acción de nulidad– por lo que el padre del parlamentario volvió a la detención en su casa. Ello implica, además, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, medidas que funcionarios policiales deben constatar varias veces a la semana para que se cumplan.

La breve estadía en la cárcel de Macaya Zentilli había provocado controversias, y Gendarmería, el servicio de prisiones, abrió un sumario para indagar, tras una publicación del diario El Mostrador, si tuvo beneficios distintos a los de otros internos, pues estuvo el fin de semana en la enfermería del penal para ser evaluado antes de ser ingresado a un módulo, pero, en el intertanto, la Corte de Apelaciones lo dejó con arresto domiciliario. Pero este viernes, el Tribunal Oral de San Fernando revisó su medida cautelar, pues uno de los querellantes, del programa Mi Abogado, estatal, presentó un recurso, y por unanimidad (tres jueces) se ha ordenado nuevamente su prisión preventiva, por lo que volverá a la cárcel de Rancagua.

En el caso del recurso de nulidad, éste puede ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Rancagua o por la Corte Suprema. Y si bien la primera función, por su naturaleza, es anular el juicio de Macaya Zentilli –se le condenó por abusos sexuales a dos víctimas y se lo absolvió de delitos en contra de otras dos menores de edad–, también podría derivar en otros tres escenarios: que se modifique una parte de la sentencia; que se anule parcialmente el juicio o que se rechace la presentación de la defensa.

La tramitación del recurso podría durar a lo menos un mes, desde su ingreso a la vista de la causa, que tendrá alegatos de la defensa y los querellantes, entre ellos el abogado Hernán Fernández, quien representa a una de las víctimas. En paralelo, la Defensoría de la Niñez, un organismo estatal que representa a las víctimas, había anunciado la presentación de una queja ante de la Corte Suprema chilena en contra de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que revocaron la prisión preventiva del empresario agrícola y ordenaron su arresto domiciliario.

Los cuestionamientos a la víctima

El caso de Macaya Zentilli ha causado una fuerte controversia y molestia en Chile no solo por los delitos por los que ha sido condenado. También, porque el senador Javier Macaya el domingo concedió una entrevista a Canal 13 en la que señaló que “este es un tema súper doloroso” y que, “evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre”. Pero también cuestionó una de las pruebas con que el tribunal contó para dictar la sentencia: un video que fue grabado por una de sus víctimas, hoy de 12 años, cometiendo el delito en contra de otras niñas, y que ella entregó a su familia para denunciarlo. Al respecto, el parlamentario, quien el martes tuvo que renunciar a la presidencia de la UDI precisamente por sus dichos, dijo en la televisión que su padre fue “grabado en un entorno familiar”, “grabado sin su consentimiento” y “con un video que es bastante editado”.

Los dichos del senador provocaron una manifestación el lunes en la tarde en la sede de la UDI de cientos de personas, convocadas por la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que protestaron, además, por la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua de revocar la prisión preventiva de Macaya Zentilli. También, sus palabras tuvieron consecuencias políticas, pues el martes, la principal figura presidencial de la derecha tradicional, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), emitió una declaración pública en su cuenta de X en la que dijo que “los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y su bienestar”. Tres horas después, Macaya renunció a la presidencia del partido, y admitió que fue “un error mencionar un detalle procesal del caso” y que la suya fue “una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez”.

Un día antes, el lunes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno del presidente Gabriel Boric, Antonia Orellana, una de las primeras autoridades chilenas en pronunciarse sobre el caso, dijo a la Radio CNN que es “lamentable ver a un senador que sigue defendiendo la inocencia de su padre pese a la contundencia de las pruebas”, y que ello era “una señal de desprotección a las víctimas y que muestra gráficamente todo lo que tienen que enfrentar quienes denuncian abuso sexual, en especial los niños y niñas que tienen que cargar, además, el costo de que se les diga que ellas están destruyendo a la familia, cuando la responsabilidad de aquello es única y exclusivamente del perpetrador”.

Y, este jueves, también se ha pronunciado la portavoz del Gobierno de Boric, Camila Vallejo, luego que el canal Mega publicara parte de la sentencia, donde los jueces que condenaron a Macaya Zenitilli dijeron que tanto el acusado como tres de sus hijos, entre ellos el senador, “efectuaron cuestionamientos respecto de la conducta [la víctima]. Fue así como señalaron que es una niña ‘agrandada’, pues desde pequeña usaba teléfono celular, tenía Instagram, hacía Tik Tok bailando y publicó en una red social una fotografía en la que aparecía con un pañuelo verde apoyando la causa proaborto. Agregó el acusado que en una ocasión la vio haciendo un gesto (obsceno)”.

Para los jueces, sin embargo, esos cuestionamientos “resultaron irrelevantes al momento de ponderar” como creíble el relato de la víctima y que “dicha información no condujo a una conclusión distinta a la arribada por el tribunal” pues “dieron cuenta de prejuicios que pudieron explicarse por los intentos de la familia del acusado de desprestigiar, no sólo el contenido de la información, sino la persona de la cual emanaba”.

Para Vallejo, este “nuevo antecedente es terrible” y “grave”. Y agregó que “refuerza lo que hemos venido diciendo antes: las declaraciones del senador Macaya, desde un inicio tienden a estar del lado del padre y no de las víctimas”. “Frente a casos de delitos sexuales contra menores es sumamente grave, porque son los niños, niñas y adolescentes los que requieren la máxima protección de la sociedad en su conjunto y principalmente de quienes ostentan cargos de representación y tienen una responsabilidad institucional para con el país, porque el mensaje que se da con este tipo de información o las declaraciones del senador, es que finalmente, las víctimas tienen que tener miedo a denunciar, porque no se les cree o porque se instalan prejuicios sobre ellas, y eso es algo que no podemos permitirnos como sociedad”.

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