Brasil, campeón mundial de supersalarios: 53.000 funcionarios cobran más que el techo; en Portugal hay tres

Basta una corta caminada por los barrios más céntricos de São Paulo para presenciar la enorme desigualdad que divide Brasil. Mientras hombres descalzos con una manta gris a modo de capa rebuscan entre las basuras algo de comida o unas latas vacías para juntar unos reales, los helicópteros sobrevuelan los rascacielos siguiendo pasillos aéreos. A bordo, ejecutivos que van a trabajar o familias con niños y niñera camino a su finca de fin de semana. Esa disparidad también se refleja en el funcionariado. Más de 53.000 empleados públicos, sobre todo magistrados, cobran salarios por encima del límite que impone la Constitución gracias a triquiñuelas diversas. Doce casos hay en Colombia; y tres en Portugal. Un reciente estudio que compara el techo retributivo del funcionariado en 11 países pone negro sobre blanco lo extraordinario del caso brasileño. “El país nunca será una democracia decente mientras se deje saquear por una élite funcionarial depredadora”, sentenció el editorial del diario Estadão.

El Congreso debate una reforma de la función pública para acabar con esos privilegios. Aunque la desigualdad se reduce en Brasil, el país sigue bien arriba en la clasificación de países con elites extremadamente privilegiadas. La caída del desempleo y los programas sociales, como el famoso Bolsa Familia, han logrado que el índice Gini haya caído al nivel más bajo en una década (a 0,504 cuando el 0 es la igualdad absoluta u el 1 la máxima desigualdad). Y, aunque la brecha se ha reducido algo, en muy pocos países la renta está tan poco distribuida: la del 10% más adinerado triplica la del 40% más pobre.

Si alguien quiere poner cara al 1% de los brasileños más privilegiados, lo ideal es que entre a un juzgado y busque a los magistrados. Los jueces constituyen el grueso de los 53.000 funcionarios que se embolsan un sueldo por encima del techo constitucional, que es el salario de un juez del Tribunal Supremo (o del presidente de la república). En números, 8.700 dólares brutos al mes.

Las remuneraciones de esos 53.000 empleados de la élite de la élite de la Administración costaron a las arcas públicas 3.700 millones de dólares en 2024 y, gracias a ese dineral, buena parte de ellos integran también el 1% más rico de los brasileños.

Y, como este es un país continental más acostumbrado a poner el foco en las diferencias regionales que a compararse con el resto del mundo, dos organizaciones de la sociedad civil, Movimento Pessoas à Frente y república.org, quisieron realizar un análisis que permitiera entender dónde se coloca Brasil en una comparación internacional. De modo que estudiaron la situación en once países, incluidos los vecinos y otros históricamente considerados referencia internacional. La idea es que esa información ayude a los parlamentarios en el debate sobre la reforma de la función pública y los supersalarios.

Visto el resultado, la anomalía brasileña —la magnitud del privilegio— queda aún más evidente. Los jueces mejor pagados de Brasil “ganan hasta seis veces más que las más altas autoridades del Poder Judicial portugués” y cuatro veces más que los magistrados de los tribunales constitucionales de Alemania, Francia, Argentina y Estados Unidos, dice el informe, de 89 páginas.

“Brasil, campeona mundial de supersalarios, siento vergüenza”, reaccionó la diputada de centro izquierda Tabata Amaral en un vídeo en redes sociales. A Brasil, con 53.000 funcionarios que cobran más que el límite constitucional, le siguen Argentina (con 27.000), Estados Unidos (con unos 4.000), Reino Unido (casi 2.000), México (unos 1.600), Chile (unos 750) y a enorme distancia Francia (77), Italia (46), Colombia (12), Portugal (3) y cierra la lista Alemania con ningún funcionario con un suelto que supere ese límite. Allí, explica el informe, los máximos responsables políticos siempre cobran más que el mejor pagado de los burócratas.

De modo que Brasil destaca en dos rubros: la cuantía y el volumen de beneficiados. El 80% de los jueces gana más que el límite oficial salarial. ¿Y cómo es posible? Pues gracias a lo que en Brasil denominan con ironía los penduricalhos, es decir, baratijas.

Son pluses que reciben, por ejemplo, por no disfrutar de algunos de los 60 días anuales de vacaciones que les corresponden o por no tomarse las libranzas, por asumir casos ante la ausencia de un colega, o por conceptos como subsidio de vivienda, alimentación o seguro de salud. Y esas cantidades no solo no computan como salario, sino que en ocasiones, tampoco tributan como renta. Y se produce aquella situación sobre la que alertó hace ya muchos años el acaudalado empresario Warren Buffet: pagan menos impuestos que sus secretarias.

“La reforma administrativa en marcha es una oportunidad para abordar este problema y acabar con los supersalarios en la función pública”, según explicó al diario Estadão la directora ejecutiva de Movimento Pessoas à Frente, Jessika Moreira. La ministra del ramo, Esther Dweck, ha recalcado la necesidad diálogo y de construir consensos porque “sin consenso esa agenda no va a avanzar”.

Y, aunque más del 80% de los brasileños está a favor de acabar con estos excesos pagados con sus impuestos, la elite del funcionariado es un poderosísimo grupo de presión. Cuando uno de sus colectivos logra un beneficio, otros lo emulan, alerta la activista Moreira. “Ahora vemos que los ingresos por encima del límite constitucional, que se concentraban en el Poder Judicial y el Ministerio Público, están migrando a los abogados del Estado. En otras palabras, hay un cambio, empieza a influir a las carreras dentro del Poder Ejecutivo”.

La diputada Amaral enfatiza que el asunto de los supersalarios atañe al 1% de los funcionarios que operan la maquinaria de estado. “Es una elite minúscula que capturó el presupuesto e inventó reglas para sí mismos. Algún juez ha llegado a recibir 1,3 millones de dólares en un año, no tiene ningún sentido”, afirma. Y el perjuicio, en su opinión, es doble: “Eso supone no solo desperdiciar el dinero, sino desmoralizar a quien trabaja bien y gana poco”, en referencia a la mayoría, a los peones que hacen funcionar la Administración en el día a día, el profesorado, las enfermeras, los agentes de salud que va a las periferias o los policías.