Los 100 días con Delcy: de la boina roja al blazer azul

Con el aval de Washington, Delcy Rodríguez cumple cien días como presidenta encargada de Venezuela. Aunque lleva más de cinco años ocupando posiciones clave en el área económica, los ajustes que impulsa en esta etapa se alinean con las exigencias de Estados Unidos. Sin embargo, su capacidad para administrar la crisis y mante...

Con el aval de Washington, Delcy Rodríguez cumple cien días como presidenta encargada de Venezuela. Aunque lleva más de cinco años ocupando posiciones clave en el área económica, los ajustes que impulsa en esta etapa se alinean con las exigencias de Estados Unidos. Sin embargo, su capacidad para administrar la crisis y mantener en pie la estructura autoritaria responde a un atributo propio, cultivado durante años en el núcleo del poder.

En estos tres meses, el país ha experimentado un cambio visible en la estética del poder: menos Che y más Chanel. Los hermanos Rodríguez, Jorge en la Asamblea Nacional y Delcy en la jefatura del Estado, han dejado atrás los símbolos que marcaron al chavismo y que ya se habían atenuado en la última etapa del madurismo.

La célebre boina roja de Chávez ha sido sustituida por blazers azul marino o en tonos pasteles y la paleta de colores de la comunicación oficial se ha “googlelizado”. La identidad gráfica es más limpia, tecnológica y corporativa, a tono con el reposicionamiento de Delcy, quien ha sido perfilada como tecnócrata y autoritaria moderada.

No es, sin embargo, sólo una variación cosmética. El 9 de abril, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Minas, cuyo objetivo es “atraer capital nacional y extranjero, con seguridad jurídica”. Desde la época de la independencia, el Estado es propietario de la riqueza del subsuelo.

En esa misma sesión, la AN designó como fiscal general a Larry Devoe, funcionario del oficialismo y negacionista de los crímenes de lesa humanidad, junto con una nueva defensora del pueblo, Eglee Lobato, abogada con experiencia electoral, sin trayectoria en la defensa de derechos humanos y de un sector moderado no oficialista.

En el país ha habido un torbellino en este lapso, pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿Se encamina Venezuela hacia una transición democrática o estos cambios solo apuntan a una adaptación del autoritarismo?

Sobre el país persisten tres corrientes: quienes creen que Estados Unidos tiene un plan real para la democratización; quienes confían en que esta vez todo será distinto porque los Rodríguez no serían tan implacables como Maduro; y quienes ven una oportunidad de negocios bajo un autoritarismo “eficiente”. Como en una autopista de varios carriles, hay quienes se van ubicando en cada canal dependiendo de las circunstancias.

Mientras tanto, la población lidia con la inflación, que ya supera 71,83 % en lo que va de año, y aún mantiene un optimismo cauteloso ante la posibilidad de una leve mejora económica, según las encuestas de opinión. No obstante, el mismo 9 de abril hubo una marcha de protesta de trabajadores, que buscaba llegar al Palacio de Gobierno.

La firma consultora Poder y Estrategia elaboró un medidor de 21 indicadores para evaluar si hay cambios que podrían conducir a una transición democrática. Los hitos se ubican en cuatro categorías principales: economía y relaciones internacionales; reformas institucionales y gobernanza; garantías políticas y electorales; y libertades civiles y derechos humanos.

En este lapso de cien días, las métricas de desempeño son: 17 indicadores están en rojo (81%), tres en amarillo (14%) y solo uno en verde (5%), este último corresponde al cambio de ministro de Defensa. Los indicadores en amarillo, o parcialmente cubiertos, incluyen el regreso de empresas transnacionales especialmente del sector petrolero, el levantamiento parcial de sanciones a PDVSA y al Banco Central, y una desaplicación de la Ley del Odio.

Además de las nuevas leyes de Hidrocarburos y de Mina, en su mensaje del 8 de abril, Delcy Rodríguez anunció un aumento salarial “responsable”, insinuó una reforma laboral, otra fiscal; dejó abierta la posibilidad de privatizaciones de empresas públicas -con excepción de la petrolera-, y pidió el levantamiento total de las sanciones. También obtuvo una ley que le permite eliminar trámites administrativos por decreto, con el argumento de agilizar la inversión y reducir la discrecionalidad burocrática.

Este andamiaje busca facilitar la llegada de capital extranjero en un país cuya arquitectura económica fue diseñada para el control estatal. El esfuerzo se concentra en lo económico porque el modelo revolucionario se agotó en ese terreno. Las libertades civiles y políticas, en cambio, se dosifican para generar una sensación de apertura. La aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, lo evidencia: más de 400 presos políticos siguen en las cárceles y a otros se les niega el sobreseimiento. De acuerdo con la organización Justicia, Encuentro y Perdón, “el Estado instrumentaliza el volumen de presos del contexto de 2024 para alimentar una ilusión de pacificación”.

Aunque algunos atribuyen los cambios económicos a la presión estadounidense, lo cierto es que la élite gobernante, con Delcy como figura central, ya había identificado estas fallas y venía aplicando ajustes que sectores de izquierda calificaron como un giro neoliberal. El modelo hacia el que parecen dirigirse es uno de economía de mercado, con cerrojo político, similar al vietnamita, como lo describe el analista Omar Lugo.

Los Rodríguez han sabido gestionar incentivos para reducir resistencias. No buscan únicamente apoyo en la base tradicional del chavismo, sino en sectores opositores y, sobre todo, en el empresariado. El tutelaje estadounidense y la amenaza creíble de uso de la fuerza han sido, hasta ahora, un factor disuasivo que mantiene a raya a figuras como Diosdado Cabello, quien tras el fraude electoral de julio de 2024 había asumido un rol central en la represión. Hoy parece replegado estratégicamente.

Mientras tanto, los hermanos al mando apelan a un discurso de paz, ofrecen garantías al capital y mantienen una intensa actividad diplomática.

En estos cien días, la dictadura ha logrado adaptarse, ganar tiempo y estabilizarse, aprovechando las expectativas que generó la salida de Maduro el 3 de enero.

Nada indica, sin embargo, que el poder esté dispuesto a ceder. El nuevo enfoque abre apenas unos resquicios que permiten administrar expectativas sin modificar la estructura de control. Tras años de represión y de crisis económica, esos movimientos pueden parecer un respiro. Pero, lo que emerge es un autoritarismo que cambia de vestuario, no de naturaleza, y sigue sacando ventaja de un país exhausto.