El atentado contra Cristina Kirchner lleva al límite la polarización política en Argentina

La violencia política en Argentina ha escalado a niveles sin precedentes en casi 40 años de democracia. El jueves por la noche, Fernando André Sabag Montiel, un brasileño de 35 años, apuntó con un arma cargada a la cabeza de la vicepresidenta de Argentina, ...

La violencia política en Argentina ha escalado a niveles sin precedentes en casi 40 años de democracia. El jueves por la noche, Fernando André Sabag Montiel, un brasileño de 35 años, apuntó con un arma cargada a la cabeza de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La pistola, una Bersa calibre 32 semiautomática, llevaba cinco balas en el cargador pero se encasquilló. El atentado fue el primero contra un alto cargo desde que en 1983 Raúl Alfonsín reemplazó a un militar en la Casa Rosada. Todo el arco político se unió en un cerrado repudio, con llamamientos a la paz y muestras de solidaridad hacia la expresidenta. Pero el consenso en los partidos no alcanza a la calle. Muchos kirchneristas han acusado a la oposición y los medios por agitar la violencia contra la expresidenta a través de discursos de odio. Sectores antikirchneristas consideran, en cambio, que el ataque ha sido una puesta en escena para distraer la atención sobre las causas por corrupción que afronta Fernández de Kirchner.

En Buenos Aires se respira una gran conmoción ante un ataque que nadie creía posible. El agresor se entremezcló entre la multitud kirchnerista que esperaba a la vicepresidenta frente a su domicilio y logró llegar hasta pocos centímetros de ella y apuntarla a la cabeza. “La de ayer fue la noche más larga, triste y oscura en mucho, mucho tiempo. Tenemos que movilizarnos para defender la democracia”, dice el jubilado Julián Pereyra camino a la movilización de Plaza de Mayo, convocada por la coalición gobernante, el peronista Frente de Todos. “Estoy aquí para defender una democracia que tanta sangre nos costó a todos los argentinos”, señala Rosa Jiménez, envuelta en una bandera albiceleste.

Al ser cuestionados sobre la posibilidad de una tregua política, la mayoría de manifestantes se muestra pesimista. “Soy agorero. Puede ser que por unos días esto se calme, pero cuando uno escucha algunos mensajes de la oposición se da cuenta de que no durará mucho”, opina el taxista Horacio Luis Lotitto. “Espero que la dirigencia esté a la altura de esta situación, les pedimos responsabilidad institucional, pero dudo que sea así, ojalá me equivoque”, expresa Fátima López.

El clima de polarización ha llegado incluso a instalar en algunos sectores la idea de que, pese a no aportar ningún argumento o prueba, todo responde a un montaje del peronismo. “Está todo armado, todo, ¿no viste las imágenes? Ella se acomoda el pelo, ni se inmuta. En tres semanas anuncia su campaña presidencial, verás”, critica un quiosquero al ver pasar a manifestantes rumbo al epicentro de las grandes movilizaciones del país.

El intento de asesinato ha desviado la atención de toda América Latina hacia Argentina, en un momento en que los ojos estaban puestos en el referéndum constitucional del domingo en Chile. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, calificó el atentado como el hecho “más grave” registrado en el país desde el final de la dictadura. Al filo de la medianoche del jueves, el mandatario decretó festivo nacional para que la gente pudiese sumarse a las manifestaciones de repudio. La decisión no cayó bien en provincias opositoras, como Mendoza (oeste) y Jujuy (norte), que no la acataron. “Se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia y adhesión a la paz social”, dijo el Gobierno de Mendoza, encabezado por el radical Rodolfo Suárez.

El Gabinete de ministros se ha reunido de urgencia para analizar el estado de conmoción social y Fernández ha convocado para esta tarde de viernes a los sectores sindicales, sociales, empresariales, religiosos y de derechos humanos “para construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia”, según el comunicado emitido por la Presidencia argentina. El Congreso celebrará una sesión extraordinaria el sábado para repudiar el ataque.

