El asesinato de Ina: la joven delincuente popular en TikTok que desvela la ‘narcocultura’ en Chile

El último vídeo que subió Sabrina Durán Montero a Tiktok antes de que le dispararan a quemarropa a plena luz del día en Padre Hurtado, al suroeste de Santiago de Chile, tiene más de cinco millones de reproducciones. En él, la influencer de 24 años, que luce una camiseta marca Tommy Hilfiger y grandes joyas doradas, enseña alegremente unos productos para el pelo. Desde su asesinato este martes, los comentarios del vídeo son un ros...

El último vídeo que subió Sabrina Durán Montero a Tiktok antes de que le dispararan a quemarropa a plena luz del día en Padre Hurtado, al suroeste de Santiago de Chile, tiene más de cinco millones de reproducciones. En él, la influencer de 24 años, que luce una camiseta marca Tommy Hilfiger y grandes joyas doradas, enseña alegremente unos productos para el pelo. Desde su asesinato este martes, los comentarios del vídeo son un rosario de despedidas y buenos deseos a Joakina Gusman, el nombre de usuario de la joven, en un evidente guiño a Joaquín Guzman, más conocido como el Chapo, líder del cártel mexicano de Sinaloa. Y es que Durán no solo era tiktoker. También traficaba droga, delito por el que estuvo en la cárcel entre marzo de 2022 y el pasado mayo. Las rejas no impidieron que siguiera compartiendo sus bailes y canciones de reguetón-urbano en las redes sociales y así defender el apodo de La narco reina de Peñaflor, la localidad en que operaba la banda ilícita que lideraba.

La menor de nueve hermanos y madre de un pequeño de 10 años, Ina, como la llamaban sus cercanos, creció en un hogar donde habitaba la droga y desde su temprana adolescencia tuvo vínculos con el negocio, según documentos judiciales citados por medios locales. El caso de Durán, con su edad, sus joyas, sus 450.000 seguidores, ejemplifica cómo los tentáculos del narcotráfico han conquistado nuevos terrenos y han cambiado la cultura de un sector de la sociedad, en un fenómeno más bien reciente que en la última década solo se ha intensificado. El sociólogo Rodrigo Ganter, autor de Narcocultura y signos de transfronterización en Santiago de Chile (2016), destaca que en el último tiempo, lo narco “no sólo desborda las fronteras entre países, sino que desborda los aspectos estrictamente económicos, criminales o de subsistencia y movilidad social para ciertos segmentos precarizados, transformándose en un signo que organiza los gustos, las estéticas, los referentes y las aspiraciones de ciertos segmentos sociales”.

Pilar Lizana, especialista en seguridad del centro de investigación Athena Lab, explica que los referentes de los jóvenes están siendo personas como Ina porque retratan el mundo del poder y la plata fácil, del coche de lujo robado, de las armas de fuego. “Algo está fallando en el Estado de Chile que hace que los jóvenes vean más oportunidades ahí. El Estado de derecho ha retrocedido mucho en algunas zonas, como en el sur, con el terrorismo rural, o en el norte, con las tomas de terreno en Alto Hospicio. Ese déficit de soberanía, esa pérdida de terreno, la está ganando el crimen, y ejerce ahí su control”, añade. La investigadora apunta que Chile ha discutido mucho el papel de los extranjeros en el crimen, como el Tren de Aragua, pero que el caso de Ina recuerda que también hay líderes narco chilenos “y cada vez van a surgir más, incluidas mujeres”. “El hecho de que ella apareciera bailando reguetón urbano desde la cárcel, con sus joyas, te muestra el poder que tiene sobre las instituciones del Estado”, explica Lizana.

