Vigilancia total: así funciona la estructura de espionaje y control de Ortega y Murillo en Nicaragua

Lorena tenía su vuelo de retorno a Nicaragua el 17 de febrero. Se había ido a Miami de vacaciones, pero sobre todo había viajado para comprar ropa y cosméticos para revender en su país de origen. Una actividad que le genera, cada vez que viaja a Estados Unidos, la posibilidad de cubrir más que el pasaje de avión. Todo estaba listo desde el día anterior al viaje a Managua: el equipaje cerrado y bien pesado para no pasar aprietos en la báscula del aeropuerto, pero esa noche recibió un correo electrónico de la aerolínea Avianca que la descolocó: “Te informamos que hemos sido notificados por las autoridades migratorias de Nicaragua de que no han autorizado tu ingreso al país, por lo que no podrás embarcar tu vuelo”.

No hubo más explicaciones. La vida de Lorena —que comparte a EL PAÍS su testimonio bajo condición de anonimato— se partió como una vaina que suelta sus semillas. Se sintió vacía, sin nada. El correo fue un cimbronazo mortal: no poder embarcar significaba perder a sus dos hijos menores de edad, su trabajo, su familia, sus amigos, su entorno y su patria. Le impusieron un destierro de facto, una de las prácticas represivas más usadas por el régimen “co-presidencial” de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos meses.

De acuerdo con fuentes migratorias y del sector turístico consultadas por EL PAÍS, la Administración sandinista ha impedido el ingreso de más de 250 personas a Nicaragua entre enero y la segunda semana de marzo de 2025. Si bien entre los vetados hay algunas personalidades o personas cercanas al mismo Gobierno, la novedad es que la mayoría se trata de gente que no tiene vinculación política o visibilidad pública. “Gente de a pie”, como se considera Lorena. Ella participó en algunas marchas contra la pareja presidencial en 2018, pero durante todos estos años, por temor, evitó cualquier expresión de descontento, incluso en redes sociales. Se dedicó, dice, a sobrevivir. Se calló.

No obstante, fue víctima de esta política represiva migratoria, que no es nueva pero se ha consolidado. Ya no solo se concentra en opositores, periodistas, religiosos o líderes sociales. El régimen de Ortega y Murillo ha desarrollado un robusto sistema para impedir el ingreso de ciudadanos a Nicaragua —en especial por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino— que obliga a las aerolíneas que aterrizan en Managua a enviar con tres días de antelación los manifiestos de los vuelos para poder ser purgados.

“Los oficiales de Migración y Extranjería están saturados. Revisan más de mil nombres al día”, dice una fuente de Migración y Extranjería, en referencia a las listas que a diario son actualizadas en dependencia de los ingresos al país. “Ahora están haciendo tres depuraciones de las listas de pasajeros: primero a las 72 horas, después a las 48 y el mismo día del vuelo. Por eso ha habido personas a las que bajan en la puerta del avión. Esto es como El juego del calamar, la serie de Netflix”, agrega otra fuente cercana a la industria de viajes.

Oficina de Recopilación de Información

El arquitecto y ejecutor de esta política represiva migratoria es Luis Cañas, el todopoderoso viceministro del Interior. En 2022, el Departamento de Despacho y Control Migratorio era el encargado de “analizar” a cada pasajero que entraba y salía de Nicaragua. Sin embargo, luego de varias fallas en el “análisis” de los pasajeros, el viceministro llegó al departamento a orientar que cambiaría de nombre y lo bautizó como Oficina de Recopilación de Información. “A la oficina de análisis se les había pasado varia gente”, relata una fuente del Ministerio del Interior. De modo que el mecanismo fue afilado, pero en realidad era para adaptarla a una estructura nacional de espionaje y vigilancia.

Las oficinas de recopilación de información están en el edificio de Gobernación en Managua, Migración Central y en el Aeropuerto de Managua. La información proporcionada por las aerolíneas debe pasar un primer filtro en el aeropuerto, luego pasan a Migración Central y son sometidas a una tercera revisión en Gobernación. La información de cada persona debe ser chequeada por los tres departamentos y triangular los nombres para identificar a ciudadanos que publicaron en alguna ocasión contenido en contra del régimen, como ha sucedido con algunas personalidades de la televisión local.

Un entramado de vigilancia más allá de Migración

El temor a no poder regresar a Nicaragua ha impactado en el sector de los viajes. Las agencias consultadas por EL PAÍS coinciden en una significativa disminución en sus ventas o cancelación de reservas existentes. Si bien esta táctica represiva es una de las más temidas por los nicaragüenses en este momento al ser la más visible, es solo un engranaje de un sistema de vigilancia nacional montado por los Ortega-Murillo que tiene infiltrada a la población en general, según el informe más reciente del Grupo de Expertos de Naciones Unidas.

El equipo pudo documentar la existencia de una amplia estructura de vigilancia e inteligencia que responde a las órdenes de los “co-presidentes”. La componen principalmente miembros del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR); el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales, es decir, paramilitares. La estructura utiliza centros de cómputo instalados en cada municipio de Nicaragua.

“Todas las instituciones públicas también están vinculadas a esta estructura a través de sus secretarios políticos, quienes identifican a los funcionarios públicos y otras personas a investigar”, resumen el Grupo de Expertos. “El Gobierno utiliza esta información (canalizada principalmente a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del Frente Sandinista) para identificar a opositores, vigilar sus actividades, acosarlos o geolocalizarlos. Esta estructura también determina a quién detener, expulsar, impedir el regreso o despojar arbitrariamente de la nacionalidad”.

La administración sandinista también cuenta con un sistema ruso de radiogoniometría y software SORM-3 utilizado para vigilar a embajadas y detectar a posibles “traidores” de la dictadura y que opera en el cerro Mokorón, en Managua, como demostró el medio de comunicación Confidencial.

Además, Naciones Unidas alerta de que la vigilancia incluso permea a las comunidades a través de las llamadas Unidades de Victoria, antiguamente conocidas como Comités de Liderazgo Sandinista (CLS). Otra herramienta ha sido el censo poblacional realizado por el Ministerio de Salud, que incluyó preguntas sobre ubicación de familiares y afiliaciones políticas, “lo que ha convertido esta institución en una herramienta de inteligencia del régimen”.

En un diagrama detallado de esta estructura de vigilancia, los Expertos de la ONU resaltaron que en las comunidades hay policías y presos comunes indultados por la pareja presidencial “infiltrados” en las comunidades. Un diagrama que también apunta al Ejército de Nicaragua, que siempre ha negado su vinculación en la represión política y a la Unidad de Análisis Financiero que ayuda a identificar las cuentas bancarias de los opositores que deben embargarse.