La izquierda de Brasil celebra la sentencia, pero los gobernadores de derechas arropan a Bolsonaro

“Espero que estemos cerrando siglos de atraso marcados por el golpismo”, afirmó solemne la jueza Carmen Lúcia Antunes Rocha, la única mujer del Supremo de Brasil, al anunciar su voto, el decisivo, el que condenó a Jair Messias Bolsonaro, el jueves, por liderar una conspiración para dar un golpe de Estado. Un rato después de clausurada la histórica sesión en el Tribunal Supremo, una multitud se reunía en el bar Pardim, tradicional punto de encuentro de la izquierda en Brasilia, para “celebrar la prisión de los golpistas” en ambiente de carnaval aprovechando la cálida noche capitalina. Mientras el Gobierno elogia la histórica decisión judicial con el anhelo de que sirva de antídoto frente a quien sueñe con aventuras golpistas, los gobernadores de la derecha se apresuraron a criticar la condena y arropar a Bolsonaro. Su permanencia como líder de la derecha es una de las incógnitas ahora. Los bolsonaristas han limitado sus protestas al mundo virtual, sin saltar a la calle.

La ministra Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores, destacó la relevancia de la condena: “Se trata de una decisión histórica y sin precedentes, que garantiza que nunca más se atrevan a socavar el Estado de derecho y la voluntad popular expresada en las urnas”.

Cinco gobernadores de derechas, los de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás y Santa Catarina, se asomaron a las redes sociales con críticas a la decisión del Supremo y en defensa de Bolsonaro, el líder de la oposición brasileña. Varios de ellos están en la batalla para heredar su capital político. El favorito, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, tuiteó en X: “Si bien no se puede transigir con la impunidad (…), tampoco se puede condenar sin pruebas”. A eso añadió que “la sentencia es injusta y las penas, desproporcionadas”.

Sus colegas añadieron que las largas condenas azuzan la polarización o se hicieron eco de las principales quejas de las defensas: falta de tiempo para analizar las pruebas y que el Supremo no era la instancia para juzgar el caso. Precisamente, los argumentos esgrimidos por el único juez discrepante del tribunal.

Como Bolsonaro tiene prohibido por orden judicial salir de casa, hablar por teléfono o usar redes sociales, su hijo Flávio, senador, recibió el encargo de transmitir su reacción al país. “El presidente Bolsonaro está firme, fuerte, con la cabeza alta, para afrontar esta persecución porque la historia demostrará que estamos del lado correcto, el de la democracia”, afirmó a los periodistas apostados frente a la urbanización donde viven el patriarca, su tercera esposa y la hija de ambos. El senador reiteró que el bolsonarismo está trabajando a fondo para sacar adelante en el Congreso “una amnistía amplia, general e irrestricta para todos [los condenados por los actos golpistas], incluido Bolsonaro”.

Su hermano Eduardo Bolsonaro, que es diputado, pero está instalado en EE UU, confía en que la Administración de Trump imponga nuevas sanciones a Brasil y a su máxima corte. En esa línea, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, tuiteó que “Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas”. La cancillería brasileña le replicó de inmediato: las “amenazas no intimidarán a nuestra democracia” además de acusarle de “ignorar los hechos y las contundentes pruebas de los autos [judiciales]”.

Bolsonaro es el principal acusado de un complot en el que otros cinco militares y dos civiles fueron también condenados a duras penas (más de 16 años). El delator, el teniente coronel Mauro Cid, que era el secretario de Bolsonaro, recibió la más leve: dos años. La más dura, la de Bolsonaro: 27 años, por ser el líder, y una inhabilitación que se suma a la que ya pesaba sobre él por otro caso.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, recalcó, en una entrevista grabada antes de la histórica condena a su predecesor, pero emitida después, que su Gobierno se va a emplear a fondo para impedir una amnistía. A la luz de la historia, ese habría sido el destino de la más reciente insurrección contra el orden constitucional. Hasta este jueves, 11 de septiembre, la impunidad estuvo garantizada para los golpistas.

El diario Folha de S. Paulo editorializaba este viernes que “la condena a Bolsonaro fue justa, pero la pena, exagerada”. Su argumento, que “es difícil explicar a la población por qué el STF [el Supremo] impuso una pena mayor que muchas de las aplicadas a los asesinos”. El periódico Estadão celebraba que “la democracia brasileña salió con pocos arañazos de su mayor test desde el fin de la dictadura militar y supo lidiar con una amenaza real a su existencia”.