Condena anticipada: los presos de Bukele podrán pasar hasta siete años en prisión sin ser juzgados

El 1 de junio, al iniciar su séptimo año en la presidencia, Nayib Bukele lanzó una promesa sobre el destino de las casi 90.000 personas capturadas bajo el régimen de excepción: “No los vamos a liberar ya, ni nunca”, dijo. Dos meses y medio después, a mediados de agosto, la Asamblea Legislativa bajo su control aprobó una serie de reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado que le ayudarán a cumplir con esa amenaza. Entre otras cosas, la medida permite que los detenidos en su llamada “guerra contra las pandillas”, incluso aquellos que acaben resultando inocentes, puedan permanecer en prisión hasta siete años, antes de conocer un veredicto.

La modificación a ocho artículos de la ley, aprobada de forma exprés el pasado 15 de agosto, fue celebrada por el fiscal general, Rodolfo Delgado, como “la mayor reforma en materia procesal” en El Salvador desde finales del siglo pasado. Delgado aseguró ante los diputados de la comisión de Seguridad Nacional que con esos cambios se corrigieron los “errores” de un sistema de justicia que calificó de “hipergarantista”, y que, según él, es responsable de convertir a los tribunales en una suerte de “puerta giratoria” que permitía que los jueces liberaran a los detenidos casi al mismo ritmo con que la Policía los capturaba.

Algo de eso era cierto: antes de que Bukele tomara el control del sistema de justicia salvadoreño, si la Fiscalía no lograba probar la pertenencia de un acusado a una pandilla o su participación específica en un delito como homicidio, extorsión o cualquier otro, los jueces solían dejarlo en libertad con relativa facilidad. Pero el Gobierno de Bukele ha llevado al sistema hacia el extremo contrario: ahora la lógica oficial es que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario.

Una justicia a medida de Bukele

Parte de la transformación de Bukele al sistema de justicia ha ido contra los jueces. En 2021, a través de sus diputados, ejecutó una purga judicial, jubilando de forma obligatoria a todos los jueces mayores de 60 años y nombrando a 168 nuevos a su medida. Antes de eso, en más de una ocasión, amenazó con remover o incluso capturar a jueces que no cumplieran con sus lineamientos y ponerlos a “en una celda a la par” de sus acusados.

El régimen de excepción, contemplado en la Constitución salvadoreña, limita derechos fundamentales por un periodo de 30 días, aunque ha sido prorrogado ya en 41 ocasiones. En más de tres años, esta medida ha sido acompañada de reformas a leyes que amplían plazos procesales, endurecen condenas y permiten que menores de edad, acusados de ser pandilleros, sean juzgados como adultos. Con los cambios más recientes, la Fiscalía tendrá hasta 2027 para formalizar acusaciones, lo que significa que miles de detenidos podrían pasar cinco años en prisión preventiva antes de ser imputados. A ello se suma la modificación que permite que los juicios contra ellos se prolonguen con una duración de dos años o más, completando un total de siete. Ese juicio, además, se podría reabrir, aumentando ese periodo a un tiempo indefinido.

Otras reformas han introducido jueces anónimos y la adopción de juicios masivos en los que se agrupará a miles de acusados con el único factor común de pertenecer a la misma estructura criminal.

Organismos de derechos humanos han documentado más de 6.000 denuncias de detenciones arbitrarias, aunque sospechan que la cifra real es mucho mayor. Muchas de estas capturas parten de denuncias anónimas o de actitudes interpretadas como “sospechosas” por policías o soldados al momento de un registro, como ponerse nerviosos, según revelan al menos tres investigaciones fiscales revisadas por EL PAÍS.

“Mantener a una persona más de cinco años en detención provisional es un plazo irracional e injustificable”, señaló en un comunicado la organización de derechos humanos Cristosal, advirtiendo que esa práctica se agrava con la falta de supervisión judicial imparcial y la obstrucción al derecho de defensa.

Desde marzo de 2022, cuando se instauró el régimen, hasta la fecha, han sido capturadas 88.750 personas, según cifras del propio fiscal Delgado. Solo en el primer año fueron detenidas 66.000 personas, incluidos menores de edad, según Amnistía Internacional. Eso significa que más del 70% de quienes hoy están en prisión bajo el régimen podrían enfrentar cerca de siete años de encierro antes de una sentencia.

Jonatan, un joven de 28 años, es uno de ellos. Lleva tres años y cinco meses preso. Fue capturado durante la primera semana del régimen de excepción. Su madre, Ana, cuenta que lo capturaron mientras almorzaba en un comedor cercano al taller de mecánica automotriz donde trabajaba desde hacía una década. “En el lugar estaban dos pandilleros comiendo. La Policía llegó, capturó a esos dos y les encontraron un arma y droga. Pero no les bastó: también se llevaron a los dos mecánicos y al dueño del comedor”, relata.

Durante los primeros meses del régimen de excepción, policías denunciaron que el gobierno les exigía una “cuota” de detenidos por día, lo que los obligaba incluso a fabricar pruebas falsas. Esta práctica fue documentada y confirmada por Human Right Watch, según un informe publicado este año.

Ana mantiene viva la esperanza de que se demuestre su inocencia. Tiene la ropa de su hijo planchada, la cama lista, los zapatos en su lugar. “Tengo todo preparado para que venga hoy”, dice. En estos tres años, ha gastado más de 6.000 dólares en paquetes de limpieza y alimentos para llevarle a su hijo cada mes. Esto se suma al pago de tres abogados distintos que no le han dejado mayores resultados. “Lo único que sé es que está vivo. Eso me dijo el último abogado. De ahí, nada más”, dice en una llamada telefónica.

El Gobierno de Bukele ha declarado la información sobre seguridad como secreto de Estado, pero el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, ha reconocido que unas 3.000 personas han sido puestas en libertad condicional, lo que no significa que el proceso en su contra haya terminado, sino únicamente que un juez determinó que no existe la más mínima prueba para mantenerlas en prisión. Varias de ellas han denunciado torturas mientras se encontraban en las cárceles. La organización Socorro Jurídico Humanitario calcula que han sido más de 400 las muertes dentro de los penales desde que comenzó el régimen. En muchas de ellas, los cuerpos fueron identificados con signos de violencia o falta de atención médica.

Sobre el destino de las cerca de 90.000 personas detenidas en el régimen de Bukele, no hay muchas certezas. Incluso el mismo presidente lanza mensajes contradictorios. A finales de junio, semanas después de prometer que los detenidos “nunca” saldrían libres, escribió en su cuenta de X que “más de la mitad” están en rehabilitación y serán liberados “dentro de un par de años”. Acompañó el mensaje con una imagen del villano de Marvel, Thanos, en el que se ve al personaje diciéndole a su hija, Gamora: “Reduje el crimen en un 98%”. En la imagen, la niña le pregunta a qué costo, y él responde 1,5%, el porcentaje de la población adulta salvadoreña que está presa. En la saga de ficción, Thanos es un personaje que sacrifica a la mitad de la población mundial para devolver el “equilibrio” a la tierra. Una comparación que, lejos de aclarar el destino de los detenidos en El Salvador, refleja la dimensión de un proyecto que concibe la justicia como el sacrificio de inocentes.