El escándalo político que ensombrece al Gobierno de Boric suma nuevas víctimas

El escándalo político que ensombrece la promesa de probidad del Frente Amplio chileno, la coalición del presidente Gabriel Boric, se profundiza con las horas. Luego de que el fin de semana cayera la número dos del Ministerio de Vivienda, la subsecretaria Tatiana Rojas –militante de Revolución Democrática (RD), el partido que se encuentra en medio del vendaval–, este martes el ministro de esta cartera, Carlos Montes, socialista de larga trayectoria...

El escándalo político que ensombrece la promesa de probidad del Frente Amplio chileno, la coalición del presidente Gabriel Boric, se profundiza con las horas. Luego de que el fin de semana cayera la número dos del Ministerio de Vivienda, la subsecretaria Tatiana Rojas –militante de Revolución Democrática (RD), el partido que se encuentra en medio del vendaval–, este martes el ministro de esta cartera, Carlos Montes, socialista de larga trayectoria, viajará a la nortina ciudad de Antofagasta para encontrarse con el Ministerio Público. Entregará personalmente a la Fiscalía los antecedentes recabados sobre la Fundación Democracia Viva, ligada a RD, por polémicos y millonarios convenios con su ministerio.

Fue Carlos Montes quien, luego de la caída de Rojas, abordó la causa que tiene al Ejecutivo en problemas: “Esto no ha terminado, está empezando”, aseguró uno de los más veteranos del Gabinete liderado por una nueva generación de izquierda. La trama involucra a varias importantes figuras del oficialismo, como a la diputada Catalina Pérez, referente de RD, presidenta del partido entre 2019 y 2021, que tuvo que suspender sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

El caso tiene cierta complejidad y a diario se conocen nuevos antecedentes. Cada ministerio tiene una secretaría regional ministerial, Seremi, en cada una de las 16 regiones en que está dividido el territorio chileno. La Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, en el norte del país, estaba liderada por Carlos Contreras, también militante de RD, que fue un asesor cercano de la diputada Pérez. En el ejercicio de su cargo asignó directamente 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade, pareja de la legisladora. El dinero estaba destinado, supuestamente, a colaborar en la ayuda se asentamientos precarios de la región, una zona fuertemente impactada por los problemas de vivienda.

Esta causa provocó la salida del Contreras, que suscribió el polémico convenio que representaba en torno a un 6% del presupuesto total asignado a esta Seremi. La parlamentaria, que representa justamente a un distrito de Antofagasta, se defendió apuntando a “los responsables políticos”. Los trató de “don Carlos Contreras, don Daniel Andrade”, aunque ambos son muy cercanos suyos. La diputada es uno de los principales rostros de RD, un partido al que pertenece Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social del Gobierno y “compañero de ruta” del presidente.

“Es evidente para quienes hemos estado durante tanto tiempo tratando de empujar por estándares más altos en materia de probidad y transparencia, que esta es una situación doblemente grave”, aseguró Jackson hace algunos días. La joven formación tiene alcaldes de municipios importantes, parlamentarios, asesores de primer nivel en La Moneda y cuadros técnicos que comenzaron a ingresar al Ejecutivo en el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018).

La Fiscalía, que investiga tráfico de influencias, fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, ordenó un allanamiento a las oficinas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y a las oficinas de Santiago de la Fundación Democracia Viva. Mientras, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra recopilando antecedentes para determinar una eventual querella y jueves se cumple el plazo que Contraloría le dio al ministerio de Vivienda para entregar antecedentes.

El partido de la derecha tradicional UDI presentó una querella por fraude al Fisco y tráfico de influencias para determinar las responsabilidades de la causa y parlamentarios de oposición solicitaron la creación de una comisión investigadora en el Congreso.

El caso representa una grave herida a una nueva generación política de izquierda que llegó al poder en marzo de 2022 con una fuerte promesa no solo de renovación de rostros, sino, sobre todo, de prácticas. En medio de los temporales que afectan a la zona centro y sur del país, Boric se refirió el domingo nuevamente al asunto: “Yo no pongo las manos al fuego por nadie”, aseguró el mandatario de izquierda de 37 años.

El Gobierno fue especialmente distante al informar sobre la salida de Rojas, que reconoció en la previa haber estado al tanto de los convenios polémicos y no haberle alcanzado a avisar al ministro Montes. El mismo fin de semana, además, el ministerio de Vivienda reconoció que existen funcionarios de esta cartera contratados por la Fundación Democracia Viva. “Es un hecho que condenamos y por el que buscaremos sanciones tanto del tipo administrativas, como penales”, aseguró el ministerio, que descartó que estos trabajadores recibieran un sueldo adicional desde la fundación o que tuviesen dobles contrataciones.

De acuerdo a la encuestadora Cadem, difundida el fin de semana, la aprobación del presidente Boric ha caído por tercera semana consecutiva, llegando a 28%, mientras la desaprobación se mantiene en 65%. Según el mismo sondeo, un 50% supo o escuchó hablar sobre el caso de la Fundación Democracia Viva, un 86% cree que hay corrupción, mientras que 9% piensa que es un error administrativo. Además, de acuerdo a la consultora, un 78% desaprueba la forma en cómo el Gobierno ha gestionando esta crisis.