La edad de la demencia

Alcanzar el poder, bajo el paraguas institucional de la democracia, presupone que la voluntad popular de una manera o de otra está presente. El sufragio universal valida el proceso de (s)elección de gobernantes en cualquier nivel, sea de forma directa o indirecta, a través de candidaturas uninominales o plurinominales, con una sola vuelta o a doble vuelta, con criterios de representación mayoritaria o proporcional. Si el condicionante del origen procedimental es claro dentro de esa variada casuística no lo es tanto en lo atinente a las condiciones de la persona que quiere acceder al usufructo ...

Alcanzar el poder, bajo el paraguas institucional de la democracia, presupone que la voluntad popular de una manera o de otra está presente. El sufragio universal valida el proceso de (s)elección de gobernantes en cualquier nivel, sea de forma directa o indirecta, a través de candidaturas uninominales o plurinominales, con una sola vuelta o a doble vuelta, con criterios de representación mayoritaria o proporcional. Si el condicionante del origen procedimental es claro dentro de esa variada casuística no lo es tanto en lo atinente a las condiciones de la persona que quiere acceder al usufructo del poder sea en el ámbito que sea. Hoy, solo la edad mínima y la nacionalidad constituyen una traba universal, además de la condena que prive del ejercicio de derechos políticos, pues otras limitaciones derivadas de la incompatibilidad por poseer un fuero militar o eclesiástico solo se dan en un escaso número de constituciones.

El ejercicio de la política requiere, por tanto, de candidaturas listas para competir en un determinado marco institucional que habitualmente están ungidas por una mezcla de ambición y de vocación y que resultan electas gracias al apoyo popular. La legislación puede incorporar limitaciones referidas a su inclusión en formaciones políticas con personería jurídica determinada prohibiendo expresamente las fórmulas independientes o no. Puede asimismo obligar a que, en su caso, la configuración de las listas sea paritaria. También puede prohibir la reelección inmediata o incluso la alterna. La vieja consideración del sufragio censitario que influyó en las condiciones letradas ya desapareció. Por otra parte, la profesionalización de la política hizo que las campañas electorales se nutrieran de flujos de capital insólito a pesar de que algunas legislaciones imponen controles severos a los gastos.

Sin embargo, se omitió cualquier tipo de disposición sobre el tope de edad y no se consideró regular la salud de quienes estaban en la liza democrática por el poder. En algunas ocasiones, como ocurrió en Ecuador en 1997, la Constitución al uso permitió al Congreso destituir al presidente en ejercicio bajo la figura de incapacidad mental sin que recabara intervención de especialista alguno que lo certificara. La puerta de entrada en la política estuvo siempre abierta a prácticamente todo el mundo al ignorarse el nivel de la condición física o psicológica de quienes aspiraban a un cargo. Lo que se da como mecanismos de control en otras profesiones cuya responsabilidad es significativa, piénsese en los pilotos de avión, no existe en la política, aunque la persona concernida pueda llegar a tener en sus manos el botón nuclear.

Ahora bien, al tratarse del manejo del poder requiere siempre de instituciones que lo frenen para evitar su discrecionalidad y la tentación de perpetuarse indefinidamente. Más aún por el hecho de gestarse en la era digital, un escenario donde lo que impulsa el interés y la participación son los algoritmos y el entretenimiento, no la experiencia validada constantemente, ni la deliberación. Una dislocación social que parece no tener límite en la que, además, se cree que el poder no debiera residir en instituciones —que pueden violentarse a voluntad—, colectivos —que se pervierten en una confrontación agónica amigo-enemigo—, ni iguales —al triunfar la lógica de la exclusión—; todo el poder tiene que emanar y girar en torno al propio individuo que lo alcanza por un mecanismo u otro.

Este escenario se ve matizado en la actualidad por dos aspectos que no son nuevos en la historia, pero que en la política espectáculo de hoy en día cobran un significado dramático por tratarse de fenómenos que afectan a cierto número de países cuya relevancia en el panorama mundial de uno de ellos es mucha. Son la enfermedad y la edad. La actividad política requiere de energía y de unas capacidades de atención, discernimiento y equilibrio que disminuyen cuando el sujeto está afectado por ambas. De hecho, su habitual correlación puede llegar a ser una combinación nefasta.

No se trata del complejo asunto de la calidad de los políticos cuya determinación es siempre complicada y sobre la que no hay un consenso determinado ni por la academia ni por la opinión pública. Es algo que desde el nivel de la capacidad se liga a la responsabilidad en base a unos principios éticos que respetan la legalidad y que asumen las consecuencias de los actos en un ejercicio permanente de rendición de cuentas.

La enfermedad, sobre todo la que tiene un componente neurológico, no es fácil de diagnosticar y más si no hay contacto físico con la presunta persona afectada que debe examinarse para determinar su estado. Además, aspectos habituales en la política como el narcisismo, la inconsistencia, la paranoia, la bipolaridad, la falta de autocontrol, la amnesia, el delirio, las alucinaciones, las manías y las obsesiones configuran una frontera nebulosa entre el individuo sano y aquel que ha rebasado todos los límites. El ejercicio del poder bajo esas circunstancias de prepotencia conduce al caos, al triunfo del capricho y al descrédito. Los casos actuales son de sobra conocidos y no se libra el juicio de su deterioro mental por el hecho de que algunos cuenten con tasas elevadas de aprobación y simpatía popular.

Por su parte, la edad acompaña en una clara correlación al desgaste neurológico. El Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, la psicosis y los trastornos disociativos son una prueba de ello. Sin caer en la fijación de un tope preciso y habida cuenta de las numerosas excepciones de personas de edad avanzada que gozan de una salud mental impecable es siempre un elemento para tener en cuenta en la consideración de la carrera política.

Dentro de los numerosos factores que irrumpen en la política, la salud mental de quienes la ejercen en su más alto nivel, como cada día hay una clara evidencia de ello, es uno que no debiera soslayarse. Es un imperativo abordar esta traba en el marco de sociedades que deben tomar conciencia del riesgo que supone estar gobernadas por individuos enfermos cuyas decisiones megalomaníacas sin cortapisa alguna pueden generar desastres inconmensurables.