La reforma de Milei para transformar la escuela pública: se retira el Estado, avanzan la familia y el mercado

El Estado pasa a tener una función subsidiaria en el sistema educativo y cede ante el papel de la familia. Los docentes dejan de ser las únicas personas habilitadas para enseñar y se autoriza la enseñanza en el hogar —el modelo que en Estados Unidos se denomina homeschooling—. Los padres de los alumnos adquieren el poder de poner y quitar directores de escuelas. En lugar de financiar la oferta, es decir, a las instituciones educativas, los fondos públicos se dirigen a financiar la demanda, a las familias de los estudiantes, para que ellas elijan escuela y definan el destino del presupuesto: así, se establece un régimen de competencia escolar para captar alumnos.

Las anteriores son solo algunas de las medidas que impulsa Javier Milei en Argentina, a través de un proyecto de Ley de Libertad Educativa, ya presentado públicamente. La iniciativa integra una batería de reformas que el presidente pretende poner en marcha en la segunda mitad de su mandato, entusiasmado por el triunfo de la ultraderecha en las recientes elecciones de medio término.

Aunque prevé cambios para el financiamiento y la evaluación de las universidades, la reforma educativa de Milei se concentra en los niveles de escolaridad obligatorios: inicial, primario y secundario.

En sus primeros artículos, el proyecto de ley promueve la “libertad educativa, entendida como el derecho de toda persona […] a enseñar y aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos”. Luego, establece el “rol preferente de la familia, como agente natural y primario, que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos menores”. Y, a continuación, define la “subsidiariedad del Estado, que actúa como garante del derecho a aprender y enseñar”, pero “sin sustituir la responsabilidad individual, familiar ni la iniciativa social”.

La relegación del Estado sintoniza con el credo anarcocapitalista de Milei, para quien los actores fundamentales de la sociedad son los individuos y el mercado. En un país como Argentina, donde la escuela pública, laica y gratuita es una institución medular, la aprobación del proyecto implicaría un cambio drástico. De los más de 11 millones de alumnos de Argentina, los últimos datos disponibles indican que más del 70% concurre a escuelas públicas y cerca del 30% a privadas.

“Esta reforma vulnera el derecho a la educación establecido en la Constitución y la obligación del Estado de garantizar ese derecho”, resume Myriam Feldfeber, doctora en Educación y profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Es un proyecto que se propone romper y transformar las bases sobre las cuales se construyó y se fue desarrollando nuestro sistema educativo, las bases establecidas por [Domingo] Sarmiento para una educación gratuita, obligatoria e inclusiva, para todos y todas”. Con una falencia adicional, señala Feldfeber: “No resuelve ninguno de los problemas que hoy tiene la educación en Argentina”.

El corrimiento del aparato estatal supone la delegación de facultades en las propias escuelas, en las familias de alumnos y en nuevas entidades privadas. En caso de aprobarse la reforma, las escuelas públicas y privadas podrán diseñar y aplicar sus propios planes de estudios, solo respetando contenidos mínimos definidos por la Administración nacional. En cada escuela —indica el proyecto— se crearán Consejos de Padres: tendrán “funciones de asesoramiento, orientación institucional, supervisión y rendición de cuentas”, y deberán “participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución”.

Bajo el subtítulo Formas alternativas de enseñanza, la propuesta del Gobierno habilita la formación por fuera del sistema escolar, bajo dos modalidades. Una sería la “educación en entornos virtuales”, para la que ya hay un ejército de instituciones privadas —extranjeras incluidas— esperando la habilitación. La segunda sería la “educación en el hogar”, “dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas”. Los estudiantes que recibieran educación casera o a distancia deberían, luego, validar sus conocimientos a través de “evaluaciones estandarizadas” que solo examinarán los contenidos mínimos.

“Con estas propuestas, se desregula completamente la educación y se promueve el homeschooling [educación en casa], una práctica muy elitista que supone o padres altamente educados o que puedan pagar tutores que son muy caros”, plantea Mariano Echenique, doctor en Educación por la Universidad Nacional de La Plata. “En el caso de la enseñanza virtual, suele ser un gran negocio y está muy desarrollado en la educación superior. Pero en el nivel primario y secundario, la socialización de los alumnos, que solo se consigue de forma presencial, yendo y poniendo el cuerpo en una escuela, es imposible de reemplazar con una formación únicamente virtual. Los entornos virtuales deben ser siempre complementarios y no sustitutivos de los presenciales”, advierte.

“La escuela sigue siendo el espacio donde aprendemos a convivir con los otros y donde se construye en forma colectiva el conocimiento. No es solamente un lugar de transmisión de contenidos”, coincide Feldfeber. Desde esa perspectiva, la reforma propuesta no solo subestima la función de la escuela, sino también la del maestro: “Se rompe con la idea del docente como aquel especialista que lleva adelante los procesos de enseñanza y se la sustituye por la idea de que cualquiera puede enseñar de cualquier modo”.

Además de eliminar la meta presupuestaria hoy vigente para la educación (6% del PBI), el proyecto de reforma recupera una idea promocionada por Milei durante la campaña electoral de 2023: el financiamiento de la demanda y no de la oferta educativa. “Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”, argumenta el proyecto de ley, “están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje”.

El régimen es acompañado por un condicionamiento del financiamiento directo según la cantidad de alumnos y por la publicación —hoy prohibida— de los resultados de las evaluaciones censales a estudiantes. La presumible consecuencia es la generación de un ranking de escuelas que competirán por atraer alumnos en un nuevo mercado educativo. En un contexto de severo ajuste del gasto público y de retracción de los salarios de todo el personal estatal.

Los principales sindicatos de maestros del país ya se pronunciaron contra la reforma. En particular, rechazaron su definición de la educación como “un servicio esencial”, una medida que busca desactivar las huelgas docentes. Para la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el proyecto “responde a las demandas de las grandes corporaciones” y “profundiza la tendencia privatizadora y mercantilista en el campo educativo”.

El Gobierno ya formalizó la presentación pública del proyecto, pero aún no lo envió al Congreso para iniciar el debate. De todos modos, muchas de las posturas ya están claras. La ultraderecha y sus aliados contarán con el respaldo de instituciones educativas privadas y religiosas. Deberán enfrentar la resistencia del peronismo y las fuerzas del centro a la izquierda, la mayoría de los gremios docentes y de la comunidad educativa del sistema público, todavía mayoritario en Argentina.