Vladimiro Montesinos, exasesor del presidente Alberto Fujimori, acepta su culpa en una masacre

Durante la madrugada del 29 de enero de 1992, en Pativilca, localidad de la provincia de Barranca, a más de 170 kilómetros al norte de Lima, varios grupos de encapuchados irrumpieron en las casas de John Calderón Ríos, de 18 años, Toribio Ortiz Aponte, de 25, Felandro Castillo Manrique, de 38, Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel. Los secuestraron, los torturaron, los asesinaron a balazos y arrojaron sus cuerpos en cañaverales. En los alrededores dejaron una pinta aterradora: “muerte a los soplones”.

Un empresario chino, que codiciaba un terr...

Durante la madrugada del 29 de enero de 1992, en Pativilca, localidad de la provincia de Barranca, a más de 170 kilómetros al norte de Lima, varios grupos de encapuchados irrumpieron en las casas de John Calderón Ríos, de 18 años, Toribio Ortiz Aponte, de 25, Felandro Castillo Manrique, de 38, Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel. Los secuestraron, los torturaron, los asesinaron a balazos y arrojaron sus cuerpos en cañaverales. En los alrededores dejaron una pinta aterradora: “muerte a los soplones”.

Un empresario chino, que codiciaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José, acusó a las personas que ocupaban estas zonas de integrar el grupo terrorista Sendero Luminoso, y pidió la “ayuda” del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos. Esa ayuda consistió en darles una pateadura, quemarlos con un soplete y después ultimarlos con tiros en la cabeza. Según el expediente judicial, el macabro operativo estuvo bajo la dirección de Santiago Martín Rivas, quien tenía a su cargo el grupo paramilitar Colina y dependía de las órdenes de Vladimiro Montesinos, el asesor presidencial de Alberto Fujimori.

Este lunes, 22 años después, durante el juicio oral del caso Pativilca, en una sesión virtual, Montesinos se acogió a la figura legal de la conclusión anticipada y, con ello, aceptó su responsabilidad de los delitos que se le imputan: desaparición forzada y homicidio. “Sí, acepto, señora presidenta”, dijo escuetamente. Mientras esto ocurría, Fujimori, de camisa celeste, revisaba su celular. El exmandatario, procesado por el mismo caso, informó al tribunal de que no se acogerá a la conclusión anticipada y, por tanto, el juicio en su contra continuará.

El patriarca del clan Fujimori salió de prisión a inicios de diciembre por un fallo del Tribunal Constitucional que contraviene una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien no ha brindado entrevistas y ha mantenido un perfil bajo, sus seguidores del partido Fuerza Popular, encabezado por su hija Keiko, han insistido en que su liberación es “un acto de humanidad y justicia”. En ese sentido, que su mano derecha, Montesinos, haya aceptado su culpabilidad en una masacre no lo deja bien parado en su intento por reinventar su imagen y maquillar su legado. “Básicamente, el ‘asesor’ está terminando de hundir jurídica e históricamente al presidente”, resume el politólogo José Alejandro Godoy.

Fue un integrante del grupo Colina quien con su testimonio incriminó a Nicolás Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Se trata del técnico de Segunda, Jorge Ortiz Mantas. “En el Ejército nada se hace sin una orden superior”, señaló en una audiencia en 2008. La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que durante décadas ha asumido la defensa de las víctimas de Pativilca, entre otras matanzas cuya responsabilidad ha recaído en el gobierno peruano de los años noventa, vincula la confesión de Montesinos con la culpabilidad de Fujimori. “Si está aceptando los términos de la acusación, entonces está aceptando la participación en la elaboración de la estrategia. Eso quiere decir que lo dirigió en conjunto con Fujimori, que se creó el destacamento Colina, todos los términos de la acusación”, le dijo al portal Infobae.

Para los analistas, la aceptación de Montesinos no es un acto de arrepentimiento necesariamente, sino una estrategia para no sumar más años en prisión. Su defensa ha solicitado que por acogerse a la conclusión anticipada, su condena sea compurgada, es decir que sea pagada con los 22 años y medio que ya lleva en prisión. La petición del fiscal es de 25 años de cárcel. Este miércoles por la mañana se dictará sentencia.

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