La motosierra de Milei devasta los lugares de la memoria sobre los crímenes de la dictadura

Así como hay áreas de la administración pública excluidas del desguace del Estado que proclama Javier Milei —como las de defensa y seguridad—, la motosierra del presidente se ensaña particularmente con otras áreas. Es el caso de los derechos humanos. Durante su primer año de mandato, el Gobierno ultraderechista desarticuló y vació las políticas de memoria y verdad dedicadas a esclarecer y reparar los crímenes de la última dictadura (1976-1983) y desmanteló la estructur...

Así como hay áreas de la administración pública excluidas del desguace del Estado que proclama Javier Milei —como las de defensa y seguridad—, la motosierra del presidente se ensaña particularmente con otras áreas. Es el caso de los derechos humanos. Durante su primer año de mandato, el Gobierno ultraderechista desarticuló y vació las políticas de memoria y verdad dedicadas a esclarecer y reparar los crímenes de la última dictadura (1976-1983) y desmanteló la estructura institucional que colaboraba con las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados. El comienzo de su segundo año lo inauguró con el cierre sin plazos del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; con la parálisis de sitios que conmemoran los crímenes del terrorismo de Estado; y con el anuncio de nuevos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos.

El 31 de diciembre, horas antes del final del año pasado, los empleados del Centro Haroldo Conti recibieron un mensaje en sus teléfonos anunciándoles que no debían presentarse a trabajar en enero. La escueta comunicación oficial indicó que la medida pretende “velar por una adecuada reestructuración interna”. Ante las protestas y los reclamos, el Gobierno aseguró que la clausura será temporal, pero no dio mayores precisiones.

El Centro Cultural de la Memoria fue creado en 2008 como “un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos”. Durante 16 años funcionó en el lugar donde la dictadura militar desplegó uno de sus más terribles centros clandestinos de detención, tortura y extermino: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Bajo el terrorismo de Estado, por allí se estima que pasaron 5.000 personas; sobrevivieron alrededor de 200. Con actividades abiertas a la comunidad, el Centro Cultural se propuso —según sus creadores— “transformar en un espacio de arte y resignificación lo que antes fuera un sitio emblemático de privación, exclusión y muerte”. Su nombre homenajea al escritor argentino Haroldo Conti, el autor de Mascaró, el cazador americano y de Sudeste, desaparecido desde 1976.

La clausura del Centro Cultural, donde se desempeñan 87 personas, fue repudiada por los sindicatos, organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales. Hubo manifestaciones de protesta en la sede y también se realizó un masivo festival en apoyo a su continuidad. Las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S y otros organismos advirtieron que “hoy avanza el desguace sobre la exESMA” y plantearon que las medidas del Gobierno implican “el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que, a lo largo de años, se sostuvieran las políticas de memoria, verdad y justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero”. La exESMA fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y el Estado argentino está comprometido a conservar y proteger el espacio.

“Más allá del discurso de Milei de vaciar el Estado, hay un interés del Gobierno por destruir determinadas políticas e instituciones relacionadas con garantizar derechos y con el desarrollo de la soberanía nacional, tanto científica como industrial”, sostiene Valeria Taramasco, secretaria de derechos humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “En el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos”, agrega, “hay un objetivo muy claro de dejar de ejercitar la memoria y de secuestrar el conocimiento ya generado para que deje de estar a disposición del pueblo”.

Los lugares del horror

El desguace que aplica el Gobierno se ejecuta mediante el recorte presupuestario y los despidos de trabajadores. A lo largo de 2024, la Administración de Milei dio de baja a más de 35.000 empleados de todo el Estado nacional. En ese marco, a fines de diciembre pasado anunció el cese de unos 2.400 trabajadores del Ministerio de Justicia, con alto impacto en su Secretaría de Derechos Humanos: según los sindicatos, unas 600 personas podrían perder sus empleos.

Entre las dependencias más afectadas están los sitios de memoria, los lugares donde la dictadura instaló campos de concentración y que en las últimas décadas fueron recuperados como memoriales, al igual que la ESMA. Las investigaciones realizadas detectaron cerca de 800 centros clandestinos, de los cuales unos 40 fueron transformados en espacios de memoria. “Los despidos masivos están poniendo en riesgo el funcionamiento de los sitios de memoria. El Gobierno nacional tiene una responsabilidad indelegable con la función de estos sitios en la transmisión de la memoria y la no repetición de la historia”, dice la diputada Victoria Montenegro, quien presentó una denuncia judicial contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, por incumplimiento de sus deberes.

El espacio de memoria conocido como Virrey Cevallos —por la calle de la Ciudad de Buenos Aires donde se ubica— ya no tiene personal: “Quedaban siete trabajadores y se los echó a los siete”, denunció Osvaldo López, coordinador del espacio. En diálogo con la radio AM750, aseguró que el Gobierno está llevando adelante “un vaciamiento absoluto”. El caso de Virrey Cevallos es quizá el más extremo, pero situaciones similares afectan el funcionamiento de los sitios en todo el país.

Además de los despidos y el desfinanciamiento, los memoriales han sufrido la suspensión tanto de las obras de conservación y mantenimiento como de las tareas de búsqueda de restos humanos y de pruebas judiciales de los crímenes. En el sitio denominado Atlético, también ubicado en Buenos Aires, las excavaciones no llegaron aún a la zona de los calabozos, donde familiares de las víctimas esperan encontrar rastros genéticos que permitan identificar personas o aportar indicios. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que, pese a que se trata de lugares que aún son materia de investigación judicial, el Gobierno ha puesto en venta al menos cuatro terrenos señalizados como excentros clandestinos.

“Tenemos un Gobierno que no solo es negacionista de los crímenes cometidos, sino que reivindica el accionar de la dictadura”, dice la diputada Montenegro, quien recuperó su identidad en el año 2000, tras haber sido secuestrada en 1976, cuando no había cumplido un mes de vida, y apropiada por una familia de militares. “Aunque este Gobierno no esté de acuerdo, Argentina tiene leyes que entre otras cosas protegen a los sitios de memoria. Y mientras esas leyes estén vigentes, los funcionarios tienen la obligación de cumplirlas”.

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