El Congreso de Perú inhabilita a dos miembros del órgano de justicia y enciende todas las alarmas

En una larga jornada, con marchas y contramarchas, el Congreso peruano aprobó con el mínimo de votos la inhabilitación de la magistrada Inés Tello para ejercer cargos públicos en los próximos diez años. Su delito: formar parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y tener más de 75 años, edad límite según la Constitución. La acusación también era contra los otros miembros de la institución —que nombra, evalúa y sanciona a los jueces, fiscales y autoridades electorales— por supuestamente avalar esta infracci...

En una larga jornada, con marchas y contramarchas, el Congreso peruano aprobó con el mínimo de votos la inhabilitación de la magistrada Inés Tello para ejercer cargos públicos en los próximos diez años. Su delito: formar parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y tener más de 75 años, edad límite según la Constitución. La acusación también era contra los otros miembros de la institución —que nombra, evalúa y sanciona a los jueces, fiscales y autoridades electorales— por supuestamente avalar esta infracción. Cada una corrió distinta suerte: el vicepresidente Aldo Vásquez fue inhabilitado tras una reconsideración; los magistrados María Zavala, Imelda Tumialán, Guillermo Thornberry permanecerán en sus cargos, pues no se alcanzaron los votos necesarios; y quedó pendiente la votación final sobre el presidente Antonio de la Haza.

En su discurso, Vásquez hizo un llamado a la reflexión, citó a Ortega y Gasset y advirtió que la decisión del pleno podría ser “el soplo que atice el fuego que permita que un liderazgo antisistema arrase con todo”. En una clara demostración de estar a la altura del debate, la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, le lanzó un airado reclamo: “el señor Aldo Vásquez viene acá al Congreso a defenderse con un discurso que solo él entiende”. Los legisladores no le perdonarían el nivel intelectual de su ponencia: tiempo después consiguieron las 67 adhesiones para defenestrarlo en una segunda votación.

El centro de la polémica sucedió en la votación de Inés Tello: el congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú, participó de la votación aun cuando la Constitución y el reglamento del Congreso se lo impide por ser miembro de la Comisión Permanente. El Parlamento ha defendido su voto dirimente alegando que estaba habilitado porque no haber ejercido su voto previamente, cuando el caso se vio en la Comisión Permanente del 26 de febrero. La afectada, Inés Tello, sostuvo a través de un oficio que a la “luz de la ley sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia”.

Para la abogada Beatriz Ramírez Huaroto, el problema radica en el doble estándar: por un lado se procesa a la Junta por no seguir una interpretación literal mientras que en el caso de Luna Gálvez sí se hace valer una interpretación no literal. Recordemos que la Junta aduce que la condición de no superar los 75 años es válida solo para asumir el cargo, pero no para ejercerlo. Tello cumplirá 79 años en septiembre. “El Congreso no va a rectificar. Solo la vía jurisdiccional, que siempre llega tarde, podrá resolver esta arbitrariedad que no solo afecta a Tello o a Vásquez, sino que pagaremos como país”, sostiene Ramírez Huaroto. El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, considera la votación de parlamentarios inhabilitados como “una violación flagrante del reglamento del Congreso”.

La comunidad internacional ha seguido de cerca el caso y ha alzado su voz de protesta sobre lo que consideran una afectación a la democracia y a la independencia de una institución vital en el sistema electoral y de justicia. “Alertamos nuevamente sobre los riesgos de estos ataques, que revelan la profundidad del deterioro democrático en el país. Exhortamos al Congreso de la República del Perú a detener esos ataques y a los demás poderes públicos a manifestar su rechazo frente a estas actuaciones severamente dañinas para la democracia peruana, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país”, suscriben en un comunicado la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Human Rights Watch, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Antonio de la Haza, todavía presidente de la Junta Nacional de Justicia, ha dicho que la remoción de los miembros tiene una repercusión directa en la independencia de los jueces y fiscales que tramitan casos de corrupción que involucran a integrantes de la clase política peruana. “Solo le conviene a aquellos que son investigados, porque sus casos no podrán avanzar y corren el riesgo de prescribir”, dijo. En ese sentido, el pronunciamiento de la defensa de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público, no se hizo esperar. Su abogado, Jorge del Castillo, indica que “tras la recomposición de la JNJ se debería hacer una nueva audiencia pública para exponer la defensa de la doctora Benavides”. A ello se suma su solicitud formal al Poder Judicial, en la víspera, para que se le anule el proceso disciplinario que produjo su suspensión.

Cabe la posibilidad de que la inhabilitación de los magistrados dé un giro, pues el Poder Judicial admitió a trámite el recurso de amparo que interpuso la Junta. Sin embargo, la fecha de audiencia está pactada todavía para el 4 de junio. Respecto a Inés Tello y Aldo Vásquez, entre estos tres miembros suplentes saldrán sus reemplazantes: Abraham Siles Vallejos, Mónica Rosell Medina, y Jaime de la Puente Parodi. Todos se encuentran muy por debajo de los 75 años y, por lo menos, desde ese requisito están facultados para asumir el cargo.

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