Panamá y Médicos sin Fronteras chocan por los reportes de violencia sexual contra los migrantes en el Darién

El Gobierno asegura que el Ministerio de Salud ha pedido “en diversas ocasiones” a la ONG los informes de posibles víctimas de violencia sexual en el paso más crítico de la ruta de migración a Estados Unidos, pero que no han sido remitidos en su totalidad

Migrantes cruzan un río en la selva del Darién, en octubre de 2022.Fernando Vergara (AP)

El Gobierno de Panamá ha acusado este viernes a la organización no gubernamental (ONG) Médicos sin Fronteras de enviar informes “incompletos” sobre los migrantes que son víctimas de violencia sexual en el Darién, la zona selvática ubicada en la frontera entre ese país y Colombia, el paso más crítico y peligroso de la ruta por la que cada año miles de migrantes intentan llegar desde Sudamérica hacia Estados Unidos o Canadá. El ...

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El Gobierno de Panamá ha acusado este viernes a la organización no gubernamental (ONG) Médicos sin Fronteras de enviar informes “incompletos” sobre los migrantes que son víctimas de violencia sexual en el Darién, la zona selvática ubicada en la frontera entre ese país y Colombia, el paso más crítico y peligroso de la ruta por la que cada año miles de migrantes intentan llegar desde Sudamérica hacia Estados Unidos o Canadá. El Ministerio de Salud panameño explicó: “En diversas ocasiones el Ministerio de Salud le ha solicitado a MSF compartir el expediente completo de las supuestas víctimas de violencia sexual, pero estos informes han sido remitidos de manera incompleta”.

Según las autoridades del país centroamericano, tras recibir reportes de violencia sexual, Médicos sin Fronteras debe dar aviso inmediato y proporcionar los datos de la persona afectada, para que el Estado pueda iniciar las investigaciones legales y sanitarias. Por eso, tras acusar a la ONG, el Gobierno panameño informó que está evaluando si Médicos sin Fronteras ha cumplido con las normas indicadas en el convenio de colaboración que le permitía prestar atención a los migrantes del Darién, entre los que se cuentan venezolanos, haitianos o ecuatorianos, pero también personas provenientes de zonas remotas de Asia o África.

La organización de momento no ha respondido a las acusaciones emitidas por el Ejecutivo. Sin embargo, indicó que, desde el pasado lunes, 4 de marzo, se vio “obligada” a suspender sus actividades médicas en la zona y ha expresado su preocupación “por las consecuencias que la suspensión tiene sobre la población migrante”. Añadió, además, que cada mes los médicos atienden a cerca de 5.000 personas en el Darién, con énfasis en aquellas que han sido víctimas de violencia sexual. Dice también que, en 2023, 676 migrantes recibieron atención médica tras sufrir ataques de ese tipo.

Migrantes esperan en la playa para embarcarse hacia el Darién, en Necoclí (Colombia), el 1 de marzo.CHELO CAMACHO

A finales de febrero, la ONG denunció el aumento de la cantidad de ataques contra los migrantes en el Darién, con frecuencia, con “brutalidad” y “crueldad extrema”. La organización dijo: “Los equipos sanitarios han registrado más ataques de extraordinaria violencia y violencia sexual, en un número inédito de asaltos, en lo que se teme que pueda ser un empeoramiento de la situación ya terrible de la ruta por la selva”. Por otra parte, aseguró que en solo una semana de febrero hubo 113 agresiones sexuales a migrantes ejercidas por grupos criminales. Nueve de las víctimas de esos ataques eran menores de edad. La cifra total, además, se acerca a los 120 casos que se registraron en el mes de enero completo.

Tras conocer la determinación del Gobierno panameño de no refrendar el convenio entre ambas partes, la ONG indicó que desde octubre de 2023 intentó renovarlo. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el convenio culminó el 31 de diciembre y fue notificado de manera formal a la organización el 29 de febrero pasado. Así quedará por lo menos hasta que “culmine la revisión y evaluación del convenio”. Ante la decisión del Ejecutivo, Médicos sin Fronteras aseguró estar “enormemente preocupada” debido a las consecuencias que, según sus miembros, tiene esa suspensión para los migrantes. A pesar de ello, se mostró confiada en “retomar la atención médica en el Darién lo antes posible”.

La ONG subraya que la suspensión coincide con la previsión del aumento de la cantidad de migrantes en Panamá en los próximos días, ocasionada por la reanudación de los transportes en bote desde Colombia, tras casi una semana de represamiento. Del lado colombiano, en el municipio de Necoclí (Antioquia), cerca de la frontera, miles de personas ―entre las que hay familias enteras de venezolanos, peruanos, afganos o chinos― han estado a la espera de lanchas para pasar al Darién, mientras deben enfrentar la falta de comida, depresiones o enfermedades virales que afectan, sobre todo, a los niños.

La tensión entre el Gobierno y la ONG añade un problema a una zona que es escenario de movimientos migratorios de impacto mundial. Ese paso fronterizo entre Colombia y Panamá, una selva agreste y de tránsito complicado, fue atravesado en 2023 por unas 520.000 personas, más del doble de migrantes que lo habían hecho en 2022. Y la tendencia a aumentar se mantiene: según las autoridades panameñas, solo en lo que va de 2024 unas 68.400 personas han pasado por el tapón, un aumento en más de 22.000 personas en comparación con el año pasado. Por ello, se espera que, al finalizar 2024, el incremento de personas que cruzaron la selva hacia Centroamérica sea de por lo menos un 20%.

El Gobierno de Panamá hace un registro de todos los migrantes que llegan a los albergues ubicados en las primeras poblaciones que se encuentran tras el paso del tapón, donde pueden alojarse y alimentarse antes de seguir con su travesía. Después, las autoridades coordinan el transporte de todos ellos en autobuses hacia Costa Rica. Ese trayecto lo deben costear las mismas personas. A pesar de ello, ha habido un endurecimiento del discurso acerca del tránsito de migrantes por la selva, al señalar las redes de trata y negocios ilegales que funcionan en esa zona, con poco o ningún tipo de control o penalidad.

Del lado colombiano de la frontera, el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal del país, es uno de los responsables de las mafias que se empiezan a organizar a costa de la necesidad de los migrantes. Aparte de sus conocidas actividades delictivas en el narcotráfico o la minería ilegal, ese grupo armado obliga a tributar por todas las actividades relacionadas con la migración, y es también la autoridad de facto que decide si permite o no el uso de rutas marítimas y terrestres por las personas en sus recorridos, de acuerdo con un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hace poco más de un año.

Por la magnitud, la peligrosidad y su estado crítico permanente, el paso del Darién ha sido comparado con el mar Mediterráneo, el escenario de la crisis migratoria entre África y Europa. No hay claridad acerca de cuántas personas han muerto en su intento por llegar al norte del continente. Muchos de quienes pierden la vida en el camino caen víctimas del agotamiento por la gran exigencia física del recorrido, o por las crecidas repentinas de los ríos. También pueden ser blanco de la violencia de grupos armados que operan en esa región.

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