El chavismo anuncia la detención de dos españoles a los que acusa de tener vínculos con el servicio secreto del CNI

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado este sábado en la televisión pública la detención de dos ciudadanos españoles, acusados de tener vínculos con CNI, el servicio de inteligencia de España, que tenían la intención de comprar armas y cometer asesinatos, siempre según el relato del número dos del régimen venezolano y representante del sector más duro del chavismo. Fuentes de la Moncloa han desmentido que los arrestados sean agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como ha asegurado Cabello. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido reunirse con ellos para verificar su identidad y nacionalidad.

En una alocución muy confusa, el ministro ha relatado, de forma desordenada y difícil de seguir, lo que parecían tres tramas distintas, aunque no las diferencia ni las especifica, ni se sabe cuándo empieza una y acaba otra. “Fueron detenidos dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, en las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho, en una situación irregular, tomando fotos. Encontramos en sus teléfonos vínculos con una señora que se llama María Teresa Clavijo, de Aragua, dirigente de Vente Venezuela, vinculada a los mal llamados comanditos [grupos de voluntarios de la oposición encabeza por María Corina Machado, la líder antichavista]. Jorman Enrique Varillas y Jhexica Isabel APonte Figueras [dos nombres más que apuntó Cabello sin aportar mayores detalles]. Ella participó en los hechos de violencia, hay una foto de ella, encapuchada, inclusive, en una manifestación. Los españoles preguntan por teléfono dónde comprar explosivos, contactar si quieren hacer un trabajo especial. Y en su teléfono en comunicación planifican el asesinato de una alcaldesa de Upata, una alcaldesa revolucionaria”, ha contado Cabello. La televisión mostró a los dos detenidos mientras hablaba el ministro. “Estados Unidos no está ajeno a esta operación”, ha añadido, vinculando al país con ese supuesto golpe de Estado.

En Madrid, fuentes oficiales del Ministerio español de Asuntos Exteriores han explicado que “la Embajada española [en Caracas] ha enviado una nota verbal al Gobierno de Venezuela pidiendo el acceso a los detenidos, con el fin de verificar sus identidades y su nacionalidad y, de ser verificadas, conocer de qué se les acusa exactamente y que puedan recibir toda la asistencia necesaria. La Embajada velará en todo momento por la protección y los derechos de cualquier español detenido en Venezuela”, han agregado, informa Miguel González.

Sin mostrar pruebas, el responsable de Interior también ha acusado a la oposición de meter armas en Venezuela: “400 fusiles ingresaron desde Estados Unidos y pistolas, vinculados a la oposición. Es solo una muestra de lo recuperado, lo capturado en operaciones de inteligencia. Trataron de ingresarlo por la vía regular. El Gobierno de Venezuela garantiza la paz. No hay motivos de alarma. Estamos haciendo lo necesario para mantener la paz”, continuó en su rueda de prensa, rodeado de un arsenal de armas largas supuestamente incautadas.

Las relaciones de España y Venezuela pasan por un momento de tensión, pese a que hace una semana negociaron y acordaron que el candidato presidencial que parece más que probable que ganara las elecciones al chavismo, Edmundo González, se exiliara a Madrid. El Gobierno español ha asegurado que se ha considerado al opositor como un perseguido político, al que le da cobertura como a cualquier otro que lo hubiera solicitado. Maduro, sin embargo, ha asegurado que se trató de una operación política que contó con su supervisión. González se ha encontrado en Madrid con el presidente Pedro Sánchez. Además, el Congreso español votó mayoritariamente a favor de que se le declare ganador, pero el Gobierno dijo que no lo va a hacer y que se alinea con la política de la Unión Europa, que insiste en que el chavismo muestre las actas en las que se refleja el verdadero resultado de las presidenciales del 28 de julio. Maduro y los suyos se han negado a enseñar nada públicamente.

Ante la aprobación en el Congreso para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez el reconocimiento de González ―que no resulta vinculante―; otro de los pesos pesados del chavismo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela, pero sobre todo operador político número uno de Maduro, instó a Caracas a romper relaciones comerciales y diplomáticas con España. Los ánimos se calmaron en los siguientes días, pero unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que llamaba dictadura a la manera de gobernar del chavismo, hizo que el canciller llamara a consultas a su embajadora en Madrid y mandara llamar al embajador español en Caracas, Ramón Santos. Santos e Yván Gil parece que se entendieron, ya que en las siguientes horas no hubo declaraciones de alto calibre. Inclusive, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hermana de Jorge y también una máxima representante de la cúpula chavista, se reunió con el director de Repsol en Venezuela. Este anuncio de la detención de dos supuestos espías españoles ―extremo que niega el Gobierno de Sánchez― abre un nuevo capítulo de discordia.

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