La Fiscalía venezolana cita por tercera vez a Edmundo González y amenaza con detenerlo si no comparece
El Ministerio Público emitirá una orden de captura si no se presenta este viernes. El candidato opositor lleva un mes resguardado en un lugar secreto y evita las apariciones públicas
El chavismo sigue estrechando el cerco contra la oposición. La Fiscalía ha emitido este jueves la tercera y última citación al candidato Edmundo González para que declare en calidad de investigado por delitos de conspiración, usurpación de funciones, instigación a la desobediencia, entre otros, y advierte de que de no acudir a la cita fijada para este viernes en la mañana, como ha hecho a las dos convocatorias previas de esta semana, se girará una orden de captura, bajo la presunción de peligro de fuga y obstaculización de la justicia.
González Urrutia cumple un mes resguardado en un lugar seguro. Su última aparición pública fue el 30 de julio en una manifestación opositora frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas. Las constantes amenazas de prisión que ha hecho el Gobierno lo mantienen en una situación de clandestinidad, desde la que hoy habla en el consejo informal de ministros de exteriores de Europa. Las horas son de máxima tensión. La líder opositora María Corina Machado alertó que “en las próximas horas” pudiera ser allanada su vivienda. “Estén pendientes porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo en las próximas horas”, advirtió en una conferencia de prensa.
El diplomático de 75 años ha argumentado la falta de independencia del poder judicial para faltar a esta cita. El propio Maduro ha pedido cárcel para su rival electoral y esta semana advirtió que González Urrutia estaba planeando huir del país. “No da la cara”, dijo en un acto con sus seguidores en Miraflores, sugiriendo que si las autoridades pueden ponerle “los ganchos”. El opositor también faltó a las comparecencias en el Supremo para la realización de un supuesto peritaje de los documentos de la elección para validar el resultado anunciado por el CNE que dio la victoria a Maduro, sin presentar aún, a un mes de los comicios, las cifras de votos desagregadas mesa por mesa, lo que ha cubierto de sospechas su veracidad. La sentencia no resolvió las dudas sobre lo ocurrido tras el escrutinio de los votos la noche del 28 de julio, pero entre sus decisiones declaró el desacato de González Urrutia a la autoridad judicial.
El Ministerio Publico ha calificado como un delito la publicación de las actas de votación que la oposición colgó en una página web y de antemano las ha calificado de falsas. Las actas son un documento público, que imprimen las máquinas de votación en varias copias que se quedan las autoridades electorales, los militares que custodian el material electoral y los testigos de cada partido. En otras elecciones, como en la que se enfrentó Maduro contra Henrique Capriles en 2013 y ganó por un estrecho margen, el chavismo publicó las que tenía en su poder en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela.
El chavismo ha emprendido una persecución contra los líderes de la coalición que ha impulsado María Corina Machado desde principios de año, cuando las fuerzas de seguridad de Maduro fueron contra su equipo más cercano. Las cabezas de su partido, Henry Alviárez y Dignora Hernández, fueron detenidos en marzo y otro grupo tuvo que refugiarse en la Embajada de Argentina, ahora bajo la resguardo de Brasil, tras la reciente ruptura de relaciones. El acecho se ha intensificado luego de las elecciones. El miércoles, al terminar la concentración convocada en Caracas, la policía apresó a Biagio Pilieri, del partido Convergencia, luego de una violenta persecución en carro por Caracas. Otras figuras de partidos políticos que han detenido en las últimas semanas son Freddy Superlano, William Dávila, Roland Carreño y Américo De Grazia. También han sido arrestados dirigentes regionales del partido de Machado, Vente Venezuela, y de otras organizaciones, activistas de derechos humanos, periodistas y más de mil personas que manifestaron en contra de los resultados electorales.
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