El norte de Argentina empieza a cobrar la atención sanitaria a extranjeros por la crisis económica

El gobernador de Salta, en el norte andino de Argentina, ha decretado este miércoles que los extranjeros que visiten su provincia deberán empezar a pagar por la atención que reciban en los hospitales públicos de la provincia. En medio de la discusión entre las provincias y el Gobierno de Javier Milei por los recortes en sus fondos públicos, el Gobierno salteño ha decidido restringir la atención a las personas que no estén radicadas en Argentina y que, según ha anunciado...

El gobernador de Salta, en el norte andino de Argentina, ha decretado este miércoles que los extranjeros que visiten su provincia deberán empezar a pagar por la atención que reciban en los hospitales públicos de la provincia. En medio de la discusión entre las provincias y el Gobierno de Javier Milei por los recortes en sus fondos públicos, el Gobierno salteño ha decidido restringir la atención a las personas que no estén radicadas en Argentina y que, según ha anunciado esta mañana el ministro de Salud provincial, Federico Mangione, significa hasta el 10% de su presupuesto anual. “Primero los salteños. El resto, lo vemos”, ha dicho Mangione este jueves al anunciar la medida.

La provincia de Salta, donde viven 1,4 millones de personas (poco más del 3% de los 46 millones de argentinos), comparte frontera con Chile al oeste y al noreste con Paraguay, pero su frontera norte con Bolivia es especialmente activa por la cercanía de ciudades como Salvador Mazza (en Argentina) y Yacuiba (Bolivia). Al contrabando, que lleva de un país al otro productos como azúcar, tabaco o hasta material de construcción a través de decenas de pasos ilegales, se ha añadido el problema de lo que las autoridades salteñas llaman “tours sanitarios”, viajes esporádicos de visitantes bolivianos para atenderse en el sistema de salud público de Argentina.

“No solo vienen a hacerse consultas, sino que vienen a hacerse cirugías de alta complejidad, usando insumos y prótesis que son de altísimo costo”, ha denunciado este jueves el ministro Mangione. Según el Ministerio de Salud salteño, los hospitales públicos de la provincia han atendido a 3.800 extranjeros solo en los últimos tres meses. Según Mangione, que viene alertando de la situación hace semanas, la cifra es crítica en emergencias como la epidemia del dengue, que en su último brote tuvo una ocupación hospitalaria de casi el 90% de ciudadanos extranjeros en localidades como Salvador Mazza, según anuncio el ministro a mediados de febrero. “Hoy por hoy, con todo el problema económico y los recortes de nación, estamos trabajando para compensar algunas de estas pérdidas”, ha afirmado este jueves Mangione. “Por cada insumo que utilizo con otra persona que no sea de Salta, estoy quedándome sin un recurso para el salteño”.

Según el decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, los extranjeros que visiten la provincia con permisos turísticos o de trabajo estacional, y aquellos que aún estén en trámite de solicitar su residencia argentina en la oficina de migraciones, deberán contribuir “a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales” para “garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”. Los residentes extranjeros radicados legalmente en Argentina todavía podrán acceder de manera gratuita al sistema de salud público y la provincia también atenderá gratuitamente las urgencias de extranjeros por “una cuestión humanitaria”, pero el Gobierno ha afirmado que también está buscando maneras para controlar la atención de los extranjeros que cuentan con la residencia argentina pero que no viven en el país.

“Las emergencias se atienden, cosa que no pasa, y no hay reciprocidad, con los argentinos en los países limítrofes”, ha defendido el gobernador Sáenz este jueves en una entrevista televisiva. Según ha revelado el gobernador, entre un 20 y un 30% de las cirugías programadas en la provincia tienen como pacientes a ciudadanos de otros países. “Ningún país lo hace. Cada vez que uno viaja tiene que pagar un seguro médico para que lo atiendan de emergencia, y si son cuestiones complejas, mucho más. Esto pasa en todo el mundo, Argentina no puede quedar ajena a esto. Las provincias que somos fronterizas tenemos que buscar resolver este tema. Todas deben hacerlo”.

Sáenz también ha afirmado que tomó la decisión por “la falta de transferencias” del Gobierno central y la crisis económica argentina. “Amerita de una vez por todas resolver este tema, que deberíamos haber resuelto estemos mal o bien económicamente”, ha dicho el gobernador, que empezó su segundo mandato de cuatro años en diciembre pasado.

La iniciativa del gobierno salteño, que resuelve una polémica de años por la falta de reciprocidad en la atención médica a ciudadanos argentinos en países fronterizos, ha encontrado justificación en los recortes a la distribución de impuestos estatales que desde el mes pasado impulsa el plan de austeridad del Gobierno de Javier Milei. El conflicto entre el Gobierno central y las provincias ha escalado al borde de la crisis institucional en otras jurisdicciones.

El pasado fin de semana, el gobernador de la patagónica Chubut amenazó al Gobierno con cortar el suministro de gas y petróleo si no recibía transferencias retenidas que calculaba en casi 16 millones de dólares. Un juez dictaminó este martes el cese de las retenciones, pero la pelea pública entre Milei y el gobernador chubutense, Ignacio Torres, llevó a la mitad de las 24 jurisdicciones argentinas a alinearse frente al presidente. La pelea ha ido más allá de colores políticos: Torres pertenece a la alianza de Juntos por el Cambio, liderada por el expresidente Mauricio Macri y aliada de Milei, pero no ha sido el único gobernador que ha llegado a los tribunales para hacerle frente al presidente. El último ha sido Axel Kicillof, gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, que ha prometido llegar a la Corte Suprema en su reclamo por la restitución de fondos. “Que no crea el presidente que por más que sigan extorsionando o amenazando a las provincias vamos a dejar de pelear”, advirtió Kicillof el lunes al anunciar que perseguiría una vía legal tras el fracaso de las conversaciones con el Gobierno central.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.