¿Cómo es que la influencer podía subir frecuentemente sus vídeos desde el Centro Penitenciario Femenino (CPF) del municipio de San Miguel, en la capital chilena? El alto número de teléfonos al interior de las cárceles es un problema que Chile arrastra desde hace años. Gendarmería ha incautado 24.713 teléfonos móviles en lo que va del año, en una población de unos 49.000 presos. Cuando sucede un caso como el de Ina, donde la información de que posee un móvil es abierta, se realizan operativos dentro de las prisiones. Pero cuando la persona en cuestión es líder de una banda, opera de tal forma que nunca queda expuesta a ser la poseedora del móvil y solo se arriesga alguien de menor nivel dentro de la estructura. Además, en cárceles donde se comparte la habitación entre 15 y 20 personas, pueden esconder el teléfono en cualquier sitio y los gendarmes no tienen cómo probar que es del preso en cuestión.

Sobre el fenómeno de la narco reina –como la bautizaron los medios en Chile–, Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro Justicia y Sociedad, lo achaca en gran parte a la explosión de las redes sociales y el que en la pandemia muchas cosas que era propias del mundo real se trasladaron al área digital, “entre otras, la delincuencia”. “El espacio digital también es un espacio donde el narco tiene que ir a buscar mercado, captar más público que esté disponible a comprar lo que quieren vender. No es solo una representación cultural de la delincuencia. Hay una funcionalidad que opera detrás de eso”, señala el profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile.

Carvacho abre el debate a si era Ina tan poderosa como se mostraba o creó un personaje para las redes sociales que los medios de comunicación amplificaron. “Lo novedosos es”, apunta, “que todo esté registrado. La vida y muerte de esta joven. La rapidez con que se difundió. La diferencia es que el público general está expuesto a esta información de la manera más gráfica posible, como nunca antes. En algún punto estamos creyendo ver cosas nuevas que antes no conocíamos”.

La democristiana Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, la primera autoridad comunal en denunciar a la narcocultura, y que tiene protección policial por amenazas de muerte asociadas a sus acusaciones, pone el foco en que Ina tenía un niño de 10 años. “En La Pintana tenemos la mayor tasa de maternidad adolescente. Yo creo que es porque necesitan un proyecto de vida, ser importante para alguien, pertenecer a alguien. Ahora estamos trabajando por tener un Centro de Formación Técnica, que es más corto que la universidad, para que nuestros jóvenes puedan ver ahí instalado su camino, construido en su municipio” (el más pobre de Santiago). “¿Hay alguna universidad o un centro de formación técnica en Peñaflor?”, se pregunta, en alusión al barrio donde vivía la joven asesinada, antiguamente una zona campesina pero hoy afectada por la criminalidad, como muchas de las rurales que bordean la capital.

“Sabemos que la narcocultura es un camino más fácil, pero van a terminar en la cárcel o muertos. Me da mucha pena que como Estado no lleguemos a tiempo, no les brindemos oportunidades”, lamenta Pizarro. En su Administración, explica, ha priorizado invertir más en deporte y cultura que en pavimentar las calles, por ejemplo. “Me lo critican, porque el hoyo tapado se ve de inmediato. Pero un profesor de natación, un monitor de voleibol, una obra de teatro, puede transformar la vida de nuestros niños y jóvenes”, dice convencida a la salida de un campeonato de los Juegos Panamericanos, que se están celebrando en Chile. La sede del rugby, por ejemplo, es el Estadio Municipal de La Pintana.

En medio del campeonato deportivo, está previsto que el funeral de Ina, calificado de riesgo extremo por las autoridades, se celebre en Peñaflor, bajo un despliegue del servicio de Control y Orden Público (COP), unidad de fuerzas especiales de Carabineros. Los narcofunerales son una práctica que ha ido en aumento en el país sudamericano―se calcula que han ocurrido más de 1.700 en los últimos cuatro años―. Se llevan a cabo tanto en el barrio donde vivía el delincuente fallecido como al interior de los cementerios durante tres días. A finales de septiembre, el presidente Gabriel Boric envió un proyecto de ley al Congreso para limitar tanto el tiempo como el lugar donde se celebren los funerales de alto riesgo, que trastocan la vida de los barrios y ponen en peligro a su gente.