Venezuela impide a Rocío San Miguel contactar con sus abogados ni recibir asistencia consular tras un mes en la cárcel

La activista Rocío San Miguel lleva un mes detenida por las autoridades venezolanas, acusada de formar parte de una supuesta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro y provocar un golpe de Estado. En estos 30 días no se han presentado pruebas contundentes que avalen ese complot en la que estarían implicados también opositores y miembros de las fuerzas armadas. En este tiempo, según ha podido saber EL PAÍS, San Miguel, experta en el complejo mundo cas...

La activista Rocío San Miguel lleva un mes detenida por las autoridades venezolanas, acusada de formar parte de una supuesta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro y provocar un golpe de Estado. En estos 30 días no se han presentado pruebas contundentes que avalen ese complot en la que estarían implicados también opositores y miembros de las fuerzas armadas. En este tiempo, según ha podido saber EL PAÍS, San Miguel, experta en el complejo mundo castrense venezolano que con su apoyo al movimiento que ideó Hugo Chávez forma parte fundamental del engranaje de poder del chavismo, no ha tenido acceso a sus abogados ni ha recibido asistencia consular de España, país del que tiene la doble nacionalidad.

San Miguel permanece detenida en el Helicoide, la cárcel del servicio de inteligencia. Al no poder contactar con los abogados que la representan, no ha tenido oportunidad de preparar su defensa ni conocer exactamente cuáles son las pruebas en su contra. De hecho, se le ha asignado un abogado de oficio que dejó pasar una fecha de apelación el 27 de febrero. El fiscal general, Tarek William Saab, presentó como pruebas en una rueda de prensa un audio de muy mala calidad en el que un militar implicaba en su confesión a San Miguel y unos mapas “desactualizados, de acceso público y de carácter académico”, según su familia, que ella utilizó como profesora en las Escuelas Superiores de Guerra Naval, Guerra Aérea y Guardia Nacional. Además, se añadió como pesquisa que otro de los detenidos tenía grabado en la agenda del móvil su número de teléfono, lo que no deja de parecer irrelevante.

El caso de San Miguel ha adquirido un gran perfil internacional. Se trata de una reputada académica con muchos años de experiencia. La fiscalía también detuvo a su hija, a su marido, a su exmarido —con el que apenas tenía contacto— y a dos familiares más. Todos fueron puestos en libertad con cargos, salvo su actual pareja. La comunidad internacional ha mostrado una honda preocupación por su situación. España ha intentado, con contactos al más alto nivel, que pasara al menos a un régimen de libertad vigilada, sin éxito. El chavismo se ha mostrado inflexible e incluso no ha permitido que pueda ser asistida por el consulado español, un servicio que ofrecen siempre las autoridades a los detenidos de su nacionalidad en países extranjeros.

San Miguel es la directora de Control Ciudadano, una ONG a la que el fiscal Willan Saab tilda de tapadera para desprestigiar a las fuerzas armadas venezolanas. Ella era fuente de muchos corresponsales extranjeros que querían estar al día de la situación de los militares, algo clave para testar la situación del país. Su caso ha entroncado de manera directa con las elecciones presidenciales que se van a celebrar este año, el 28 de julio. De hecho, opositores y defensores de derechos humanos creen que es el motivo principal de que se encuentre entre rejas. Maduro se había mostrado dispuesto, con los acuerdos de Barbados, a organizar unos comicios en los que la oposición pudiera competir de manera justa. Washington recibió esa insinuación como una puerta abierta para buscar una salida democrática a la crisis institucional del país y levantó sanciones al oro y al petróleo que favorecían al Gobierno chavista.

Sin embargo, Maduro ha sido inflexible y no ha habilitado —ni lo va a hacer, porque le aventaja en las encuestas— a María Corina Machado, la líder de la oposición. El Tribunal Constitucional, controlado por el chavismo, ha ratificado su sanción de 15 años para ostentar un cargo público basándose en su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó y las sanciones impuestas por la Casa Blanca. En paralelo, las autoridades chavistas han detenido opositores y a veces a simples ciudadanos críticos en redes sociales. La apertura que daba a entender Maduro y su mano derecha, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, ha quedado en suspenso. EE UU ya ha dicho que volverán las sanciones. A pesar de esto, Rodríguez ha insistido en que se tratarán de unas elecciones abiertas y democráticas en la que participarán como observadores miembros de la Unión Europea y la Celac, entre otras instituciones. La misión europea, hace dos años, dijo tras las votaciones regionales y locales que había visto avances democráticos que esperaba ver reflejados en las presidenciales.

El ambiente, tiempo después, no es de optimismo. María Corina Machado ha empezado su campaña, aunque el 25 de marzo se cierran las inscripciones de los candidatos y ella no pueda hacerlo. Hay, eso sí, posibles sustituciones hasta el 20 de abril. Una idea arraigada entre muchos opositores es que todos se unan en torno a una figura que sí esté habilitada, sea Machado o no. Una vía para tratar de vencer al chavismo en unidad, si es que eso es posible en las condiciones actuales. El chavismo, recurrentemente, ha aprovechado las fracturas entre los antichavistas para ejercer su dominio electoral, a veces presentándose prácticamente en soledad.

Con todo estas circunstancias revoloteando a su alrededor, la situación de San Miguel genera preocupación. Su hija, Miranda, ha podido verla en dos ocasiones, la última este mismo viernes, y ha transmitido un mensaje a través de su abogado —ella no podía hacerlo directamente dada su situación procesal—. “Se mantiene fortalecida y muy confiada en su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz y de diálogo. Solicita que se le ablande el corazón a la persona que toma las decisiones para que le conceda la pronta libertad”, dice el mensaje.

La familia, en un comunicado que ha hecho llegar a este periódico, sostiene que su situación es de indefensión absoluta: “El hecho de que nadie haya podido acceder al expediente que prepara la Fiscalía venezolana es muy preocupante, ya que están corriendo lapsos procesales fundamentales para ejercer la defensa, y dichos lapsos se están venciendo, perjudicando de manera sustancial su derecho a la defensa y al debido proceso”. A continuación se hace mención al abogado impuesto por el Gobierno que, por ahora, no ha ejercido de defensor, lo que facilita la tarea de la fiscalía. Así, San Miguel cumple un mes en prisión y sin perspectivas de que su situación procesal cambie sustancialmente. El enredo político venezolano juega en su contra.

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