El chavismo inicia la excarcelación masiva de presos detenidos en Venezuela tras las elecciones

Las organizaciones de derechos humanos calculan que unas 70 personas han sido liberadas después de que la Fiscalía prometiera revisar 225 casos

Un hombre protesta contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, el 27 de agosto de 2024.Gaby Oraa (REUTERS)

El régimen venezolano ha liberado este sábado al menos 70 personas detenidas tras las protestas contra los resultados de las elecciones del 28 de julio, que dieron como ganador de los comicios a Nicolás Maduro. Las excarcelaciones se producen luego de que el fiscal general Tarek William Saab anunciara la revisión de 225 casos. Escenas de llanto, abrazos de alivio y aplausos se pudieron ver en varios videos en las redes sociales grabados a las afueras de los penales de Tocuyito y Tocorón, las dos cárceles que Maduro ordenó remodelar para encerrar a quienes protestaron por los resultados electorales. Estas manifestaciones dejaron unos 1.800 detenidos, a quienes las autoridades venezolanas calificaron como terroristas.

Las organizaciones de derechos humanos han informado que fueron liberadas algunas mujeres y adultos. Las identidades no han sido reveladas, hasta la tarde de este sábado. No se cuenta con una lista de quienes recibieron medidas sustitutivas a la cárcel ni las condiciones bajo las cuales salieron. Tampoco se sabe si en este grupo de excarcelados han sido incluidos los menores de edad presos, cuyas madres han mantenido una protesta constante los últimos tres meses para exigir su libertad. Se ha confirmado la liberación de dos ciudadanos españoles, quienes fueron detenidos durante las manifestaciones. Otros 24 ciudadanos españoles siguen presos.

La mayor parte de las detenciones ocurrieron entre el 29 y el 31 de julio en protestas celebradas en todo el país. Algunos de quienes fueron aprehendidos por las fuerzas de seguridad ni siquiera se estaban manifestando, pero estaban cerca de los lugares en los que policía hizo redadas. Hay dentro de este grupo personas arrestadas dentro de sus casas, quienes fueron delatados por vecinos por haber participado en las protestas o porque se les hallaba en sus teléfonos imágenes de las manifestaciones durante operativos aleatorios hechos en las calles.

Esta semana una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) visitó Venezuela para entrevistarse con familiares de los manifestantes apresados en la cárcel de Tocorón. La Fiscalía de este organismo internacional abrió una oficina de cooperación técnica en Caracas a principios de 2024, que se suma a una investigación que se sigue a las autoridades nacionales por la comisión de crímenes de lesa humanidad desde hace una década.

El caso de los menores presos es el que ha causado más alarma. Más de 150 adolescentes fueron encarcelados. Un grupo de 86 jóvenes fue liberado las primeras semanas. Después de eso se han producido algunas liberaciones puntuales, pero 69 continuaban en prisión al inicio de esta semana. Estos casos fueron recogidos en el último informe de la Misión de Determinación de Hechos, que documentó las detenciones arbitrarias y sin órdenes judiciales, las graves condiciones de reclusión que viven y, en algunos casos, han denunciado violencia sexual.

El fiscal Saab negó esta semana la existencia de niños detenidos por haberse manifestado, aunque admitió que al menos un 10% de los encarcelados tiene entre 16 y 17 años. También rechazó la calificación de presos políticos, aunque entre los apresados figuran periodistas, alcaldes, testigos de las votaciones, líderes políticos y dirigentes o colaboradores de la oposición que han publicado las actas de los resultados que dan como ganador del proceso al candidato Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en Madrid. En casi todos los casos se les imputan delitos de terrorismo e instigación al odio.

Los familiares de los presos políticos han protestado por las deplorables condiciones en las que se encuentran los detenidos. Jesús Manuel Martínez Medina, miembro de Vente Venezuela —el partido de la líder opositora María Corina Machado, que ha pasado a la clandestinidad por la persecución—, falleció en prisión sin recibir atención médica adecuada. Era diabético y tenía problemas cardiacos. Fue trasladado a un hospital donde murió con las piernas necrosadas a raíz de una infección, antes de que lo intervinieran para amputárselas. Martínez estaba preso desde el 2 de agosto y fue testigo de una mesa durante las votaciones en un centro electoral del Estado de Anzoátegui, en el oriente del país.

El presidente Maduro se refirió a la situación de los presos en el contexto electoral esta semana y, por primera vez, pidió rectificar en los casos donde fuera necesario. “Le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, fiscal general, a los jueces del país, como jefe de Estado, si hay algún caso que rectificar y revisar también que haya justicia”, dijo el lunes durante su programa semanal de televisión. El mandatario justificó los posibles “errores procedimentales” que terminaron con centenares de detenciones arbitrarias con el hecho de que se produjeron en “un momento de un disturbio como loco”.

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