Una intervención militar en Perú bajo sospecha tras el asesinato de cinco civiles confundidos con narcoterroristas
El caso ha sido asumido por una fiscalía especializada en derechos humanos y cuestiona el margen de actuación de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia
Una operación militar ha causado indignación en Perú por exponer un uso desproporcionado de la fuerza y fallas graves en los protocolos del Estado en zonas de conflicto. La madrugada del sábado, en un paraje de la serranía, en el distrito de Colcabamba, en el centro-sur del país, una patrulla militar abrió fuego contra una camioneta. El parte inicial informaba de un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas que dejó cinco muertos y dos heridos de gravedad. Luego aparecería un sobreviviente que habría saltado del auto antes de perpetrarse el ataque.
El relato militar se sostuvo, en ...
Una operación militar ha causado indignación en Perú por exponer un uso desproporcionado de la fuerza y fallas graves en los protocolos del Estado en zonas de conflicto. La madrugada del sábado, en un paraje de la serranía, en el distrito de Colcabamba, en el centro-sur del país, una patrulla militar abrió fuego contra una camioneta. El parte inicial informaba de un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas que dejó cinco muertos y dos heridos de gravedad. Luego aparecería un sobreviviente que habría saltado del auto antes de perpetrarse el ataque.
El relato militar se sostuvo, en un inicio, en una alerta de inteligencia: una camioneta que transportaría armamento y sustancias ilegales atravesaría la zona. Los soldados intentaron detenerla, pero el vehículo no frenó. Entonces dispararon. Dicha versión ha sido puesta en entredicho por la magnitud de la respuesta: cerca de cincuenta disparos contra sus siete ocupantes que, según las pericias, estaban desarmados y tampoco llevaban droga.
A medida que avanzaban las horas, las identidades de algunas de las víctimas desarmaron la hipótesis inicial. Entre los fallecidos había jóvenes que regresaban de un campeonato de fútbol regional y agricultores de la zona. Dos de las víctimas son los hermanos Cristian Águila Vilcatoma (fallecido) y Jhonatan Águila Gutiérrez (herido). Cristian cumplió 18 años un día antes de morir. Jugaba de mediocampista en el club Libra Vizcatán.
Otro de los fallecidos fue el arquero William Núñez Soto, quien también disputaba la Copa Perú. También figuran en la lista fatal Jaime Bendezú Paraguay y Wilder Romero Sivipaucar, además de Nilson Montenegro Valencia, un ciudadano colombiano que iba al volante de la camioneta.
Sin embargo, en un giro de la historia, apareció un tercer sobreviviente, el que sería un octavo ocupante de la camioneta, un muchacho de 20 años llamado Ricardo Acuña Quispe, quien declaró en una manifestación policial que lo habían contratado para transportar cocaína y que estaba coludido con su primo Eber Soto Quispe, uno de los dos heridos. Pero aclaró que la droga se hallaba en otro vehículo. Su defensa legal ha denunciado que Acuña habría sido obligado a realizar dicha “confesión”.
En un video difundido por el portal de investigación Epicentro TV, Acuña Quispe cuenta que luego de escapar del lugar se entregó a los efectivos. Reafirma lo dicho por su abogado: se autoinculpó porque fue presionado por los militares. “Fui amenazado para hablar esas cosas, porque no encontraron nada. Me dijeron que me iban a disparar, a meter bala. Ellos buscaban salirse con la suya”.
El abogado Antony Crespo insiste en que los ocupantes del vehículo se conocían y regresaban de un partido de fútbol. “Acá la única verdad es que han matado a cinco jóvenes inocentes. Toda versión que está circulando en las redes, que el Ejército se está encargando de divulgar, no es más que meras excusas para justificar este atentado”, dice. Crespo afirma que a los sobrevivientes les practicaron un examen toxicológico y resultó negativo.
El lugar del tiroteo no es un detalle menor. Colcabamba se ubica cerca de la hidroeléctrica del Mantaro, en un corredor que conecta con el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una zona históricamente marcada por el narcotráfico. Allí, los remanentes del terrorismo —derrotados en los noventa— han mutado hacia economías ilegales sin un proyecto ideológico claro. Aunque su capacidad está reducida, su sola presencia basta para reactivar, cada cierto tiempo, la sombra del terrorismo.
En ese contexto, el Comando Especial VRAEM defendió la actuación de la patrulla. Aseguró que respondieron a un ataque armado y que actuaron en legítima defensa. Sin embargo, los hallazgos en la escena —la ausencia de armas en el vehículo y la identidad de las víctimas— han puesto en tela de juicio el relato. La investigación fiscal se orientó hacia un posible homicidio calificado. Ocho miembros del Ejército, incluido un capitán, fueron detenidos preliminarmente, aunque recuperaron su libertad este lunes al no solicitarse prisión preventiva.
Jaime Antezana, especialista en narcotráfico, ha deslizado que la matanza podría tratarse del intento de instalar un psicosocial en estos días donde está por definirse al nuevo presidente de la República. Sostiene que el distrito de Colcabamba no es desde hace años una zona de acción de narcotraficantes. “Seguramente, por esa razón la inicial versión de un enfrentamiento con elementos narcoterroristas fue abandonada en el comunicado oficial del Ejército. Si quisieron inventar un enfrentamiento armado con elementos terroristas para utilizarlos políticamente a favor del fujimorismo en la segunda vuelta electoral carecía de asidero”, ha señalado.
El caso ha sido asumido por una fiscalía especializada en derechos humanos. Como analizaron algunas organizaciones, una intervención militar con posibles excesos en el uso de la fuerza requiere otro abordaje. Más allá del expediente judicial, el episodio vuelve a colocar bajo escrutinio el margen de actuación de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia. Todo permanece en investigación.