En alerta el norte de Chile por el juicio contra Los Gallegos, un peligroso tentáculo del Tren de Aragua

El próximo lunes 22 de abril, en la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, a 1.600 kilómetros de Santiago, comenzará el juicio contra los integrantes de la banda de Los Gallegos, considerada uno de los brazos operativos de la megabanda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua. El proceso judicial ha activado las alertas por la seguridad de la zona, especialmente luego que un tribunal determinara que 19 de los 38 imputados deberán presentarse de manera presencial ante el juez, lo que obligará a trasladarlos desde las cárceles en las que están recluidos en distintos puntos del país sudamericano.

El pasado miércoles, la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, que solicitó la presencia de los acusados para que puedan mantener una comunicación fluida con sus abogados defensores. La medida era rechazada por el Ministerio Público, que ha advertido que la salida de estos imputados implicaba un peligro para la seguridad del proceso judicial. Los presos están repartidos en seis prisiones distintas, incluyendo una en la sureña ciudad de Puerto Montt, a más de 3.000 kilómetros de distancia.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, ha mostrado su desacuerdo con la determinación de la Corte, apelando a la situación de riesgo que implica la salida de estos reos desde su prisión preventiva. “Deberíamos tener regulada ya una forma distinta en relación con los juicios a bandas de crimen organizado. No tiene que ser el mismo estándar respecto a un juicio normal y común. Urgen ciertas modificaciones”, ha dicho el abogado a radio Cooperativa.

Carrera incluso ha puesto en duda de que el juicio se inicie el lunes, ya que la decisión de la Justicia sobre la presencialidad de los imputados no ha sido ejecutada. A ello se suma que tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior del Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric han presentado recursos de apelación para revertir la medida. “Es complejo asegurar que vayan a estar los imputados respecto de los cuales se ordenó el traslado, porque hay algunos acusados que están a 3.000 kilómetros, con transportes que tiene que realizarse por tierra. Desconozco si físicamente Gendarmería podrá llegar con los acusados o va a pedir algún tipo de prórroga, o derechamente esperar que resuelva la Suprema”, ha precisado Carrera.

La asistencia de los integrantes de la agrupación criminal en los tribunales ha desatado la preocupación de las autoridades locales de Arica, que han dicho que la ciudad no se encuentra en las condiciones para realizar una operación de este tipo. El gobernador de la región de Arica y Parinacota, el democristiano Jorge Díaz, ha recordado la alta peligrosidad de los internos y los graves delitos por los que son acusados. “El riesgo es extremadamente elevado, porque hoy día no están las condiciones. No me refiero a los recintos donde se va a desarrollar el juicio oral, sino de traslado”, ha declarado a radio Bío-Bío, donde habló de que incluso estas bandas que pudiesen efectuar algún “tipo de motín durante el traslado de los imputados”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha respondido este viernes a estas inquietudes y ha dicho que el Gobierno trabajará para resguardar la seguridad de las personas durante el juicio. “Hay solicitudes que se han presentado para modificar la ubicación del juicio, pero no recae en el Ejecutivo tomar esas decisiones. Es propio del proceso penal definirlo. Lo que nos corresponde a nosotros es que, donde quiera que se haga este proceso, se refuercen las medidas de seguridad”, dijo la autoridad durante una actividad pública en la Región Metropolitana.

Entre los detenidos que serán parte del juicio se encuentran los líderes de Los Gallegos, de nacionalidad venezolana: Yoneiker Paredes Fagúndez, alias El Enano; Jorge Galavis García, El Culito; y Misael Zambrano Jiménez, El Flaco o Dientón. Del total de 44 imputados, seis ya pasaron por un juicio abreviado en un tribunal de Arica, en donde fueron condenados por trata de personas, tráfico de drogas, lavado de activos y porte de munición. De ellos, cuatro cumplirán penas de cárcel y otros dos penas de cumplimiento alternativo. Los otros 38 enfrentarán el juicio oral.

La investigación al clan ha sido realizada por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI). En la indagatoria se determinó que sus integrantes operaban en el Cerro Chuño, en Arica, un sector donde hay tomas de terrenos, es decir, ocupaciones ilegales. En ese mismo lugar, en mayo de 2023, se encontraron los cuerpos de dos hombres, los que fueron enterrados vivos.

En la acusación, el fiscal Carrera ha pedido 11 presidios perpetuos, además de otras penas que suman más de 200 años de cárcel para 33 integrantes del clan.

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