Cómo logró Kast la mayoría en una Constitución que nunca quiso
No hay paradoja en Chile: solo una confusión entre movilización y representatividad que permitió a la extrema derecha capitalizar en su ‘no’ y conquistar un 35% de los escaños en el Consejo Constitucional chileno
La extrema derecha acaba de convertirse en mayoría en el proceso constitucional chileno. Lo hace siendo el único grupo político significativo que se opuso desde el principio al reemplazo de la Constitución de Augusto Pinochet (reformada posteriormente para hacerla democrática). Muchos miran a Chile desde dentro y desde fuera y se preguntan: ¿cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo se explica la paradoja de que un país que en 2019 parecía movilizado...
La extrema derecha acaba de convertirse en mayoría en el proceso constitucional chileno. Lo hace siendo el único grupo político significativo que se opuso desde el principio al reemplazo de la Constitución de Augusto Pinochet (reformada posteriormente para hacerla democrática). Muchos miran a Chile desde dentro y desde fuera y se preguntan: ¿cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo se explica la paradoja de que un país que en 2019 parecía movilizado por la izquierda, abrumadoramente a favor de una nueva Carta Magna en ese momento y con un triunfo de esa misma izquierda en las elecciones, termine rechazando un texto constitucional en septiembre pasado y ahora coloque a su principal contradictor al frente del nuevo consejo encargado de proponer un nuevo borrador? La respuesta es que toda la pregunta, la supuesta paradoja, se basa en un espejismo.
Ese espejismo empezó con el estallido de 2019. Ese estallido hizo público lo que hasta ese momento había sido privado: el profundo descontento de la población chilena con la marcha de las cosas, la sensación de que en el juego de la vida se perdía con demasiada frecuencia. Entonces varios de sus líderes, empezando por el propio presidente conservador Sebastián Piñera, consideraron oportuno convertir esa frustración en una demanda de cambio de las reglas de juego. Y con eso es con lo que Chile estuvo de acuerdo, con algunas excepciones que en ese momento sonaban a voces minoritarias. Entre ellas, la de José Antonio Kast: en diciembre de 2019, a 10 meses del plebiscito de entrada que ratificaría el inicio del proceso constitucional, Kast tuiteaba “Desde el Frente Amplio hasta la UDI, todos coludidos para aprobar una Constitución ilegítima, fundada en la violencia. Somos una minoría en la élite, pero junto a millones vamos a decir que no y rechazar una nueva Constitución que no ayudará a resolver las urgencias de Chile”.
Con el 78% a favor de una nueva ley suprema en el referéndum de octubre de 2020 podría parecer que las palabras de Kast estaban fuera de su tiempo. Pero ese 78% merecía y merece ser recalculado para medir bien la cantidad de chilenos que, un año después de las protestas durante el que las diferentes opciones y propuestas de nueva Constitución se iban haciendo claras, estaban dispuestos a seguir adelante. Resulta que ese día casi la mitad de los chilenos con derecho a votar se quedó en casa. Es decir: si recalculamos aquel 78% sobre el total de quienes disponían de ese derecho, solo 38% pidió expresamente un cambio constitucional en 2020. Esta cifra es importante porque se mantiene como referencia aproximada: en las elecciones que elegirían a los constituyentes encargados de redactar el primer borrador, en mayo de 2021, participaría un 43% del total del censo. Y en el plebiscito de salida, que rechazó dicho texto a cierre del año pasado, el porcentaje sobre el censo que votó por el sí fue del 32% (38% sobre el 85% que participó).
En plebiscito de salida, a diferencia de los anteriores, votar era obligatorio. Eso reveló las preferencias de la mayoría hasta entonces más bien silenciosa sobre el proceso. Y dejó a los favorables en los entornos del 30-40% sobre el censo total en edad de votar en los que estaban desde finales de 2020. En este 2023, la suma de las plataformas del centro a la extrema izquierda ha vuelto precisamente a ese mismo entorno.
El fallo de los defensores del proceso resulta evidente a la luz de estos datos: confundieron movilización con representatividad, y al hacerlo le confiaron el futuro del proceso constituyente a un texto escrito por los movilizados, pero que tenía que ser aprobado por todos. Cada vez que todo Chile vota en pleno y no sólo acude a las urnas una parte del país –como ha sucedido en los dos últimos comicios– se revela esa confusión.
Ahora, el nuevo Consejo Constitucional sí contó con obligatoriedad en el voto. Y el resultado fue dramáticamente distinto al del primero. Ahora bien, la victoria del partido de Kast tampoco está fuera de los parámetros esperables: si se compara su votación total, o porcentaje sobre el censo, respecto a la primera vuelta de las presidenciales de 2021, las cifras son muy parejas.
Es decir: más que un giro ideológico radical, lo que iluminan estos datos es una capacidad del Partido Republicano de capitalizar en su no de partida. Cuando la nueva constitución era una cajita vacía que cada uno podía rellenar con sus deseos e ilusiones, ese “no” sonaba descolocado: ¿por qué no querer mejorar? Pero cuando Chile empezó a discutir qué significaba exactamente mejorar, descartando o priorizando ciertos deseos sobre otros, entonces el no le comenzó a sonar mucho más razonable a una parte de Chile que terminó por resultar mayoritaria. Y así fue como Kast logró poder de veto sobre una constitución que nunca quiso.
¿Era este resultado inevitable? No, ni siquiera por el lado de la demanda: Chile cuenta con una mayoría a favor de una modificación constitucional drástica. Una que vaya más allá de los muchos cambios que se le han hecho a la que está en vigor desde 1980. El pulso que Cadem sostuvo hasta agosto de 2022 proponía a los ciudadanos cuatro opciones en caso de que saliera no en el plebiscito de salida, como sucedió: aplicar el texto tal cual, modificarlo con voto positivo, rechazarlo buscando uno nuevo, o mantener la Constitución vigente.
Estos datos pueden interpretarse de dos maneras. Desde una perspectiva dicotómica (sí-no), Chile se encuentra dividido en dos mitades similares. Sin embargo, también se puede deducir que una mayoría de dos tercios (67%) prefiere una norma diferente a la actual, ya fuera reformado (32%) o completamente reformulado (35%). Y si le sumamos el 12% que quería la versión derrotada antes de que lo fuera, son casi ocho de cada 10 chilenos los que, al menos en ese momento, preferían algo distinto al reformado texto pinochetista. El 21% restante se parece al que votó por Kast en la primera vuelta de 2021 donde obtuvo la primera mayoría, unos comicios totalmente condicionados por el proceso constituyente, y los que ahora han escogido sus candidatos para el nuevo consejo, en una elección condicionada por la coyuntura (migración, economía, seguridad).
En otras palabras: el proceso de elaboración de una nueva Constitución ha quedado efectivamente completamente contaminado por la batalla partidista del día a día, pero si así ha sido es porque sus impulsores lo permitieron desde el principio al confundir a los movilizados de su lado con las preferencias colectivas de cambio de las reglas de juego. Ahora el presidente Boric le pide a Kast que no caiga en el mismo error que ellos cayeron, pero el opositor en jefe tiene claros incentivos para ejercer su mayoría y así seguir capitalizando en su no hasta 2025.