Crispación

El atentado contra Kirchner ha bajado los niveles de violencia que lleva meses creciendo entre los partidos, pero es posible que todo sea una ilusión. Tanto el presidente como integrantes de su Gabinete achacaron el ataque a los mensajes de odio vertidos desde espacios opositores, judiciales y mediáticos. Los principales líderes del macrismo se cuidaron bien de responder al presidente, con la excepción de su representante más extremo. La exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, acusó al presidente de “jugar con fuego”. “En vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política”.

La crispación entre kirchneristas y antikirchneristas, que lleva casi dos décadas, inició una peligrosa espiral ascendente desde que un fiscal pidiese, el pasado 22 de agosto, 12 años de cárcel contra Kirchner por presunta corrupción durante sus dos Gobiernos (2007-2015). La petición de prisión fue recibida con aplausos por detractores de la vicepresidenta y, a la vez, provocó una gran ola de apoyo popular entre sus simpatizantes.

Cristina Kirchner se considera víctima de una persecución judicial, orquestada por una derecha en la que ubica a Macri, los grandes medios y los empresarios, todos presuntamente coordinados por Estados Unidos. Hace dos martes, Kirchner se defendió de las acusaciones por corrupción con un discurso en vivo por redes sociales. Dijo que en Argentina existe un “partido judicial” que ha decidido proscribirla de la política, temeroso de que en 2023 sea candidata y obtenga un tercer mandato. “Esto no es un juicio contra Cristina Kirchner, es un juicio contra el peronismo”, dijo entonces, agitando el fantasma de las décadas en las que su partido estuvo proscrito por los militares. La petición fiscal de prisión contra la presidenta activó una gran ola de apoyo popular.

Cientos de manifestantes se juntan desde entonces cada día frente a su casa del barrio de Recoleta, uno de los más ricos de Buenos Aires, para darle su apoyo. Los vecinos se quejan de lo que consideran una ocupación inadmisible del espacio público. La situación explotó hace una semana. El jefe de Gobierno de Buenos Aires y rival político de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, colocó vallas para impedir nuevas manifestaciones. Los kirchneristas las derribaron y la policía los reprimió con gas pimienta. Por la noche, Kirchner pidió que sus seguidores pusiesen fin al sitio barrial, al tiempo que exigió a la oposición que dejase de “competir para ver quién odia más y quién le pega más a los peronistas”. Su hijo, el diputado Máximo Kirchner, subió aún más la apuesta y dijo que los detractores de la vicepresidenta estaban viendo “quién mata al primer peronista”. “Esas cosas terminan muy mal”, anticipó.

La reacción opositora alimentó aún más el estado de crispación general. Desde los sectores más duros del macrismo acusaron al alcalde Rodríguez Larreta, uno de los suyos, de dejarse vencer por los kirchneristas y retirar las vallas. Y a Kirchner de promover la violencia con sus constantes llamamientos a la movilización popular. Son los mismos grupos que llaman “yegua” o “chorra” a la vicepresidenta, mientras marchan con una guillotina a la que adornan con inflables con trajes a rayas. “Presos, muertos o exiliados” es uno de los lemas de aquellas movilizaciones contra el peronismo.

Finalmente, la advertencia de Máximo Kirchner se cumplió y las cosas terminaron mal en la noche del jueves. La combinación de peronismo movilizado y políticos cruzando acusaciones cristalizaron en un arma sobre el rostro de la vicepresidenta.

El peronismo es históricamente fuente de grandes pasiones encontradas. En 1955, la aviación de la Marina bombardeó la Plaza de Mayo en horario de oficina, con un saldo de 308 muertos. Vino luego el exilio de Perón en España y una escalada de violencia que alcanzó su cenit con la dictadura de 1976. El regreso a la democracia, en 1983, cambió drásticamente las reglas del juego. En Argentina no hay atentados de origen político y los presidentes se sienten seguros con una mínima custodia. Pero cuando los problemas arrecian, aquellos recuerdos vuelven, ya sea como coartada o simplemente como estrategia de movilización.

Los detractores de la vicepresidenta han redoblado su militancia en las redes sociales con mensajes en los que advierten de que el intento de magnicidio es un montaje. Los kirchneristas redoblaron la apuesta en la calle.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.