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Biden promulga la Ley Renacer que extiende las sanciones a Nicaragua

El presidente de EE UU calificó la reelección de Daniel Ortega ante una oposición encarcelada o en el exilio como una “pantomima”

El presidente Joe Biden, este miércoles en Delaware.MANDEL NGAN (AFP)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha promulgado este miércoles la ley Renacer para extender la imposición de sanciones a Nicaragua tres días después de la celebración de las cuestionadas elecciones que calificó de “pantomima” y que le dan cinco años más a ...

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha promulgado este miércoles la ley Renacer para extender la imposición de sanciones a Nicaragua tres días después de la celebración de las cuestionadas elecciones que calificó de “pantomima” y que le dan cinco años más a Daniel Ortega en el poder. Para la Casa Blanca, “la falsa elección de Nicaragua no fue ni libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”.

La llamada ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés) fue aprobada la semana pasada de manera bipartidista por el Congreso, que le da a Biden amplios poderes para imponer sanciones a Nicaragua, incluida la exclusión del Tratado de Libre Comercio con esa potencia. También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción, y requiere más informes de inteligencia sobre las actividades del Gobierno ruso en el país centroamericano, incluyendo documentación sobre las ventas militares de Moscú a Managua.

En el comunicado en el que se anuncia la firma de la ley, la Casa Blanca explica que ésta “impone sanciones al Gobierno de Daniel Ortega “para restringir los préstamos en bancos multilaterales y para atajar la corrupción del régimen”. La legislación transmite un mensaje contundente y nuevas herramientas para abordar el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo, acusado de corrupción y autoritarismo, y su intento de subvertir las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense. Para ello, Washington requiere aumentar, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y países latinoamericanos y caribeños, las sanciones selectivas de Estados Unidos a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres.

El domingo, Biden fue el primer mandatario extranjero en rechazar las elecciones nicaragüenses y recordó las violaciones a los derechos humanos producidas en el país centroamericano desde junio, cuando Ortega inició una ola de persecución y encarcelamiento de voces críticas. “La familia Ortega y Murillo, durante mucho tiempo impopulares y ahora sin un mandato democrático, gobiernan Nicaragua como autócratas, no de forma diferente de la familia Somoza, contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas”, escribió el presidente en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Además, advirtió que su país utilizaría “todas las herramientas diplomáticas y económicas” a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua “y responsabilizar al Gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos”.

En un comunicado, el Ejecutivo estadounidense agradeció el “liderazgo” de los legisladores que impulsaron la iniciativa, aprobada la semana pasada con amplio apoyo bipartidista. Entre ellos están Dick Durbin, el demócrata número dos de la Cámara Alta, y Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, además de los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. También aparecen el congresista demócrata Albio Sires, y su colega republicana María Elvira Salazar, cuyo exmarido, Arturo Cruz, es uno de los siete aspirantes presidenciales detenidos.

Ortega, en el poder desde 2007, ganó el domingo un cuarto mandato consecutivo. Tras conocer el resultado, Biden repasó en un comunicado el encarcelamiento de cerca de cuarenta líderes opositores desde el mes de mayo incluidos los siete posibles candidatos a la presidencia- y el veto a la participación de otros partidos, además de los abusos a los miembros de la prensa y hacia activistas de la sociedad civil, así como miles de exiliados.

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