El Gobierno argentino agita los mercados con la pesificación forzosa de parte de su deuda pública en dólares
El anuncio frena la depreciación de la moneda local, pero hunde los bonos en moneda extranjera y dispara el riesgo país
El Gobierno argentino necesita dólares para financiar el gasto público y sostener la moneda. La recaudación procedente de las agroexportaciones, la principal fuente de ingreso de divisas del país, se verá mermada este año por la mala cosecha derivada de la peor sequía de los últimos 60 años. A su vez, la posibilidad de realizar un ajuste severo queda descartada por la cercanía de las elecciones presidenciales del ...
El Gobierno argentino necesita dólares para financiar el gasto público y sostener la moneda. La recaudación procedente de las agroexportaciones, la principal fuente de ingreso de divisas del país, se verá mermada este año por la mala cosecha derivada de la peor sequía de los últimos 60 años. A su vez, la posibilidad de realizar un ajuste severo queda descartada por la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo octubre. Ante ese complejo horizonte, el Ejecutivo de Alberto Fernández busca alternativas. Una de ellas es un canje forzoso con el que se pesificará parte de la deuda estatal en dólares. La decisión, anticipada por el Ministerio de Economía, sacudió este miércoles los mercados y provocó el rechazo unánime de la oposición.
La cartera encabezada por Sergio Massa difundió a última hora del miércoles el texto del decreto de necesidad y urgencia que obligará a los organismos estatales a vender en el mercado los bonos de deuda en dólares que atesoran como ahorro. A cambio, recibirán títulos en pesos del Tesoro, que se quedarán con los dólares. El más afectado será el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, la reserva de valor del ente a cargo de las jubilaciones.
Se prevé que el texto será publicado el jueves en el Boletín Oficial, pero los objetivos ya habían sido adelantados por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein. El secretario destacó en Twitter que la medida permitirá bajar la deuda pública en moneda extranjera “en unos 4.000 millones” de dólares sin usar reservas del Banco Central y aportará mayor estabilidad al mercado cambiario, clave “para el despliegue de medidas que fortalezcan el orden macroeconómico”. La operación permitirá que el Ministerio de Economía obtenga los fondos que necesita sin recurrir a una mayor emisión monetaria y ampliará su capacidad de actuación en los mercados financieros de divisas “para evitar subas disruptivas”, según Rubinstein.
El optimismo del Gobierno chocó con la reacción desigual de los mercados. La moneda local frenó su depreciación y recuperó parte del terreno perdido a principios de semana. Al cierre de la jornada, en el mercado paralelo o blue, un dólar se cambiaba a 391 pesos; por el dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) se ofrecían a 381,82 y por el dólar contado con liqui (CCL), 398,7. Los bonos en dólares, por el contrario, tuvieron caídas promedio del 3% en sus cotizaciones y el índice de riesgo país de Argentina -el diferencial que paga sobre los bonos de EE UU- saltó un 5,3 %, hasta los 2.458 puntos básicos.
El economista Marcelo Elizondo sostiene que el canje de deuda pública en dólares por títulos en pesos es una medida de urgencia en un contexto de gran inestabilidad. “El Estado argentino tiene profundos desequilibrios macroeconómicos y el Gobierno se va quedando cada vez con menos herramientas. Ahora acude a una de las últimas fichas para tratar de contener el desborde, pero no es una solución a los problemas, es una herramienta de corto plazo”, opina.
Elizondo detalla que la medida busca aumentar la oferta de dólares en el mercado para reducir la presión sobre la moneda. Al obligar a los organismos públicos a deshacerse de dólares y comprar pesos, estos absorben parte del excedente en circulación y favorecen que se reduzca la inflación. El costo a pagar, en su opinión, es que cae el valor de los bonos en dólares y además se debilita el patrimonio del fondo de garantía del sistema público de pensiones: “Se está desprendiendo de activos en dólares para hacerse con pesos en títulos del Tesoro que son de muy inferior calidad”.
Críticas opositoras
Todo el arco opositor ha arremetido contra el Gobierno por considerar que la pesificación golpea a las jubilaciones. “Por segunda vez, Massa y Cristina [Fernández de Kirchner] meten mano en los fondos de la Anses”, ha criticado por Twitter Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por la coalición Juntos por el Cambio, quien ha acusado al Gobierno de cambiar “por papelitos sin valor” los fondos del organismo. “Sergio Massa, no le robes a los jubilados. Vamos a ir a la Justicia junto a todos aquellos que se sientan afectados. Vamos a evitar que se lleven los recursos de la Anses en títulos dólarizados y nos dejen papelitos de colores. #ConLosJubiladosNo”, escribió la diputada Graciela Ocaña.
Los mensajes de la oposición dejan entrever un pensamiento generalizado en Argentina: el peso no tiene valor. Con una inflación interanual superior al 100%, quien puede ahorra en dólares, aunque tenga que conseguirlos a un elevado precio en el mercado informal debido a las restricciones cambiarias. Otra opción es comprar activos dolarizados, como inmuebles o automóviles, o recurrir a mecanismos financieros.
La palabra pesificación, además, tiene un regusto amargo para muchos argentinos. Quedó asociada a la crisis del corralito de 2001-2002, cuando bajo la presidencia de Eduardo Duhalde los ahorristas vieron cómo sus depósitos en dólares eran convertidos sin previo aviso a la moneda nacional, que se devaluó un 40%.
Los malos recuerdos ayudan a entender el escepticismo que predominó entre los inversores antes de conocerse la letra chica del plan oficial. “Están mandando un mensaje de escasez de dólares que no es constructivo para el precio de los bonos”, advierte Pablo Waldman, senior strategist de Inviu. “Si le cambian las condiciones a lo público, ¿por qué no te va a pasar a ti en el futuro?”, agrega Waldman sobre uno de los temores que ha despertado el anuncio.
Los inversores señalaron también que se trata de una maniobra arriesgada que puede ser ruinosa para el Estado argentino y terminar en los tribunales. Las dudas, plantearon, podían estar detrás del retraso de un decreto anunciado para 24 horas antes.
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