El Supremo de Brasil ordena detener a más de 200 acusados de vínculos con el asalto golpista de Brasilia

Brasil ha sido testigo este jueves de una nueva y amplia operación policial relacionada con el asalto golpista a las sedes de los tres poderes que protagonizaron miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023. El juez del Tribunal Supremo que lidera la investigación, Alexandre de Moraes, ha ordenado la detención y el ingreso en prisión de 208 personas condenadas o investigadas en relación con la asonada a las que acusa de saltarse las medidas cautelares o huir al extranjero. Los agentes de la Policía Federal han logrado localizar y arrestar a 49 de los buscados. Se sospecha que parte de los que siguen prófugos han escapado a países vecinos como Argentina o Uruguay.

El expresidente Jair Bolsonaro es el investigado de más alto perfil en este megacaso. La policía acusa al líder ultraderechista de urdir un golpe de Estado junto a un puñado de generales para impedir que el izquierdista Lula regresara al poder. La justicia todavía analiza las pruebas e indicios recabados para decidir si pide su procesamiento y el del supuesto núcleo duro de la trama. Mientras, y como medida cautelar, el juez le ha retirado el pasaporte al exmandatario, por lo que no puede salir al extranjero, y tiene prohibido contactar a otros investigados.

Los esfuerzos para depurar responsabilidades por el asalto violento del Congreso, la Presidencia y la sede del Tribunal Supremo continúan en varios ámbitos. Prosiguen las investigaciones para localizar a todos los implicados en perpetrar, financiar, instigar o, en el caso de las fuerzas de seguridad, no impedir el ataque mientras los jueces del Tribunal Supremo juzgan a los acusados de irrumpir violentamente en los edificios y arrasar con todo a su paso una semana después de que Lula tomara posesión.

Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente, se ha quejado en X tras la operación policial. “Detener preventivamente a 208 personas no condenadas por creer que pueden huir a Argentina…”, ha tuiteado junto a un vídeo que en tono victimista una mujer llama la atención sobre el arresto de dos septuagenarias y muestra cómo “un patriota” se despide de su familia para regresar a la cárcel. Estampado, un mail al que hacer donaciones.

Hasta ahora más de 200 personas han sido condenadas, según el recuento de Folha de S.Paulo, por ser parte de aquella multitud bolsonarista vestida con la camiseta de la selección de futbol y bandera nacional en ristre que asaltó el corazón del poder. Durante toda la transición desde la victoria de Lula estuvieron acampados ante cuarteles por todo el país reclamando a las Fuerzas Armadas que intervinieran. Aquel domingo 8 de enero intentaron sembrar el caos en la plaza de los Tres Poderes para que los militares entraran en escena. Fracasaron. El presidente Lula nombró un interventor de la seguridad pública y neutralizó la asonada.

Pocos de los acusados que se han sentado en el banquillo por esos hechos han sido absueltos, entre ellos, un sin techo que logró convencer a los jueces de la máxima corte de que él no participó en la intentona golpista. Los primeros condenados recibieron penas ejemplares, hasta 17 años de cárcel, por parte de unos jueces que esperan que la severidad del castigo disuada a potenciales imitadores.

Dos días después del asalto, más de mil bolsonaristas fueron detenidos cuando la policía desmanteló el campamento ante la sede del Ejército en Brasilia. La mayoría fue directa a prisión. Y en los meses siguientes, el juez que lleva el caso ha ordenado cientos de arrestos más. Por ejemplo, envió a prisión al coronel Mauro Cid, ayudante de Bolsonaro mientras era presidente, y a Anderson Torres, que fue su ministro de Justicia. Tras varios meses, ambos fueron excarcelados con medidas cautelares. La cúpula de la Policía Militar de Brasilia también pasó una temporada tras las rejas pero ha abandonado la cárcel aunque la acusación de omisión sigue en pie.

Casi año y medio después de los hechos, el polarizado Brasil ni siquiera está de acuerdo en cómo calificar lo que allí ocurrió. Para dos tercios de los brasileños fue un mero acto vandálico, para el tercio restante fue un intento de golpe, según una encuesta de Datafolha en marzo pasado. El juez Moraes, que encabeza las investigaciones, comparte la opinión minoritaria. Por eso ha incluido las acusaciones de abolición del Estado de democrático derecho e intento de golpe de Estado para la mayoría de los procesados.

El mes pasado, el medio UOL identificó a 10 bolsonaristas implicados en el caso que habían destruido sus tobilleras electrónicas y huido a Argentina y Uruguay. Siete de ellos estaban ya juzgados y condenados. El nuevo presidente de Argentina, el ultra Javier Milei, es el principal aliado del bolsonarismo en Sudamérica. Uno de los fugitivos ha asegurado que ha pedido asilo político en el país vecino.

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