Ortega y Murillo legalizan los destierros y la negativa de salida o ingreso de críticos a Nicaragua
El régimen nicaragüense ya ejecutaba ‘de facto’ esta práctica por razones políticas desde el 2021. El giro legislativo se produce en vísperas de las fiestas, cuando el flujo de viajes suele ser mayor
El Parlamento leal a Daniel Ortega y Rosario Murillo ha reformado la Ley 761 o General de Migración y Extranjería para dotar de legalidad a una práctica que llevaban ejecutando de facto desde 2021 por razones políticas: las negativas de entrada o salida de ciudadanos y residentes extranjeros a Nicaragua, así como de extranjeros. La modificación de la normativa, aprobada sin chistar el 28 de noviembre por los diputados, también legaliza los destierros que han aplicado a 450 personas, en su mayoría expresos políticos, opositores, periodistas, activistas, campesinos, religiosos, escritores, músicos, universitarios y críticos en general de la pareja presidencial.
La reforma ha infundido zozobra a los nicaragüenses, ya que ha sido pasada por los parlamentarios en la víspera de las fiestas decembrinas, una época caracterizada por el alto flujo de ingreso y salida del país por las reuniones familiares de navidad y fin de año. En específico, más terror a quienes acostumbran a cruzar irregularmente a Costa Rica, el país con el que Nicaragua comparte la frontera sur, y donde el paso por “puntos ciegos” ha sido tolerado históricamente por las dinámicas migratorias económicas.
Sin embargo, esos “puntos ciegos” –también en la frontera con Honduras– han sido utilizados a partir de 2018 por miles de opositores que huyen de la persecución política de los Ortega-Murillo para evitar que les decomisen sus pasaportes o los envíen a prisión, tal cual ha sucedido con centenares de ellos. En ese sentido la reforma, de 75 páginas, incluye una adición al Código Penal de Nicaragua para castigar con penas de dos a seis años de cárcel a los nicaragüenses que entren, salgan o pretendan salir del territorio nacional de forma irregular para cometer presuntamente “menoscabo a la integridad nacional, la soberanía” o supuestos intentos para “conspirar o inducir actos terroristas o de desestabilización económica y social de país”.
Es decir, todos los motes que el régimen Ortega-Murillo utiliza para justificar una brutal represión que un grupo de expertos de Naciones Unidas ha catalogado como “crímenes de lesa humanidad”. La reforma también otorga facultades a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), subordinada al Ministerio del Interior, de “otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicaragüense adquirida” contra aquellos que “realicen actividades que violenten la Constitución Política de Nicaragua” o hayan sido condenados por delitos de “terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado”.
El Ministerio del Interior, anteriormente llamado Ministerio de Gobernación, está a cargo de “dirigir, administrar y coordinar a la DGME” con el objeto de coadyudar a la Seguridad Soberana y el orden interno del país”. Esta instancia es dirigida directamente por Luis Cañas, uno de los principales operadores políticos de la pareja presidencial y, según fuentes sandinistas, uno de los principales arquitectos y ejecutores de este esquema represivo en el plano migratorio. Cañas también es el encargado de decidir a qué nicaragüenses les renueva el pasaporte, una práctica que ya deja a más de un centenar de ciudadanos en una “apatridia de facto”, han denunciado organismos de derechos humanos.
Legalizan actuaciones ‘de facto’
La mayoría de cambios en la ley de Migración insisten en otorgar el poder al director de la DGME para “denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social”, legalizando un esquema que funcionaba en la práctica y en coordinación entre los puestos fronterizos, la oficina de mando del Ministerio del Interior y la presidencia sandinista.
También le dan sustento jurídico a la práctica notificar “a las empresas de transporte internacional terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y lacustres la prohibición de trasladar al territorio nacional a personas que su ingreso no esté autorizado o tenga restricción migratorias bajo apercibimiento de asumir los costos de retorno al lugar de origen o de procedencia”. Bajo este esquema han sido vetados de ingresar no solo nacionales como familiares de presos políticos, catedráticos, periodistas y defensores de derechos humanos, sino que hasta youtubers e influencers.
La reforma también fija una serie de medidas para “fortalecer” los controles fronterizos a nivel nacional. “Esto con el objetivo de no permitir las salidas e ingresos irregulares”, insiste el texto legislativo. Fuentes migratorias consultadas por EL PAÍS en la frontera de Peñas Blancas –que comparten Nicaragua y Costa Rica– aseguraron que días antes de la entrada en vigor de la reforma militares y agentes migratorios actualizaron las listas de nombres con personas consideradas opositoras a los Ortega-Murillo.
Además, la reforma al artículo 64 contempla la pérdida de nacionalidad adquirida en casos de ciudadanos condenados por “actos de traición, cuando de manera directa o indirecta participen, promuevan, dirijan, incite, atenten, financiero, gestione acciones internas o externas que menoscaben la preservación de la soberanía, independencia, orden interno, integridad territorial y autodeterminación nacional”.
La Ley 761 todavía vigente establece en su artículo 47 que ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad, conforme a los tratados y el principio de reciprocidad. Sin embargo, la reforma ahora señala que las personas nicaragüenses pueden perder su nacionalidad “por las causales establecidas en la Constitución Política y leyes de la materia”. Es decir, a quienes la pareja presidencial considere “traidores a la patria”.
Esta reforma a la ley migratoria ocurren en la vorágine de reformas legales, empezando por el cambio radical de la Constitución Política de Nicaragua, que Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado para atornillar jurídicamente su andamiaje de gobierno tildado como “totalitario” por opositores y un Grupo de Expertos de Naciones Unidas, ya que “otorgan al gobierno del presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación”.