Denuncias de amenazas de muerte y sospechas de narcotráfico: la tensión política arrecia en Costa Rica

“Vamos a caerle a balazos a la Asamblea Legislativa con AR-15 y vamos a matarla a usted en su despacho y nos meteremos a la sala de congreso a bombear plomo, somos 50 y nos echaremos a Sofía Guillén y los del PLN y FA”, leyó la diputada costarricense de oposición Andrea Álvarez este lunes al abrir su correo electrónico y comprobar que no está exenta de las amenazas denunciadas en las últimas semanas contra otros legisladores y el fiscal general, Carlo Díaz, en un ambiente de tensiones políticas con el Gobierno de Rodrigo Chaves.

Sofía Guillén es otra legisladora que ha denunciado supuestos nexos del Poder Ejecutivo con grupos del narcotráfico. El FA es Frente Amplio, una pequeña pero combativa bancada opositora de izquierda, a la que pertenece Guillén y otros diputados que acusan a Chaves de liderar un “narcogobierno”, de casos de corrupción y de abuso de poder, entre otros delitos mencionados dentro de los 50 expedientes penales que tramita la Fiscalía General de la República con él como sospechoso.

El PLN es el Partido Liberación Nacional, la fuerza política más tradicional de Costa Rica y, por tanto, el blanco frecuente del mandatario desde la campaña electoral del 2022. Ahí milita Álvarez, que viene de un mundo político opuesto a Guillén, aunque la escalada de polarización política las ha colocado de un mismo lado, el de los detractores del presidente Chaves y también el de las víctimas de fuertes descalificativos del mandatario y de su gente, así como destinatarias de la violencia verbal que como nunca antes inunda la discusión pública en Costa Rica, pasada la mitad del cuatrienio de Rodrigo Chaves con su gobierno “revolucionario” contra las élites y la institucionalidad tradicional.

Álvarez y Guillén fueron sólo las últimas figuras políticas que han denunciado supuestas amenazas de muerte, pero la lista alcanza al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, a Carlo Díaz, a otro diputado del FA que denuncia destrucción de bosques, a dirigentes comunitario que le proveen información y a una representante sindical que forma parte de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quien acuerpa los cuestionamientos por supuestos actos de corrupción que propicia el Gobierno en esa entidad estatal descentralizada que se encarga de administrar la red de hospitales y clínicas. Este miércoles se conoció que también ha recibido mensajes de amenaza la contralora general de la República, Marta Acosta, señalada por Chaves como adversaria de sus proyectos de infraestructura y motivo de una accidentada propuesta del Ejecutivo de convocar un referendo nacional para ponerle límites a las potestades.

También en redes sociales han circulado contenidos que suponen amenazas contra al menos dos periodistas críticos del Gobierno que cumplen con un rasgo común: todos han sido criticados por Chaves en público con fuertes calificativos por distintas razones y atribuyen a su influencia tales mensajes intimidatorios. Pese a investigaciones judiciales en curso, no hay aún pruebas de quiénes dirigen las amenazas denunciadas y en sectores afines a Chaves más bien descalifican esos reportes, pues señalan que podrían ser sólo formas de presentarse como víctimas.

El entorno político, sin embargo, abona el terreno para los mensajes hostiles. El mandatario mismo fue objeto de un comentario de una usuaria de redes sociales que en mayo publicó “esto amerita un francotirador”, en referencia a una frase de Chaves en que relativizaba la conservación ambiental. La mujer es hija de un magistrado y era funcionaria de la sede en San José de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; aunque renunció de inmediato, el caso ya estaba en los titulares y lo ha usado en varias ocasiones el presidente para decir que hay sectores tradicionales que lo quieren muerto por ser él - suele repetir - quien ha logrado un despertar de la población contra las élites políticas y económicas. Según las encuestas, más de la mitad de la ciudadanía apoya a Chaves, quien llegó al Gobierno en 2022 y la ley lo obliga a dejarlo en 2026, aunque no descarta postularse para diputado para prolongar su liderazgo político de choque contra el sistema político tradicional.

Chaves ha llamado “idiotas” a diputados y ha atribuido al Fiscal General “matonería”, “revanchismo” y servilismo con las élites, sin faltar dedicatorias para magistrados del Poder Judicial. Su verbo mordiente va contra jerarcas que escapan a su control presidencial y tampoco han faltado respuestas altisonantes desde las bancadas opositoras, al margen de acciones que también aumentan el enojo de Chaves. Las dos últimas son de octubre: abrir una comisión investigadora sobre la CCSS, objeto de causas penales que obligaron a suspender a la presidente ejecutiva, una ficha de confianza del mandatario, y ordenar una investigación sobre supuestos nexos del Gobierno con grupos del narcotráfico internacional.

“Va a llegar el momento de pasarles la factura”, fue la frase que pronunció la principal vocera oficialista en el Congreso, Pilar Cisneros, y que inquietó a otros legisladores en el actual contexto de amenazas. El enfado del Ejecutivo obedece a los señalamientos de que Chaves preside un “narcogobierno”, como insisten la legisladora Guillén y otros sectores por decisiones del Ministerio de Seguridad. Denuncian que se está favoreciendo la expansión de bandas de crimen organizado que han echado raíces y causaron en 2023 un récord de homicidios en 2023 en el país que hasta hace poco se jactaba de ser el más seguro de Centroamérica.

Las sospechas de las bancadas opositoras apuntan a denuncias periodísticas como la del 2023 en el periódico mexicano El Universal, que basado en testimonios anónimos reportó un supuesto diálogo entre autoridades gubernamentales costarricenses y líderes criminales asociados a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los diputados también se basaron en una publicación reciente de The New York Times, que citó informes de inteligencia estadounidenses para señalar a Costa Rica como uno de los principales puntos de transbordo de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, pues los traficantes aprovechan grandes extensiones de bosques con débil vigilancia policial. También reprochan las limitaciones al presupuesto de cuerpos policiales y decisiones estratégicas que podrían facilitar la operación de las bandas criminales, sus acciones violentas, su trasiego de drogas y la circulación de millones de dólares que se filtran en la economía.

El Gobierno ha acabado por reconocer la crisis de criminalidad, pero más bien culpa al Poder Judicial y a los partidos que dominan el Legislativo por no reformar ni aplicar las leyes de manera suficiente. Las acusaciones sobre presuntos nexos con narcotraficantes, sin embargo, llevaron al Ejecutivo a acudir a la embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles, para difundir palabras de respaldo a las acciones en seguridad, y a producir también un video que inquietó a diputados por considerarlo un desplante autoritario ajeno a este país sin ejército. Se trata del ministro de Seguridad, Mario Zamora, rodeado de jefes policiales grabados por tomas aéreas interpelando directamente a legisladores y exigiéndoles “respetar el uniforme” de los cuerpos de seguridad. Fue “una penosa puesta en escena de los jefes de los cuerpos de seguridad del país dirigiéndose en un tono desmesurado a nuestros congresistas por haber hecho uso de su derecho constitucional al control político (...) Si Costa Rica tuviese Fuerzas Armadas ya las habrían enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas”, comentó en sus redes sociales la expresidenta Laura Chinchilla, quien en su gobierno (2010-2014), tuvo como ministro al mismo Zamora.

Un grupo de 20 diputados (un tercio del Congreso) acusó este miércoles ante la Fiscalía General a Chaves de delitos de instigación pública y propaganda contra el orden constitucional, además de obstaculizar a autoridades judiciales.

Alejandro Molina, investigador del Observatorio de la Política Nacional en la Universidad de Costa Rica (UCR), subraya el carácter inédito de la hostilidad retórica en volumen y en intensidad, con la particularidad de que trasciende a las instituciones y a la discusión política en las redes sociales. “Esta conflictividad repercute también en lo social y más aún en el contexto actual de alta incidencia del crimen organizado”, dijo a EL PAÍS. Recordó también el llamado del presidente Chaves a un posible alzamiento popular para responder a las acciones del Poder Judicial que considera abusivas. “Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar como sociedad”, dijo el presidente en septiembre sin más detalles al referirse a posibles acciones contra el Poder Judicial.

Mientras tanto, el crimen organizado afianza su poder, los homicidios apenas se han reducido 4% frente a los primeros 10 meses del 2023 y la violencia se manifiesta todos los días. Esta semana las autoridades confirmaron ataques con un fusil AK47 contra la casa de un policía judicial en un municipio de la región caribeña, cerca de otro poblado donde dos jóvenes dispararon contra una patrulla de la Fuerza Pública. “En Estado revuelto, ganancia del narcotráfico”, dijo en una radio el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, que semanas atrás también reprochó el discurso de Chaves en que acabó acusando a operadores judiciales estar sometidos a intereses políticos y económicos.